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La Auditoría Interna de la Nación (AIN) está autorizada por leyes vigentes a contratar con terceros servicios de consultoría y auditoría para cumplir con su propio cometido.
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Pero esa posibilidad no tuvo uso. “Estamos imposibilitados de llevar a la práctica esta potestad y, en los hechos, nunca se ha utilizado”, aseguró el subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, al comparecer la semana pasada ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Allí defendió un artículo incorporado en el proyecto de Rendición de Cuentas para que tenga aplicación efectiva.
El artículo propuesto establece que las “instituciones públicas cualquiera sea su naturaleza, las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado, los fideicomisos en donde el Estado sea fideicomitente, fiduciario o beneficiario, las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe directa o indirectamente en todo o parte de su capital social, o las personas jurídicas de derecho privado reguladas o controladas por el Estado podrán solicitar a la Auditoría Interna de la Nación servicios de consultoría o auditoría”. El párrafo siguiente parafrasea una ley vigente y señala que la AIN “podrá contratar con terceros los apoyos necesarios para prestar los servicios previstos en el inciso anterior, debiendo planificar y fiscalizar su realización”.
Irastorza explicó que los servicios de consultoría y auditoría que se le piden a la AIN en algunas ocasiones “son muy específicos, que muchas veces requieren de cierta experticia y una alta especialización en determinadas áreas y que exceden a las actividades habituales del organismo”, pero no cuenta con “los recursos humanos y materiales para llevar a cabo esos trabajos específicos. Tampoco justificaría tener ese tipo de recursos para casos muy puntuales y específicos que le sean solicitados específicamente a la Auditoría. Esto lleva a que, muchas veces, se precise la participación de consultores o profesionales externos”.
Por eso “se necesita una disposición legal más amplia que no apunte solamente a la posibilidad de contratar con terceros, sino que establezca mecanismos para llevar a cabo los procesos de contratación y financiación de los costos que conlleva la prestación de estos servicios”, añadió el jerarca ministerial ante la comisión el 30 de setiembre.
En cuanto a la financiación de la consultoría, a fin de “mitigar riesgos de colusión, conjunción y oposición de intereses entre el organismo solicitante y la empresa a ser contratada”, se propone que sea la AIN la que haga los procesos licitatorios y supervise los trabajos. “En definitiva, de no poder implementar esta propuesta el Estado y otras instituciones se verán impedidos de contar con la participación de la Auditoría Interna de la Nación en este tipo de tareas con la transparencia, la garantía y el prestigio que le puede aportar, ya que la norma actualmente vigente no resulta suficiente a estos efectos”, alegó.
