Szafrán concurrió a la DGI para declarar en representación de Casal el 12 de abril del 2005. Debió responder a 25 preguntas sobre los negocios del contratista y la presunta existencia de un “conjunto económico” denominado “Grupo Casal”, integrado por Casal, otros contratistas y sociedades off shore.
Respondió que “el Grupo Casal no existe como tal” y que los negocios —la compra de “derechos económicos” sobre los futbolistas— los realizaban por intermedio de “sociedades extranjeras no radicadas en el país, con domicilio en el exterior”, según el acta incluida en el expediente judicial. Consultado de dónde provenían “los inversores”, cuál era “el origen de dichos capitales” y cómo ingresaban a Uruguay, Szafrán dijo que eran “del exterior”.
Los inspectores de la DGI insistieron sobre las sociedades anónimas. Preguntaron quiénes eran sus directores, sus representantes legales y sus asesores contables. Szafrán respondió que los directores eran “del exterior”, que él era su apoderado en Uruguay y que no sabía quiénes las asesoraban.
El interrogatorio siguió con varias preguntas más sobre esos inversores extranjeros y sobre algunas sociedades que aparecían vinculadas a la venta de jugadores de fútbol, en particular las off shore Darrel Equities SA, Domex Associates Inc. y Mikron Consulting SA. Szafrán dijo que Casal armaba “los grupos inversores para la compra de derechos económicos de determinados jugadores”. Y agregó después que el “grupo inversor”, en el que Casal “poseía la mayoría de la decisión”, fue el que lo nombró al propio Szafrán presidente de esas sociedades panameñas.
Al día siguiente, el miércoles 13 de abril del 2005, el estudio Rozemblum & Asociados envió un correo electrónico al estudio MF para solucionar un problema. Szafrán había declarado a la DGI que los directores de las sociedades investigadas eran extranjeros, pero en realidad el directorio estaba integrado en varios casos por el apoderado de Casal y sus familiares.
“Querida Lorena: aprovecho tu mail para pedirte unos cambios de directorio y cuatro poderes de representación (no de disposición) en base a las siguientes instrucciones: En todos los casos sustituir por directores panameños”, escribió a las 13:16 horas Esther Rozaner, profesional del estudio uruguayo.
Para la sociedad Domex Associates Inc. pedía que “con fecha 10 de abril de 2001 —cuatro años antes del mail— dar de baja a los directores Andrés Szafrán (director y presidente) y a Gladys Dorado (directora y tesorera) y en su lugar (nombrar) directores panameños”, “con fecha 1º de enero de 2004 dar de baja a Julio Szafrán Goldberg y poner director de Panamá”. MF también debía “otorgar poder general de representación a Julio Szafrán” con fecha “enero de 2004” —un año y cuatro meses antes del correo electrónico y de sus declaraciones ante la DGI.
En el caso de Nikor Consulting SA, los panameños debían “con fecha de 1° de enero de 2002 dar de baja a los directores Gladys Dorado (directora y secretaria) y Andrés Szafrán Zimet (director y tesorero) y poner directores panameños por ellos”. Además, “con fecha 15 de enero de 2005 dar de baja a Julio Szafrán Goldberg y poner director de Panamá”. Y “con fecha de enero 2005 dar poder general de representación a Julio Szafrán Goldberg”.
Para Mikron SA las instrucciones eran similares. “Dar de baja” a Andrés Alejandro Szafrán Zimet y Gladys Dorado con fecha 1º de agosto de 2003 “y poner directores panameños”. Julio Szafrán debía ser sustituido como director el 20 de febrero de 2005 y poner a un ciudadano panameño. Además, “con fecha 21 de febrero de 2005 otorgar poder general de representación a Julio Szafrán”, escribió Rozaner.
El mail incluía un pedido de cambio de directorio como los anteriores pero para la empresa Darrel Equities SA, otra sociedad que la DGI incluía en el grupo Casal pero que no fue mencionada en el interrogatorio del 12 de abril de 2005. En el caso de esa offshore, el estudio Rozemblum & Asociados pidió que con fecha 1º de junio de 1999 se hiciera un “acta de baja de los directores Andrés Alejandro Szafrán Zimet, director y secretario, y Claudia Yanet Szafrán Zimet, director y tesorero”. Julio Szafrán Goldberg debía ser sustituido con fecha 1º de enero de 2004 y ese mismo mes obtener un “poder general exclusivamente de representación”.
