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Como es tradicional, el foro con las autoridades económicas que organiza anualmente la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) es un ámbito para la exaltación de su gestión. En la 39a edición, efectuada el martes 9, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, repitió la idea de que el actual gobierno implementó un “modelo económico distinto”, contrastando con las administraciones del Frente Amplio en lo hecho en materia fiscal, las tarifas públicas, y las política monetaria y laboral. También dijo que hubo un “cambio de paradigma” al incorporar la cuestión ambiental en la política económica.
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Este “modelo económico nuevo” sentó las bases para “impulsar a Uruguay hacia un nuevo estadio de desarrollo. Hicimos las cosas de manera distinta, era posible, y esperamos continuar por este sendero”, afirmó la jerarca en la charla que dio en la sede de la CAF, en Ciudad Vieja.
Por otra parte, cuestionó la campaña por el plebiscito de la seguridad social impulsada por el PIT-CNT. Arbeleche preguntó cómo se va a financiar la propuesta de fijar en 60 años la edad mínima para poder jubilarse —derogando la reforma que la llevó a 65—, equiparando la pasividad mínima con el salario mínimo nacional. Dijo que, si esa iniciativa prospera, además de “romper las reglas de juego”, “va a terminar con aumento de impuestos” porque “no hay magia”.
Volvió sobre el tema al momento de las preguntas del público. “Ir marcha atrás con la reforma de seguridad social sería un disparate. Porque es cambiar las reglas de juego, porque es tomar el dinero que está en los fondos de pensión, porque es hacer insostenible el sistema de seguridad social y porque es tomar recursos de algún lado para pagar jubilaciones, que, no me imagino otra (forma), es con mayores impuestos”, dijo. Y exigió a la “oposición” explicitar cómo financiarían los cambios planteados. Según Arbeleche, “esto es muy confuso, hay una incertidumbre muy grande y obviamente esto es preguntado por las calificadoras (de riesgo) también”.
El PIT-CNT informó a principios de este mes que lleva recolectadas más de 246.000 firmas, acercándose al mínimo cercano a 270.000 que precisa para habilitar un plebiscito que someta a votación su papeleta para introducir cambios constitucionales en materia de seguridad social.