Audiencias virtuales se incorporan de forma lenta en la Justicia

El pasado diciembre el Parlamento aprobó una ley que incorporó un artículo al Código General del Proceso para autorizar “en situaciones excepcionales, la utilización de videoconferencias u otros medios telemáticos idóneos para la realización de cualquier audiencia”. Tras eso, el Poder Judicial (PJ) distribuyó unos 100 “kits” para audiencias virtuales en juzgados de todo el país —que incluyen parlantes y cámaras para las computadoras de los jueces—, acondicionó salas específicas y compró 150 licencias de la plataforma Zoom.

A las dificultades tecnológicas y presupuestales se suman los problemas para adaptar las instancias presenciales a la virtualidad sin renunciar a las garantías del proceso judicial. Algunos magistrados observan con desconfianza los medios telemáticos porque consideran que no brindan seguridad y no respetan el principio de inmediación. También hay abogados que se han negado a que las audiencias se realicen vía Zoom y en esas situaciones los jueces las suspenden, ya que la Suprema Corte instruyó que deben contar con la conformidad de todas las partes.

Peligros y ventajas

La adopción de los medios virtuales en los juzgados es disímil, aunque en general ha sido tímida y prevalecen las “resistencias”, según describieron a Búsqueda varios magistrados y abogados consultados.

El juez civil Alejandro Recarey manifestó, por ejemplo, que su sede “no utiliza el sistema de videconferencia para llevar adelante audiencias”. Según expresó en varias resoluciones, a su juicio hay “legítimas dudas” sobre su legalidad y su uso es “inconveniente”. En una decisión reciente en la que rechazó tramitar un proceso de amparo por Zoom, sostuvo que las audiencias virtuales menoscaban “dos principios básicos del juicio oral”, la inmediación y la dirección del proceso, y no tienen “acabadas garantías de seguridad”.

Según Recarey, la imagen teletransmitida “no puede satisfacer las exigencias de la inmediación; puesto que esta última supone necesariamente el contacto personal del juez con todos los otros protagonistas de la audiencia (partes, abogados, testigos y peritos). El cual deviene inevitable al efecto de poder ponderar las actitudes, gestos y reacciones de cada ser humano interviniente”.

Además, señaló problemas de seguridad. Por ejemplo, el riesgo de que se realicen registros no autorizados de la audiencia y luego se difundan. “Debe tenerse presente que las audiencias pueden conservarse y reproducirse, sin dificultad alguna, por medios diversos del Zoom (como capturas de pantalla); de manera no detectable para terceros”. También cuestionó la seguridad respecto a la preservación de los datos por parte de la plataforma. “No han sido todavía dadas al juez garantías suficientes en orden a evitar un posible uso no consentido de los datos de los usuarios del sistema Zoom”, indica.

Otros magistrados comparten algunas de las preocupaciones que plantea Recarey, aunque no tienen una posición tan tajante y señalan que las circunstancias obligan a considerar medios virtuales para garantizar otros derechos, como el tratamiento del caso en un plazo razonable.

La jueza civil Virginia Ginares contó a Búsqueda que para tramitar procesos de amparo las audiencias virtuales le han resultado “fundamentales”. En particular porque se trata en su mayoría de personas que están reclamando medicamentos de alto costo y se encuentran en una situación de salud muy delicada, por lo cual hacerlas concurrir a un juzgado en pandemia es muy riesgoso.

De hecho, es en las acciones de amparo donde más se ha utilizado la virtualidad, de acuerdo a las consultas realizadas por Búsqueda en distintas sedes.

Ginares dijo que también ha implementado la virtualidad en audiencias preliminares u otras incidentales que no requieren de la presencia de testigos. Afirmó que adaptar la audiencia a una instancia por Zoom no ha sido fácil, debido a los problemas de conexión que ocurren en el juzgado o en los sitios donde se encuentran las partes, porque algunos abogados se resisten o directamente no saben usar los medios tecnológicos, entre otros obstáculos. Además, coincidió con la preocupación de Recarey por la reserva de las audiencias. “No tenemos mecanismos de seguridad”, afirmó.

La magistrada señaló por otra parte que Civil es una de las materias más fácilmente adaptables a la virtualidad, pero que en materias como Familia o Laboral, que requieren de muchas pruebas testimoniales, es más complicado.

