Las más recientes actuaciones de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) hechas públicas en los últimos días de 2022 y comienzos del nuevo año expusieron problemáticas de distinta gravedad en la gestión de varias dependencias estatales: medicamentos sin custodia y farmacias que carecen de habilitación; procesos de adjudicación de obras que llevan hasta más de un año; 1.700 “aspirantes” que superan los 10 años de inscriptos en un programa habitacional del Banco de Previsión Social (BPS) y otras “importantes debilidades de integridad” de su software; registros con datos “inconsistentes y repetidos” en la base del Plan Juntos; y “debilidades” en la rendición de gastos. En algunos casos, los informes son de seguimiento de auditorías previas y mostraron que todavía quedan aspectos por corregir.
Uno de los cometidos de la AIN es verificar los sistemas de control administrativo y de gestión económico-financiera del sector público a través de la realización de auditorías. A lo largo del 2022 publicó casi una quincena, los últimos refieren a la gestión de medicamentos en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, al área de “Apoyo al Programa de Adecuación de la Infraestructura Vial a las Necesidades del Transporte Forestal” de la Corporación Vial del Uruguay (CVU) y al Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos. Los tres abarcaron distintos períodos, en parte o todo dentro del actual gobierno. En los primeros días de enero difundió otros, resumiendo actuaciones en el Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop), el Fondo de Tutela Social Policial, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y el Instituto de Cooperativismo (Inacoop), que en su caso implementó las acciones sugeridas para mitigar riesgos en una auditoría del 2020.
Sanidad.
La actuación en sanidad militar evaluó todo el 2021 y los primeros ocho meses de 2022 en lo referido a la dispensación ambulatoria de medicamentos, excluyendo la realizada a pacientes internados en el Hospital Central. Más de 136.000 personas tienen derecho a la asistencia en ese servicio, según los registros de la propia repartición de las Fuerzas Armadas. La dirección administra alrededor de 900 formas farmacéuticas (entre 3.000 y 3.500 ítems) y su gasto en medicamentos en 2021 superó los $ 465 millones.
La AIN constató ocho “hallazgos”, a tres de los cuales les asignó un riesgo “extremo”. Señaló que si bien los controles implementados en la Farmacia del Hospital Central y la División Abastecimiento son “suficientes y permiten garantizar razonablemente su administración”, existen “debilidades en la descentralización de la gestión”. Por ejemplo, advirtió la “falta de integridad de la información contenida en los sistemas, que no permite un adecuado control de stock de los medicamentos en los centros de atención periféricos” (CAP). En el CAP N° 3, de una muestra de 43 medicamentos recontados, el 91% presentaba diferencias, el sistema registraba fármacos con saldo negativo cuyo stock físico supera las 100 unidades, así como faltantes de mercadería que superaban las 50 unidades.
Además, la información para la gestión de medicamentos de los CAP “no es íntegra y confiable”, dado que —entre otras cosas— el sistema carece de fichas de stock, no se usan registros alternativos y no se distinguen “perfiles de usuarios (operador, supervisor, etc.) con sus correspondientes implicancias en la seguridad de los datos”.
Otro problema radica en que los controles para las altas, las bajas y las modificaciones del registro de usuarios del servicio no garantizan que el padrón se mantenga actualizado en tiempo y forma.
La AIN también alertó acerca de “debilidades en la estructura” de la Dirección General de Atención Periférica, que actúa para darle sentido de sistema integrado a los CAP. Allí la jefatura del Departamento de Logística está acéfala y su sección de control de stock está sin conformar, por lo que las funciones están llevándose a cabo por la responsable de la Sección Material Farmacéutico. A su vez, el mismo químico farmacéutico tiene a su cargo la dirección técnica de las 15 farmacias correspondientes a los CAP y “como consecuencia ninguna” está habilitada por el Ministerio de Salud Pública ya que la ley pone un tope a la dirección técnica en hasta dos establecimientos de primera o segunda categoría en Montevideo, y un máximo de tres en el interior del país. Eso es incumplimiento a las normas, marcaron los auditores.
La “falta de oposición de intereses entre custodia, almacenamiento y registro, para un adecuado seguimiento y control”, o las fallas en “inexistencia de actividades efectivas de coordinación y de control sobre la gestión de los medicamentos en las unidades militares” son otros de los problemas detectados.
Juntos.
Del Plan Juntos, que atiende a sectores de la población que viven en pobreza extrema, la AIN analizó los controles implementados de 2019 a diciembre de 2021.
Halló “ausencia de controles” y de aprobación de actividades “claves” por parte del Ministerio de Vivienda, como órgano ejecutor, apartándose de la normativa.
El proceso de compras del programa carece de un sistema integral de información que permita realizar su seguimiento y trazabilidad. “Esto se ve agravado por las dificultades en la comunicación y amalgamiento en la gestión de las áreas intervinientes”, señaló el informe. Asimismo, según la AIN “no se puede asegurar el uso adecuado de los fondos asignados por concepto de cajas chicas” —que en 2020 manejaron la suma de hasta $ 2,5 millones— y se manejan a su vez transferencias a 26 cuentas Mi Dinero a nombre de los encargados de las áreas de Intervención, Secretaría del organismo y Unidad de Logística. “En caso de querer recuperar los montos transferidos, el organismo depende de la buena disposición de la responsable, porque en los hechos no hay ningún documento que la obligue a reintegrar” el dinero, advirtió en el informe.