Rozaner terminó su mail con un planteo más: “Por favor mandame presupuesto y poné todo en marcha ya que tiene carácter urgente”.
La respuesta de Lorena Miranda, de MF Uruguay, llegó dos horas después: los pedidos se podían procesar pero con algunos cambios menores. Aclaró además, que la emisión de poderes “con fecha retroactiva” era posible, y que el “acta tendrá fecha retroactiva pero la escritura pública tendría fecha actual”.
El 4 de mayo de 2005 estaba casi todo pronto y los borradores de los documentos fueron enviados al estudio uruguayo. En un correo, Rozaner le dijo a Miranda que “el poder de representación estaría bien”, pero que debían cambiar un detalle. El artículo 5º decía que el poder “podrá ser utilizado solo en Panamá” y los clientes de Rozemblum & Asociados querían que fuera “para cualquier país del mundo y en especial República Oriental del Uruguay”. Con respecto a las fechas que debían lucir los documentos, “estas deben coincidir con la fecha en que se da de baja a los directores uruguayos y se nombra el directorio panameño”, añadió.
Al día siguiente MF envió otro correo en el que incluía los nombres de los ciudadanos panameños que oficiarían como directores de las sociedades investigadas por la DGI y relacionadas con Casal. Aunque aclararon que las fechas de los documentos podían seguir siendo un inconveniente porque no coincidirían con las que querían los clientes. Y proponían una alternativa: “La opción que tendría el cliente sería no protocolizar mediante escritura pública los poderes y hacer los mismos mediante documento privado, los cuales reflejarían” la fecha deseada.
El juicio.
El intercambio de correos fue fructífero y para fines de mayo de ese año el estudio Rozemblum & Asociados tenía la documentación solicitada. El 8 de junio los papeles fueron legalizados en Uruguay. Además de los correos electrónicos y los poderes y actas antedatadas, los Panama Papers incluyen los documentos originales en los que aparece Szafrán y sus familiares integrando los directorios de las sociedades, según constató Búsqueda.
Un trámite similar fue solicitado en 2007 por Rozemblum & Asociados para otra off shore investigada por el fisco: Mattel Consultants, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). El 31 de julio Irene Bruzzone, escribana del estudio uruguayo, envió un mail a MF explicando que necesitaban “poner directorio de Mossack” en Mattel Consultants “y sacar al actual presidente que es el señor Carlos Aguilera”. La fecha del cambio debía ser los primeros días de junio de ese año, más de un mes antes de la comunicación. Al igual que en el caso de las otras sociedades, pidieron un “poder general” a nombre del ex futbolista.
Los documentos solicitados por Rozemblum & Asociados para sus clientes en abril de 2005 y en julio de 2007 fueron presentados ante la DGI y también utilizados en los juicios que la administración tributaria entabló contra Casal, algunos empresarios y sociedades anónimas.
El enfrentamiento llegó finalmente a los juzgados civiles en 2008. La DGI sostenía que las transferencias de los jugadores de fútbol, además del Impuesto a la Cesión de Derechos sobre Deportistas, debía aplicarse el impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC). También afirmó que debía pagarse el Impuesto al Patrimonio porque los préstamos que realizaban las sociedades extranjeras a residentes uruguayos se encuentran gravados por dicho impuesto. La DGI consideraba además, que existía un “conjunto económico” denominado “Grupo Casal” (en cuyo caso el pago de impuestos debía ser mayor) que estaba integrado por contratistas, sociedades offshore y empresarios. El cálculo inicial sostenía que la deuda contraída por ese grupo superaba los U$S 100 millones, aunque tiempo después se redujo a la décima parte.
La jueza civil de primera instancia Loreley Opertti llegó a trabar un embargo contra Casal y otros presuntos integrantes del grupo: los ex futbolistas y contratistas Jorge Chijane, Gonzalo Madrid, José Herrera y Carlos Aguilera, Szafrán, los empresarios Daniel Delgado, Sergio Hermida y Héctor Buitrago, el corredor de bolsa Ignacio Rospide y las sociedades Corporación Lomond, Darrel Equities, Domex, Nikor, Mikron, Verona Consultants, Buzzcard Holding, Mattel Consultants y Oxford Marketing Group.
