Aunque el gobierno pretendía achicarla, la flota oficial siguió creciendo y se aproximó a los 16.900 vehículos controlados

Los coches de los ministros, los jerarcas de empresas públicas o los intendentes son relativamente pocos dentro de ese total que incluye en más número a las patrullas y motos policiales, las ambulancias de ASSE, las camionetas de UTE o de los ministerios de Ganadería y de Transporte, los camiones de Ancap y OSE.

Por ejemplo, la Ley de Presupuesto de 1957 estableció entre las normas sobre la “locomoción oficial” el carácter de “uso indebido” cuando los vehículos sean manejados por personas “ajenas al servicio” o que circulen “en día feriado o fuera del horario administrativo”.

Ya en este siglo, en medio de la crisis del 2002 el gobierno del colorado Jorge Batlle (2000-2005) creó por decreto una “comisión de relevamiento de la flota automotriz y talleres del Estado” e instruyó a “prescindir obligatoriamente de no menos del 50% de los vehículos oficiales”, exceptuando de esto a los destinados directamente a la atención de la salud, la seguridad pública interna y externa, y la sanidad animal. Otra comisión similar se instaló al final del primer gobierno de Tabaré Vázquez con la orden de diseñar un plan nacional para gestionar mejor la flota oficial, con resultados que un jerarca de la época consultado esta semana por Búsqueda no supo recordar.

Con otras ideas, el tema volvió en la campaña electoral de 2019, cuando el entonces oficialismo frenteamplista era cuestionado por la deteriorada “herencia” fiscal que dejaría. El coordinador programático del Partido Nacional y hoy ministro de Educación, Pablo da Silveira, aseguró en radio Océano FM que la cantidad de vehículos del Estado “se multiplicó por cuatro” durante los gobiernos del Frente Amplio y comentó la propuesta de establecer “una especie de Uber de autos oficiales”, con coches que pudieran ser usados por distintos organismos previa reserva, recogió en su momento El Observador. En esa iniciativa —planteada junto a otras en 2015 por especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo— trabaja desde 2020 la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, que en este año prevé poder mostrar avances.

Al igual que su padre, Lacalle Pou identificó en este rubro posibilidades de ahorro. “Los pesos chicos son los que hay que cuidar, porque los grandes se cuidan solos. Yo tengo ese compromiso, el respeto al contribuyente. Es inentendible que Uruguay tenga 15.000 vehículos. Vamos a tener menos flota oficial. Voy a ser riguroso en eso y los ministros lo saben. También lo van a saber los presidentes de las empresas públicas” porque “el horno no está para bollos” en términos fiscales, dijo el mandatario a El Observador poco después de haber asumido la Presidencia.

Actualmente están en curso llamados de varios organismos para la adquisición de autos de pasajeros, ambulancias, ómnibus y camiones recolectores de residuos a través de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en algún caso como renovación de la flota (con entrega de unidades usadas en pago).

La flota

La serie del Sisconve entregada a Búsqueda por Ancap incluyó datos desde 2000 sobre la flota oficial total y los millones de litros de combustibles consumidos en cada año. El ente no proporcionó cifras detallando los vehículos de cada organismo alegando el carácter confidencial de las condiciones contractuales de las adhesiones al sistema.

En 2000 el sistema controló a un total 871 vehículos, pasó los 5.000 en 2007 y los 10.000 en 2013. En 2018 la flota superaba los 16.000. La cifra no paró de aumentar en el actual período de gobierno: 16.270 al cierre de 2020, 16.446 un año después y 16.893 al término de 2022.

Algunas proporciones de cómo se distribuía el total de vehículos controlados a través de Sisconve habían sido informadas en 2018 por el entonces subdirector de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto. De cada 10 unidades, cuatro pertenecían a Interior, tres a las intendencias departamentales, uno a las empresas públicas y los restantes dos a los demás ministerios y demás organismos.

Con sus automóviles patrulleros, motos y camiones, el Ministerio del Interior entró al sistema en 2011 y completó su incorporación en 2014. Mediante un dispositivo instalado en cada unidad y una llave que identifica a cada chofer como único autorizado a cargar en las estaciones de Ancap, el control vehicular le generó ahorros significativos. Antes de eso “se llevaban bidones y se hacía cualquier cosa” con los vales de combustibles, reconoció en 2015 la jefa de logística del ente.

Para algunos organismos, la gestión más eficiente de su flota es todavía una tarea en proceso. La Dirección Nacional de Aduanas aprobó en diciembre pasado una resolución que instruye el uso de vehículos dentro del inciso. Ese protocolo, por ejemplo, designa “gestores de flota”, exige controlar los kilómetros recorridos, y prohíbe “cargar combustible por fuera del Sisconve o vale electrónico” así como utilizar los vehículos “para asuntos personales” sin permiso del jefe inmediato.

En el período 2000-2022, el consumo de combustibles fue de 31 millones de litros en promedio anual. Calculado por la flota de cada año, la media fue de 3.619 litros por vehículo; el máximo consumo se dio en 2004 (4.801). En 2022 se usaron 3.351 litros promedio por automóvil oficial vigilado por el Sisconve. Las variaciones pueden responder a factores de orden técnico —la eficiencia en la conducción o de los propios coches, por ejemplo—, o a política específicas, como un mayor patrullaje policial.