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La agenda informativa de las últimas semanas tuvo un protagonista inesperado. Raúl Iglesias llegó a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4to turno pisando fuerte. Asumió la investigación del mediático caso de una presunta violación grupal en el barrio Cordón y de inmediato anunció en entrevista con el periodista Ignacio Álvarez —investigado por su cobertura del episodio— que pediría cambiar la prisión preventiva de los indagados por arresto domiciliario. Además, en los primeros días de trabajo dispuso el archivo de unas 300 causas, según denunció la Intersocial Feminista.
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El fiscal, lejos de bajar el perfil tras el revuelo que produjeron los archivos masivos, dio numerosas entrevistas en radio, televisión y prensa defendiendo su decisión debido a la saturación de trabajo en las fiscalías de delitos sexuales. Explicó que a su llegada se encontró con 900 causas que había que “depurar” y que la mayoría de las denuncias archivadas tenían más de dos años sin ser investigadas, por lo que ya era tarde para ubicar a las víctimas, hacer pericias o reunir evidencia.
También se enfrentó con el fiscal de Corte, Juan Gómez, a quien acusó de interferir en su independencia técnica luego de que este declarara a Subrayado que “siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando”. Y en una entrevista con En perspectiva llamó a los periodistas que lo cuestionaron a “decírselo en la cara”, aunque días después admitió que se le “fue la moto”.
Mientras las acciones y declaraciones del fiscal siguen generando debate, una nueva preocupación comenzó a inquietar a las defensoras de víctimas de abuso y a las activistas que trabajan por los derechos de mujeres y niños. Es que el archivo de una investigación penal puede provocar que se levanten las medidas de protección de las presuntas víctimas.
Esto preocupa especialmente cuando se trata de denuncias de abuso contra integrantes de la familia —que son la mayoría cuando se trata de niños y adolescentes— , ya que el archivo puede derivar en que el padre, abuelo o padrastro denunciado retome el vínculo con el menor sin que el caso se haya siquiera investigado.
“Los defensores estamos preocupados por lo que va a pasar con las medidas cautelares de esas causas que se archivaron, más aún cuando se archivan sin haberse investigado”, dijo a Búsqueda la abogada de oficio de Familia Especializada, Andrea Olariaga. “Nos hacemos la pregunta de qué tenemos que hacer. ¿Pedimos al juez que se levanten, que se mantengan? ¿Que el menor retome el vínculo con el denunciado o que siga sin verlo por años, cuando no se llegó a investigar?”, planteó.
“Nos recontrapreocupa”, afirmó por su parte Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso e integrante de la Intersocial Feminista, consultada por Búsqueda. “Si caen las medidas cautelares a raíz de un archivo en el proceso penal es una enorme desprotección para la víctima”. Tuana ya había planteado su inquietud esta semana durante una entrevista con el programa radial En perspectiva. “Cuando se archiva el caso, inmediatamente el progenitor pide el levantamiento de las medidas cautelares. Y ese es un riesgo muy importante”, advirtió. “Obviamente uno no va a dejar abierto un caso para mantener las medidas, pero sí es importante llegar hasta las últimas consecuencias e investigar exhaustivamente porque ahí le va a la vida al niño o la niña. Porque si lo revinculás con un padre abusador le estás arruinando la vida”, afirmó.
Los casos de abusos sexuales se investigan en la Justicia penal, mientras que es la Justicia de Familia Especializada la que pone medidas de protección —por ejemplo, ordenar al denunciado que interrumpa el contacto con el niño—. Estas medidas son cautelares y no necesitan que la denuncia sea probada, basta con que haya una situación de riesgo o vulnerabilidad o que el hecho sea verosímil para proteger a la presunta víctima. Porque el objeto de esos juzgados es proteger, no investigar. En el ámbito penal el objetivo de la Fiscalía sí es investigar y evaluar si hay elementos para probar un delito, por lo cual el estándar es más alto.
Lo que pase en la Justicia penal no tiene por qué repercutir en el proceso de protección, aunque a veces eso sí ocurre. Por ejemplo, hay jueces que imponen medidas de protección “sujetas a las resultancias de la investigación en Fiscalía”. Entonces, si el caso se archiva —porque la denuncia no se probó o no se investigó—, esto puede dar pie a que los denunciados o los abogados de los menores pidan que cese la medida.
“Muchas medidas cautelares en Familia Especializada quedan sujetas a lo que suceda en el ámbito penal. Esto ya nos preocupaba desde antes, porque la Fiscalía demora en investigar y las medidas se prolongan. El tema es hasta cuándo, cuál es el límite”, dijo Olariaga.
“He visto tanto en Montevideo como en el interior que se toman medidas atento a las resultancias de la Fiscalía”, dijo la jueza de Familia Especializada Julia Staricco, aunque aclaró que no es su caso. Si las presuntas víctimas son niños o adolescentes, dispone que las medidas de protección se extiendan hasta que cumplan la mayoría de edad. Si la víctima es una mujer, pone medidas por un plazo de 180 días y reevalúa. “No me gusta estar a las resultancias de Fiscalía”, explicó, “Yo sigo con mi expediente, son procesos independientes, con finalidades distintas. El mío es de protección, el otro es un proceso penal. Me parece lo más sano no sujetar uno al otro”, añadió.
Procesos independientes
Qué sucederá con las casi 300 causas archivadas por Iglesias es todavía una incógnita. “Habrá jueces que levanten las medidas y otros que las mantengan. Todavía no tenemos claro qué pasará”, dijo Olariaga.
“Que las medidas cautelares queden atadas al proceso penal es una enorme desprotección, porque la investigación de los delitos sexuales es muy difícil, no siempre están las pruebas para imponer una condena, pero eso no significa que ese niño no esté en riesgo”, opinó Tuana.
La abogada Alicia Deus coincidió. “El ámbito de protección es independiente del ámbito penal porque los estándares de prueba son diferentes. En el ámbito penal hay que derribar el principio de inocencia, mientras que en el de Familia el foco es proteger a la persona”.
Deus señaló que los archivos dispuestos en la Fiscalía de 4to turno son bastantes recientes, por lo que “hay que dar tiempo a ver qué pasa”.
“Por supuesto que puede pasar que se pida el levantamiento de las medidas —añadió— pero los jueces no deberían automáticamente levantarlas”.
Adriana Sampayo, directora de la Unidad de Litigación de la Fiscalía, se expresó de forma similar. “No necesariamente debiera ir de la mano una cosa con la otra. Que se archive en penal no tiene por qué tener como efecto directo que se suspendan las medidas en Familia Especializada. Lo tendrá que evaluar el juez”, señaló.