La DGI no estaba al tanto, según surge del expediente, que Rozemblum & Asociados había sido el intermediario para la adquisición de esas sociedades, salvo Corporación Lomond, de acuerdo con los “Panama Papers”. Cuando en 2007 la revista “Caras y Caretas” divulgó información sobre la investigación, que aún no era pública, el tema fue discutido por MF, aunque decidieron no actuar. En una reunión con gente del bufete panameño, Bruzzone les comentó que en el estudio uruguayo “quedaron tranquilos que el nombre de Rozemblum nunca apareció” mencionado en las notas periodísticas.
Poco antes del embargo dictado por la jueza Opertti, Casal había presentado un recurso en otro juzgado civil para que la Justicia determinara qué impuestos debía pagar. Su defensa entendía que no debía pagar IRIC porque “el factor trabajo” de las transacciones se desarrollaba en el exterior porque era allí donde los contratistas desarrollaban la actividad esencial. Con respecto al Impuesto al Patrimonio opinaron que las operaciones que se realizaron están exentas por tratarse de préstamos en moneda extranjera realizados por sociedades del exterior.
Para actuar en nombre de las sociedades Darrel Equities, Domex, Mikron y Nikor, el abogado Leonardo Costa presentó una “sustitución especial de mandato”. Ese documento estaba sustentado en el “poder de representación” con fechas antedatadas que Rozemblum & Asociados gestionó para Szafrán, según consta en el expediente judicial.
El escrito de la defensa de Casal y del resto de los embargados señalaba, respecto de Szafrán, que ese contador era considerado por la DGI como un miembro del presunto “Grupo Casal” cuando en realidad era un “profesional independiente que, en esa calidad, tiene clientes a los cuales presta servicios profesionales”. Y añadía que “tampoco surge de la prueba aportada por la DGI que ninguna de las personas físicas imputadas tenga la calidad de accionista de las sociedades del exterior titulares de derechos económicos sobre los jugadores de fútbol, ni que se encuentren vinculadas a las mismas por ningún vínculo contractual”.
Los cambios en la integración del directorio de las empresas para que aparecieran ciudadanos de Panamá podría haber favorecido los argumentos de la defensa de Casal, dijo un especialista a Búsqueda
Consultado al respecto, Costa, abogado del contratista, dijo que asumió la defensa del empresario en 2008, “con posterioridad” a los cambios gestionados por Rozemblum & Asociados. Y agregó: “¿Si yo hubiera sabido, me hubiera cambiado la defensa? Y probablemente marginalmente. Pero no me habría cambiado el centro de la defensa y para mí no hubiera cambiado el resultado al juicio”.
Apenas días después de la movida judicial de la defensa de Casal, en febrero de 2008, el nombre del contratista apareció en los “Panama Papers” directamente asociado a las offshore. En un correo electrónico Rozemblum & Asociados pidió a MF “con bastante urgencia” que se le otorgue a Casal “poderes generales” con “todas las facultades posibles” sobre las sociedades Mikron, Domex, Darrel Equities, Nikor y Mattel. Las sociedades se dedicaban, según ese mail, a “inversiones y operaciones comerciales y financieras”.
El caso en la Justicia civil se cerró después de que en noviembre de 2013 Mujica firmara una resolución en la que daba la razón a Casal con la contrapartida de que el empresario desistiera de iniciar un juicio contra el Estado. El entonces presidente tomó la decisión tras recibir un informe del fiscal de gobierno Daniel Borrelli, quien concluyó que el expediente administrativo de la DGI tenía al menos 2.000 vicios de forma, lo que exponía al Estado a un derrota casi segura. El vicepresidente Astori y el ministro de Economía de la época, Fernando Lorenzo, estuvieron en desacuerdo con la medida que favoreció al empresario (Búsqueda N° 1.741)
En el libro “Una oveja negra al poder”, de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, justificó su decisión. Dijo que cualquier decisión que tomara “era una cagada”, que “Paco le podía hacer un agujero al Estado” y que antes de adoptarla consultó al actual presidente Tabaré Vázquez.
Información Nacional
2016-06-23T00:00:00
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