En Familia Especializada, por ejemplo, los medios telemáticos son “inviables”, dijo la jueza de esa materia Roberta Licciardi. “Nosotros no estamos en condiciones. Para nada. La mayoría de las personas están patrocinadas por la defensoría pública, y no tienen instalaciones donde ofrecerles que se conecten”, explicó. “No tenemos ni los medios físicos ni el equipamiento técnico para tomar audiencias de manera virtual”, agregó. A eso se suma que muchos casos involucran a personas de bajos recursos, que tendrían muchos obstáculos para conectarse desde sus hogares.

Por otra parte, señaló, debido al tipo de causas que tratan —violencia doméstica o vulneración de derechos de los niños—, la presencialidad es muy importante. “A los niños tenés que verlos personalmente. Porque no solo los escuchás, ves cómo están vestidos, cómo se relacionan con los padres… todo eso es relevante para evaluar la situación y lo ves en la audiencia presencial. En esta materia eso no es sustituible”.

La jueza penal Beatriz Larrieu dijo que utiliza regularmente la plataforma Zoom en audiencias para evaluar medidas cautelares de personas que se encuentran en prisión. Así, aprovecha la facilidad de que las prisiones cuentan con salas para realizar videoconferencias y evita trasladarlos desde la cárcel al juzgado, explicó. También ha implementado las audiencias remotas en procesos abreviados con imputados detenidos. En esos casos, habilita una instancia previa para que el abogado pueda mantener una conversación privada con su defendido.

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) tiene una “posición muy favorable” a la incorporación de tecnologías para mejorar el servicio de Justicia y que los procesos sean más ágiles, especialmente en tiempos de pandemia, dijo su presidenta, la ministra Graciela Gatti. En ese sentido, desde la AMU plantearon al PJ que los kits para realizar audiencias lleguen a todos los juzgados y organizaron un taller para explicar cómo funcionan. “Queremos que haya mejores herramientas. Aunque también hay un tema de recursos, eso es real”, dijo Gatti.

El Colegio de Abogados ha sido un ferviente impulsor de que se adopten las nuevas tecnologías para mantener a la Justicia en funcionamiento. El año pasado envió al Parlamento un proyecto de ley que propone habilitar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para realizar actos procesales a distancia, autorizando la presentación de demandas, escritos y otras actividades procesales de forma digital. El proyecto, sin embargo, sigue en discusión en el Parlamento y ha generado diferencias entre los ministros de la Suprema Corte.

“Responsabilidades compartidas”

La situación no es exclusiva de Uruguay. Los sistemas de Justicia de todo el mundo se vieron enfrentados a un enorme desafío con la llegada del coronavirus, aunque algunos reaccionaron más rápido que otros, o tenían mejores soportes tecnológicos que facilitaron la adopción de la virtualidad. Según un estudio del abogado inglés Richard Susskind, con la pandemia aumentaron de 20 a 170 los países que usan las audiencias virtuales en los procesos judiciales.

“Ningún país estaba preparado a nivel judicial para funcionar normalmente en pandemia”, dijo a Búsqueda el especialista en Derecho Procesal Santiago Pereira Campos. A partir de la crisis sanitaria, los sistemas de Justicia comenzaron a usar las videoconferencias; en algunos países se reglamentó por el órgano rector y en otros “los jueces artesanalmente empezaron a hacer las audiencias virtuales para no paralizar el servicios”.

“Si comparamos Uruguay con otros países, las tecnologías se usaron bastante menos”, evaluó. Entre otras cosas, porque el inicio auspicioso de la pandemia “retardó” la adaptación, ya que se creyó que pronto se volvería a la normalidad. La ola de contagios que impactó con fuerza en 2021 tomó desprevenido al Poder Judicial, que no aprovechó el primer año de pandemia para preparase. “No se trabajó adecuadamente para enfrentarlo. Porque faltaron recursos y porque no se previó”.

Así, las audiencias virtuales, “que son un instrumento muy útil, quedaron un poco al impulso de abogados y jueces. Hubo jueces que las impulsaron mientras otros incluso han planteado resoluciones diciendo que las audiencias no cumplen los principios procesales y que no las van a usar”, describió el abogado, que es profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo.

“Acá hay responsabilidades compartidas”, afirmó, y señaló en ese sentido la falta de reacción del sistema político. Es que se perdió “una oportunidad increíble de aprobar el proyecto del Colegio de Abogados en un tiempo razonable”, valoró. “Ahí hay una responsabilidad de demora del Legislativo, porque si se hubiera aprobado, hubiera sido muy útil para este pico de la pandemia”.