Apoyada por los blancos, Argimón impulsa una reforma del Parlamento que no tiene respaldo del Frente ni los funcionarios

Este fue uno de los dos objetivos presentados el 16 de junio en una sesión de una comisión especial que se creó en la Cámara de Senadores para discutir el tema. El otro objetivo presentado allí fue el de “dotar al Poder Legislativo de una estructura moderna, que unifique las funciones comunes de apoyo” y “optimice la gestión de sus recursos humanos sobre la base de principios de eficiencia, eficacia y una gestión administrativa responsable”. A cargo de la presentación estuvo uno de los asesores de Argimón, Carlos Faguaga.

Otro de los objetivos es “implantar en la Comisión Administrativa funciones de apoyo” que puedan tener un “carácter transversal”, algo que hoy “no existe”, dijo Faguaga durante su exposición, según consta en las actas del encuentro a las que accedió Búsqueda.

Entre los objetivos incluidos en la presentación de Faguaga también estaba agrupar en la Comisión Administrativa “funciones actualmente dispersas en varios servicios y naturalmente relacionadas”. El asesor señaló que el proceso llevaría a “una optimización del costo de la estructura vigente”.

El cambio implicaría el pasaje de 142 funcionarios y 38 cargos de dirección de ambas cámaras a la Comisión Administrativa, con lo que se ocuparían todas las vacantes que dicha unidad ejecutora tiene hoy. Como las escalas salariales en cada una de las unidades son diferentes, la reforma plantea que se buscará una “unificación de criterios” para resolver estas inequidades, dice la presentación de Faguaga.

Sin acuerdo

Pero la propuesta de reforma ya ha generado resistencias entre funcionarios e incluso directores del Poder Legislativo. “La postura del equipo es de franca oposición y rechazo a la propuesta por razones de forma, oportunidad y contenido”, dice un comunicado del “equipo de dirección de la Cámara de Representantes”, firmado el 21 de junio por ocho de sus directores.

Los jerarcas cuestionan que los “actores involucrados” no participaron ni siquiera en el “diagnóstico” de la situación inicial, lo que implica entre otras cosas una “falta de consideración” a los funcionarios de mayor jerarquía. Pero además sostienen que ese diagnóstico ni siquiera existe, por lo que “resulta algo caprichoso” el planteo. En cambio, aseguran que el objetivo “no explicitado, pero sí esbozado, es la reducción de unidades y sobre todo la reducción de la cantidad de cargos”. Además, dicen tener “serias dudas respecto a la constitucionalidad del planteo”, en la medida que se propone la transferencia de potestades de las cámaras, de creación constitucional, a un organismo de base legal (la Comisión Administrativa). “Si los servicios de apoyo quedan en la órbita de un tercero, y esto es lo que se propone en la reestructura, la organización pierde su potestad para definir su funcionamiento y su diseño quedará a cargo de ese tercero”, dice el texto, que señala que esta “adecuación” de servicios puede verse “en tela de juicio”.

A su vez, funcionarios de la Cámara de Senadores también cuestionaron la propuesta mediante un documento que fue redactado por su representante en la comisión que viene analizando la iniciativa en la cámara alta, Paola Pérez, junto con su suplente, María Rinaldi. Además de algunos argumentos esgrimidos por los directores de Diputados, las funcionarias aseguran que se viola la ley de negociación colectiva en el sector público, en la medida que los funcionarios no participaron en la elaboración de la propuesta, y sostienen que “es evidente que la intención existente en este proyecto está lejos de buscar un servicio más eficaz y eficiente, sino ahorrar a costa de los funcionarios”. Este documento también fue firmado por nueve directores del Senado.

Del otro lado de la vereda, Argimón maneja un informe del abogado experto en derecho administrativo y exministro de Salud Pública Carlos Delpiazzo, quien sostiene que una reforma que busca asignar los cometidos de apoyo a la Comisión Administrativa es “jurídicamente viable”. Dicha reestructura debería tener en cuenta “aspectos presupuestales y funcionales” como crear un “régimen estatutario uniforme” entre todas las unidades ejecutoras, sostiene el documento.

Como la propuesta implicaría aprobar aspectos presupuestales, estos deberían incluirse en las rendiciones de cuentas de cada cámara, que se aprueban por mayorías de 3/5. Por eso, el apoyo de la oposición es imprescindible. Pero en el Frente Amplio no hay ambiente para apoyar los cambios, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti. Si bien sostuvo que el tema todavía se está estudiando, dijo que “no hay muchas posibilidades de que avance” y que una reforma de esta entidad debiera ser analizada al menos por seis meses. En una misma línea, el senador Charles Carrera sostuvo que hay disposición para discutir reestructuras que busquen mayor eficiencia, pero “no con este método de trabajo”. En tanto, el resto de los socios de la coalición aún no ha tomado postura al respecto.

En el oficialismo insisten en que la reforma se puede llevar de forma gradual y que no necesariamente todos los cambios que requieran modificaciones presupuestales deben aprobarse cuando las cámaras y la Comisión Administrativa aprueben sus próximas rendiciones de cuentas, antes de agosto. De hecho, Argimón ya envió la Rendición de Cuentas del Senado y de la Comisión Administrativa y no incluyó ningún artículo específico sobre este tema.