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La actividad más sonada de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) son sus auditorías selectivas para detectar debilidades y eventuales apartamientos en la gestión económico-financiera en el sector público, en personas públicas no estatales y organismos privados que manejen fondos públicos. Incluso, en la última campaña electoral, los partidos de la ahora coalición gobernante anunciaron una profundización de esas acciones prometiendo rever lo hecho por la saliente administración del Frente Amplio.
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Pero la AIN tiene otras competencias menos publicitadas, como el control de la legalidad y funcionamiento de las sociedades anónimas, así como de las cooperativas (salvo las sociales o de vivienda, que están bajo el contralor de los ministerios respectivos). Para estas últimas actúa su División Cooperativas, que entre otras cosas vigila el proceso de inscripción, visa los estados financieros y fiscaliza las asambleas, además de controlar las eventuales etapas de disolución y liquidación. Tiene, además, facultades sancionatorias ante los incumplimientos a la normativa.
Un objetivo estratégico definido en el último tramo de la década pasada por la AIN fue depurar el registro de cooperativas de ahorro y crédito. Como parte de esa tarea, en varios de los “compromisos de gestión” celebrados por esa unidad ejecutora con el Ministerio de Economía (MEF) se incluyó la realización de un “diagnóstico situacional” del sector. En enero, la cartera de Estado entregó esos documentos a Búsqueda en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, un recurso utilizado ante la negativa del ministerio a permitir una comunicación directa con las autoridades de la AIN.
El compromiso del 2020 fijó como propósito estratégico “procurar la sanidad del sistema cooperativo de ahorro y crédito”. La meta específica consistió en “implementar las acciones definidas” para la totalidad de esas organizaciones que “se encuentran inactivas o en situación de incumplimiento grave a diciembre de 2019”.
Antes de eso, en los dos años previos la División Cooperativas había hecho diagnósticos sobre el nivel de cumplimiento respecto de ciertas obligaciones por parte de las cooperativas de ahorro y crédito, desde la comunicación a las convocatorias a asambleas ordinarias, hasta la presentación de los estados financieros para su visado. A partir del estudio del legajo de cada una, para 2018 identificó a 12 con “cumplimiento total de las obligaciones para con la AIN”, 38 con “cumplimiento parcial” (no subsanación de observaciones; presentación fuera de plazo de la documentación, no acreditación de obligaciones contables-financieras) y 15 con “incumplimientos graves” (omisiones en la comunicación de asambleas o en la presentación del libro de actas, el registro de asistencia y debida publicidad, o en la entrega de los estados financieros). La quincena en esa situación representó el 16% de las 91 cooperativas que estaban inscriptas en ese año.
Otras 26 (29%) no habían cumplido con “ninguna de las obligaciones” frente a la Auditoría y fueron clasificadas como “sin actividad”. Por tanto, las activas eran 65; la cifra no varió sustancialmente en el segundo semestre del 2020.
Del total de inscriptas en 2018, la amplia mayoría (62) eran instituciones de ahorro y crédito radicadas en Montevideo. En otros 15 departamentos había al menos una entidad de este tipo; por ejemplo, siete en Maldonado, tres en Canelones y en Colonia, y dos en Río Negro y en Artigas.
El documento de la AIN aclara que, según lo dispuesto en el decreto 183 del 2018, en el segundo semestre de 2019 la omisión en la presentación de los documentos contables-financieros pasó a ser considerada un incumplimiento grave, por lo que la cantidad de cooperativas en esa categoría creció. Pero, por otro lado, debido a que algunas presentaron sus informes trimestrales, también hubo un aumento “significativo” de las entidades que pasaron a la categoría de “cumplimiento total”.
Depuración
Tras estos análisis, en la segunda mitad del 2020 la AIN llevó adelante distintas acciones buscando “sanear” el sector de cooperativas de ahorro y crédito, específicas según la categorización que se les hizo según el grado de cumplimiento u omisión de las obligaciones frente al organismo. Hubo desde “inspecciones oculares” para constatar si estaban funcionando, hasta notificaciones, comunicaciones telefónicas o contactos virtuales (ya con la emergencia sanitaria por el Covid), para elaborar “informes técnicos” sobre cada cooperativa.
En los documentos entregados por la AIN se detallan casos diversos. Por ejemplo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo de Funcionarios de Contaduría se la intimó, “no regularizó”, y carecía de “certificado” para operar al momento del informe, lo que abría la “posibilidad de acciones futuras sancionatorias”. A otra que también tenía como socios cooperativistas a empleados de una repartición gubernamental – del Ministerio de Relaciones Exteriores– se la intimó a que presentara los estados financieros. De la información entregada por el MEF no surge qué ocurrió después con esas entidades.
Otras terminaron depuradas del registro. A la Agrupación Social Cooperativa Canelones de Ahorro y Crédito se la eliminó por inactividad, lo mismo que a otras como Midas; Cafore; de Consumo; Durazno; Progreso y Labor; del Norte; del Río Uruguay; Crediplus; Central; 4 de Diciembre; y Servicio Médico.
En su pedido de acceso Búsqueda también solicitó los “análisis integrales” de ocho sociedades anónimas abiertas efectuados por la AIN, pero esa información no fue entregada invocando la “reserva” impuesta por el artículo 419 de la Ley de Sociedades Comerciales (No 16.060).
