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    domingo 23 de junio de 2024

    Auditoría aplicó más de 1.000 multas a omisos en registrar balances ante su central

    El registro, digitalizado hace 10 años, se alimenta de los estados financieros de sociedades comerciales, asociaciones, fundaciones y organizaciones de distinto tipo que superan cierto mínimo de ingresos anuales

    Aproximándose el final del 2023, para la mayoría de las empresas y otras organizaciones se acerca el cierre del ejercicio económico y, con ello, una serie de pasos para darle formalidad. Uno de estos, para aquellas que tienen ingresos relativamente grandes, es inscribir sus estados financieros en la Central de Balances Electrónica (CBE) que lleva la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Digitalizada una década atrás, este registro creció en cantidad anual de balances inscriptos —unos 4.700 en los años recientes­—, en parte como reacción frente a la fiscalización y las sanciones aplicadas a los incumplidores.

    La transformación en digital del registro de balances en papel se concretó a mediados de 2013 de la mano de una nueva normativa que clarificó los umbrales de facturación anual (26,3 millones de unidades indexadas —UI— a la inflación, equivalentes a casi US$ 4 millones actualmente, o ingresos por más de 4 millones de UI, es decir, unos US$ 600.000, si más del 90% provienen de renta extranjera) a partir de los cuales las empresas están obligadas a registrar electrónicamente sus balances. Esa norma también identificó y amplió la nómina de sujetos obligados: además de las entidades comerciales de cualquier forma, incluyó a sociedades y asociaciones civiles o agrarias, a fundaciones, cooperativas, fideicomisos y fondos de inversión no regulados por el Banco Central. Entre esas nuevas categorías están, por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fútbol, organizaciones empresariales o sindicales e iglesias, que debieron empezar a registrar sus estados contables desde 2018 según el cronograma establecido. Luego se incorporaron como sujetos obligados las instituciones de asistencia médica privada de profesionales y las sociedades por acciones simplificadas, de más reciente creación.

    Para cargar la información contable se emplea el XBRL (Extensible Business Reporting Language), un lenguaje informático de transmisión de datos de fácil uso para las empresas y estandarizado para el intercambio de información financiera y en conformidad con lo evaluado por el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2022 hubo 4.669 estados financieros registrados, una cifra algo menor a la del año previo, que fue récord (4.784), pero el doble que en 2012 (2.315), previo a la digitalización. En respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda, la AIN evaluó que desde 2017 hubo un “aumento sostenido” de la cantidad de balances inscriptos, así como del número de consultas a la central.

    A los estados contables puede acceder cualquier interesado, con previo pago de una tasa. Desde el exterior algunos compran de a decenas o centenas para evaluar posibilidades de inversión, si bien también los adquieren interesados locales generalmente en menos cantidades, entre otras cosas para analizar la realidad comercial de las empresas.

    Omisos

    El plazo para registrar el balance en la CBE expira pasados los 180 días después del cierre del ejercicio.

    Al contestar el pedido de acceso, la AIN informó que la cantidad de “sujetos incumplidores fiscalizados” fueron 186, que debían inscribir sus estados financieros del ejercicio cerrado de enero a junio de 2021. Frente a eso, a 178 de esas entidades omisas la auditoría las instó a cumplir con la inscripción enviándoles un correo electrónico. Después de ese paso, inició expedientes administrativos a 37, que “reiteraron el incumplimiento con cierres” en 2020 y 2021.

    A su vez, entre aquellas empresas u otras organizaciones obligadas a registrar sus estados financieros correspondientes a cierres de julio a diciembre de 2021, las entidades incumplidoras fueron 495. Luego, envió mails en los que instó a cumplir a 463 y después inició 64 expedientes a las que reiteraron el incumplimiento con cierres en 2020 y 2021.

    Con cifras decrecientes año a año, entre 2017 (614) y 2022 (105) se iniciaron 1.105 expedientes administrativos.

    Búsqueda pidió conocer cuántos sujetos se estima que estaban obligados a registrar balances para los ejercicios de 2019 al 2022, pero la AIN no proporcionó ese dato porque “no se encuentra en poder de este organismo”. La auditoría explicó que la información que recibe el Registro de Estados Contables, relacionada con los estados contables de firmas contribuyentes, “proviene exclusivamente” de la Dirección General Impositiva (DGI); además, existen entidades obligadas a registrar que no son contribuyentes de tributos cobrados por esa oficina recaudadora.

    Según lo previsto en la normativa, el incumplimiento es castigado con multas de 2.000 UI (o 3.000 si la omisión se reitera en un período de cinco años calendario).

    La AIN informó que la cantidad de resoluciones de multas impuestas —también cada vez menor cada año— fueron 1.033 en total entre 2017 y 2022.

    Una vez notificado el acto de imposición de la multa, la AIN comunica a la DGI la nómina de aquellos omisos a los efectos de la suspensión de la vigencia del Certificado Anual, que acredita estar al día con las obligaciones formales y el pago de los tributos; no tenerlo inhabilita a la empresa u otra organización a distribuir utilidades, a enajenar inmuebles o vehículos, realizar importaciones o hacer trámites y cobros ante el Estado. La AIN informó que, desde 2017 hasta 2022, efectuó 274 comunicaciones a la Impositiva para que suspendiera estos certificados.

    Economía
    2023-12-20T22:46:00