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    Aseguradoras privadas y BSE proponen plan de impulso a su sector

    Frente al “rezago” que el mercado de seguros en Uruguay tiene respecto a los países de la región y a otras economías comparables, las compañías del sector presentaron al gobierno un “plan de promoción y desarrollo”.

    La propuesta incluye el diseño de nuevos productos “más accesibles”, incentivos fiscales para la contratación de pólizas, la masificación de coberturas en algunas áreas, regulaciones para profesionalizar la actividad de los corredores, así como adaptar la supervisión y las normas a la era digital, entre otras medidas. Esa “agenda” de temas, que abarca “deberes” del sector privado, del regulador del mercado —el Banco Central (BCU)— y del gobierno, fue elaborada conjuntamente por la asociación de aseguradoras privadas (Audea) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) con el apoyo de la consultora CPA/Ferrere.  El documento fue enviado al BCU y al Ministerio de Economía, que recibirán a representantes de las compañías el viernes 3.

    El director ejecutivo de la Audea, Mauricio Castellanos, dijo a Búsqueda que el trabajo pretende ser el puntapié inicial para avanzar en el desarrollo del sector.

    El plan surge mientras la actividad aseguradora crece “casi exclusivamente” por el incremento de las pólizas de vida previsional, indica el documento. Para ese nicho del mercado, impulsado por la maduración del régimen jubilatorio por capitalización individual (administrado por las AFAP), el gobierno viene realizando ajustes con el fin de disminuir el riesgo de descalce, acotar las pérdidas financieras del BSE y que se sumen como jugadores las compañías privadas.

    “Los productos de pensiones están expuestos a importantes desafíos”, dijo Marcelo de Gruttola, analista de la calificadora Moody’s, que el miércoles 1º mantuvo una perspectiva “estable” para los seguros patrimoniales y de vida en el mercado local.

    Brecha

    La “evidencia sugiere” que la penetración de los seguros “es insuficiente” dado el nivel de desarrollo de la economía e ingreso per cápita, según la Audea y el BSE. Medida como el monto de las primas de seguro con relación al Producto Bruto Interno (PBI), dicha penetración es de 2,4% en la economía uruguaya, mientras que en el promedio de América Latina es de 3,2% y alcanza a 8,8% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A su vez, el mercado de Uruguay tiene una brecha de desarrollo respecto a la región de 1,2% del PBI si la comparación se hace excluyendo las pólizas de salud, accidentes laborales y vida previsional.

    Hay una “baja cobertura” de seguros de vida en Uruguay respecto a América Latina, señalan. Estiman, no obstante, que la penetración del sector podría duplicarse en los próximos años por el crecimiento de ese tipo de seguros, los de vida previsional y de daños patrimoniales.

    Nuevos productos.

    Las aseguradoras proponen promover que se contraten pólizas colectivas de vida para los trabajadores. La cobertura podría ofrecer una “prestación básica” para que no signifique un costo alto para el empleador y su extensión “mediante incentivos fiscales para las empresas que ofrezcan planes complementarios con mejor cobertura, en particular para los empleados con menores a cargo”, según el documento. Agrega que este tipo de cobertura puede concretarse mediante “seguros obligatorios” o “incentivos que promocionen” su desarrollo.

    Además, la Audea y el BSE plantean que se promueva el ahorro a través de incentivos fiscales para la contratación de seguros de vida. Sugieren que se pueda deducir del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas e implementar tasas diferenciales para las rentas de capital.

    Para lograr que más empresas contraten seguros de “daños patrimoniales”, proponen incentivos fiscales para la determinación del Impuesto al Patrimonio deduciendo las primas pagas del activo gravado.

    Entre las otras “oportunidades” identificadas por las compañías para “cerrar la brecha” de protección en Uruguay e impulsar el crecimiento del mercado mencionan los “seguros de alquileres”, por su “potencial de crecimiento” en los próximos años para hogares de ingresos medios-bajos y empresas con poca espalda financiera para constituir depósitos a plazo fijo como garantía, por ejemplo.

    También aluden a los “seguros de salud” y a las pólizas de protección de “daño ambiental”. Sobre estas últimas afirman que las aseguradoras podrían diseñar junto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente “primas óptimas que generen incentivos adecuados para la gestión de riesgos de contaminación”. Una alternativa—agregan— es que el Estado evalúe la relación costo-beneficio de financiar una porción del seguro como una posible medida preventiva, considerando que la ocurrencia de un desastre podría implicar erogaciones significativamente mayores.

    Las compañías también ven en los seguros de “cauciones” una oportunidad de desarrollo. Explican que esas pólizas se contratan con el fin de proteger a una contraparte o a terceros por los perjuicios que puedan surgir de la aplicación de una medida judicial. También sirven para para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales (tercerizaciones, por ejemplo) o reducir el riesgo asumido en el mercado inmobiliario al comprar viviendas “en el pozo”. En los procesos de contratación pública, los seguros de caución pueden ofrecer garantías de cumplimiento de servicios, señalan.

    Corredores.

    Entre las iniciativas planteadas por la Audea y el BSE para promover un mercado de seguros “eficiente” se menciona el desarrollo del mercado de capitales, así como un marco legal “moderno y flexible”. El Parlamento tiene a estudio desde hace años un proyecto de ley que adecua la regulación del sector, hoy basada en el Código de Comercio de 1866 y normas posteriores.

    Además, las compañías pretenden una legislación específica para la actividad de intermediación de seguros (que realizan los corredores) de manera de  promover la “profesionalización, idoneidad técnica y clara definición de responsabilidades” de esos agentes. En ese sentido, proponen el licenciamiento y registro de los intermediarios, como rige en otros países.

    Señalan que, en América Latina, la mayoría de las legislaciones facultan al regulador a pedir que el agente de seguros acredite su “idoneidad para el ejercicio” mediante un certificado de nivel de educación, cantidad de años de experiencia e incluso rinda un examen de conocimientos técnicos. La Audea y el BSE sugieren que la legislación prevea un “sistema de transición” para que los corredores que ya están en actividad se adecuen a tales exigencias y establecer requerimientos mínimos para los nuevos intermediarios.

    En materia de responsabilidades, señalan que el regulador podría establecer, como sucede en otros países, un régimen de sanciones administrativas (desde multas hasta la pérdida de la licencia) para casos de incumplimiento del rol de asesoramiento, asistencia al asegurado, prevención del lavado de activos, lucha contra el fraude, etcétera.

    Tecnologías.

    En otro capítulo del documento las compañías sugieren acciones de “educación y promoción”, con esfuerzos públicos y privados para fomentar una “cultura” en torno a los seguros.

    También incluyen iniciativas para aprovechar las “oportunidades de crecimiento” que se derivan de los avances tecnológicos. Indican que la “revolución digital” transforma el modelo de negocio en el mercado, por lo que “emergen nuevos jugadores, cambian los productos, las fuentes de riesgo y los objetos de seguro”.

    Para prepararse de cara a esas innovaciones, sugieren que la regulación se adapte “incorporando nuevas tecnologías en los procesos de supervisión”, entre otras acciones. En ese marco, plantean como “relevante” promover la “fiscalización electrónica” del seguro obligatorio de automóviles.