Respecto de los “vales sociales” que se entregan a los técnicos para organizar diferentes actividades que promuevan la integración social de los participantes del plan, la AIN indicó que hasta principios de 2022 eran rendidos sin un control de su pertinencia.
El Registro Único de Participantes del Plan Juntos adolece de varios problemas. La base son planillas en Excel que, según los auditores, no son adecuadas para la cantidad de información que se maneja. No existe una depuración, por lo cual los datos son “inconsistentes y repetidos” y, como ejemplo, la AIN indicó que se implementó el “número 99 en referencia a celdas sin datos y se mantienen columnas que ya no se utilizan”. Todo esto hace que se carezca de información en tiempo real del estado de los participantes.
De un total de ocho hallazgos, tres fueron identificados por los auditores como “extremos” en cuanto a su gravedad.
El Fideicomiso de Administración Plan Juntos, gestionado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, recibió anualmente más de $ 600 millones desde 2019.
Vivienda del BPS.
La AIN evaluó ejercicios 2019 al 2021 inclusive del sistema informático utilizado en Soluciones Habitacionales del BPS, un programa financiado por Rentas Generales que es administrado por la Dirección Nacional de Vivienda del ministerio del ramo.
De la base que surge a partir de ese software “no se pueden obtener reportes que permitan conocer en tiempo real cuál es la demanda?de soluciones habitacionales, lo cual perjudica la toma de decisiones, incidiendo muy especialmente en la determinación de cantidades y zonas donde ejecutar obras de construcción”, sentenciaron los auditores.
La base al día no había sido depurada y contaba con aproximadamente 60.000 registros de inscripción. Unos 4.600 eran con documento de identidad repetidos, lo que según los funcionarios del área podría deberse a personas que renunciaron y posteriormente se reinscribieron. Cerca de 8.000 inscriptos figuraban como “aspirantes”, aunque entre otras inconsistencias en el entorno de 1.700 tenían más de 10 años de antigüedad en la inscripción, “por lo que la cantidad real de aspirantes no es?confiable”.
El informe señaló, por otro lado, que no existían “mecanismos confiables de alertas en el sistema” para detectar casos en que las personas superan los topes previstos en la normativa para ser beneficiarias del programa, “aunque los ingresos provengan de prestaciones otorgadas o controladas” por el propio BPS.
Ante lo constatado, para la AIN “resulta imprescindible” que se desarrolle un “plan a corto y mediano plazo para corregir los errores del aplicativo e incorporar genéricamente las funcionalidades para generar información útil” y “confiable”.
Obras.
La AIN ya había auditado a la Corporación Vial en 2021 y volvió para evaluar si implementó sus recomendaciones. Constató que los riesgos asociados a tres de los cuatro hallazgos fueron mitigados, pero quedó pendiente corregir lo señalado sobre los tiempos de contratación e inicio de obras.
En su primer informe había identificado atrasos en la ejecución física y financiera de las obras. A marzo de 2020 se habían iniciado dos de las 10 proyectadas y se habían ejecutado fondos por US$ 2 millones, cuando lo previsto eran US$ 5,4 millones. “Se constataron períodos extensos en el proceso de contratación”, de entre 129 y 434 días, que fueron “imputadas a todas las partes intervinientes”, en particular a la Comisión Asesora de Adjudicación en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tras la nueva auditoría, la AIN estableció que la CVU decidió mantener los criterios “asumiendo los eventuales riesgos que esto pueda conllevar”.
Empleo juvenil.
La auditoría también informó sus hallazgos al hacer un seguimiento de lo constatado en 2020 con los gastos por parte del Inefop en relación con la promoción de la Ley de Fomento del Empleo Juvenil. La definición de nuevos procedimientos y cambios normativos permitió corregir cinco de los ocho problemas identificados; en el resto no se implementaron acciones, frente a lo cual “el organismo asume el riesgo”, señaló la AIN.
Tutela policial.
Un seguimiento a lo recomendado en 2021 en el manejo del Fondo de Tutela Social Policial constató que hubo avances parciales en esa órbita de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior. El informe indicó, por ejemplo, que persiste una “inadecuada planificación financiera” y que sigue sin elaborarse una memoria anual del fondo.
Patrimonio.
De la evaluación realizada entre agosto y octubre pasado sobre los controles al manejo de fondos en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Ministerio de Educación y Cultura, la AIN concluyó que si bien se adoptaron acciones en cuanto a las responsabilidades asignadas, persisten “vulnerabilidades en el diseño e implementación” del contralor. Eso implica que “en la actualidad no se esté cumpliendo con las normativa vigente vinculada a la rendición de la recaudación” y que, por lo tanto, resulte imposible “asegurar la adecuada salvaguarda de los recursos y el uso eficiente de los fondos administrados”, agregó en su informe.
