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Actuaciones de la División Cooperativas de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectaron problemas en varias instituciones: ausencia de un registro formal de socios; “escasa” participación de la masa en las asambleas; el cobro de un “aporte” para sostener las “pérdidas económicas” casi constantes; la omisión en la presentación de los estados financieros para visar en otra; o tener como sede una oficina del gobierno. Son situaciones que la AIN decidió hacerlas públicas.
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Esta dependencia del Ministerio de Economía tiene entre sus cometidos hacer el contralor formal y sustancial de funcionamiento de las cooperativas —salvo las sociales y las de vivienda, que son vigiladas por los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda en cada caso— a partir de su inscripción, durante su desarrollo, y eventualmente en la etapa de disolución y liquidación. Si constata apartamientos, puede solicitar a la Justicia suspender a los órganos sociales (intervención), así como el cierre. Entre otras cosas, también puede denegar el Certificado de Cumplimiento Regular de Obligaciones, que se encarga de expedir. Otras atribuciones previstas en las normas es la posibilidad de publicar las resoluciones sobre el resultado de sus actuaciones; con base en eso, en su sitio web, con fecha del miércoles 9 figuran informes técnicos en torno a cinco cooperativas.
A la Cooperativa Empleados Cámaras y Comisión Administrativa del Poder Legislativo (Coemcca) le había expedido en enero un certificado de cumplimiento por un año. En octubre le dio vista “de los pendientes existentes en su legajo” y, como luego de vencido el plazo otorgado la Coemcca no evacuó la vista ni realizó descargos, el auditor interno de la nación, Pablo Morelli, firmó la suspensión de ese certificado.
Después de una actuación de la AIN, en noviembre de 2019 la Cooperativa de Trabajo Obrera del Transporte ABC Coop se registró ante el organismo, presentó fuera de plazo la convocatoria a asamblea celebrada en mayo de 2021 y omitió presentar la documentación sobre ese acto. “Luego de reiteradas comunicaciones, solicitudes de reunión por plataforma Zoom e intimaciones que no tuvieron respuesta por parte de la cooperativa”, esta continúa omisa, señala otro de los informes. “No ha comunicado la celebración de asambleas generales, las autoridades vigentes, ni ha presentado los estados financieros para visar y no cuenta con certificado de cumplimiento regular de obligaciones que le permita celebrar convenios y contrataciones con organismos públicos o ante toda empresa o institución pública o privada”, agrega.
Tras una actuación de oficio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Fondo de Funcionarios de la Contaduría General de la Nación (Coopfofuco) regularizó varios aspectos ante la AIN, que le dio el certificado de cumplimiento de obligaciones hasta julio de 2023. Pero, acota en el informe publicado, “se mantiene la observación en cuanto a la sede, debiendo funcionar fuera de las oficinas de la Contaduría General de la Nación”.
Otro de los informes refiere a la Cooperativa Municipal de Consumo, en donde detectó “debilidades de control interno”. La AIN pidió su intervención, pero la Justicia rechazó ese camino; designó a un abogado y a un contador como veedores por 90 días con “facultades de inspección, verificación e información”, además de facultades de veto de las decisiones que adopten los órganos de la cooperativa. El MEF le había dado difusión a esta situación pocas semanas atrás.
Según las autoridades de la Cooperativa Municipal de Consumo, los controles internos y los registros de actuaciones de los diversos órganos “se han comenzado a documentar de acuerdo a las indicaciones de la AIN”, y el sistema informático está en proceso de sustitución por “programas más modernos”. Además, para “asegurar la viabilidad de la cooperativa por muchos años más”, está reestructurando deudas y mejorando la gestión de créditos y su cobranza, entre otras acciones (Cartas al director de la edición de Búsqueda Nº 2.199).
El informe referido a la Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito (Cossac), elaborado tras una fiscalización de oficio para darle seguimiento a los problemas que en 2012 llevaron a su intervención judicial, incluye en sus conclusiones 11 puntos. Señala, por un lado, que la información entregada a los socios en los vales “no incluye la cláusula” que autoriza a retener el pago del ingreso de la persona; que la cooperativa carece de un Libro de Registro de Socios; y que la participación de los asociados en las asambleas y actos eleccionarios es “escasa”. Por eso recomienda “profundizar en el cumplimiento de control y gestión democrática”. Por otro lado, la AIN reitera observaciones ya hechas en el pasado en cuanto al “sostenimiento por parte de los socios mediante su aporte, de una estructura de funcionamiento deficitario de la cooperativa, a la vez que advierte que las pérdidas económicas “se siguen reiterando prácticamente en todos los ejercicios” y “la no cobertura de los gastos fijos año tras año”. Sobre este último punto, acota que los egresos de administración en Cossac más que triplican el resultado bruto primario de los préstamos otorgados. El 80% de los gastos de administración y venta corresponden a retribuciones al personal y, dentro de estas, 19,18% son pagos a directivos y 38,43% a gerentes o jefes.
En la visita que hizo el equipo inspectivo a la sede los recibió una persona que se presentó como profesional y usaba una tarjeta donde figura como tal, aunque cuando se fue a labrar el acta admitió que no poseía título universitario, un “hecho de apariencia delictiva” que se comunicó a las autoridades.
La AIN también constató una sobrevaluación de las parcelas que posee la cooperativa en el cementerio Mater Terra.
