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El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue informado que está en condiciones de destituir por diversas irregularidades a los seis implicados en el caso de inasistencias sucedido en la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI), perteneciente a la ANEP. Se trata por un lado de cuatro psicólogos y un psiquiatra que marcaban tarjeta en la UDI y se iban a trabajar a otro empleo, y por otro de la psicóloga que los denunció por ese hecho y fue acusada de “escándalo público” y falta de ética contra la administración.
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“El instructor legal a cargo de las investigaciones ha informado que está claramente probado que todos han hecho méritos suficientes como para ser destituidos. Pero hasta que no terminen las investigaciones no se pueden tomar decisiones”, señaló a Búsqueda una fuente de la ANEP, desde donde se le ha comunicado al Poder Ejecutivo que una vez cumplidos los plazos legales los seis funcionarios serán retirados de sus cargos.
Los sumarios de las seis personas se encuentran en distintas etapas jurídicas pero cuando alcancen su resolución “indefectiblemente” serán remitidos por el Codicen a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), adonde el Consejo eleva aquellas investigaciones con propuestas de destitución de funcionarios. La Oficina, que tiene un plazo de noventa días para expedirse, envía su recomendación al Codicen para que éste emita el fallo oficial final.
Dos de los sumarios, pertenecientes a dos psicólogos a los cuales se les constató inasistencias injustificadas, ya tienen su resolución y fueron enviados a la ONSC en espera que otorgue su respuesta.
La investigación administrativa comenzó en 2011 luego de que la División de Recursos Humanos de la ANEP detectara irregularidades en los registros de asistencia de la Dirección de Programas de Salud y Asistencia, a la cual en ese momento pertenecía la UDI. En 2012 se comenzó una auditoría de gestión en esa Dirección a efectos de reestructurarla pero no se lograron probar las inasistencias de los empleados.
Sin embargo el 26 de junio de 2013 “El Observador” denunció el hecho y el Codicen solicitó inmediatamente ampliar la investigación, instruyendo a partir de ahí sumarios a cuatro psicólogos y al psiquiatra Héctor Martín, entonces director de la UDI, por problemas vinculados al registro de asistencias, situaciones de inasistencias, incumplimiento de horarios, falta de justificación de ausencias y dependencias que se encuentran totalmente sin funcionarios.
“Psiquiatra de la muerte”.
El caso de la psicóloga denunciante es más confuso. Con antecedentes sumariales en la ANEP en 2008 por omisión de los deberes funcionales, trabajó en la UDI en 2011 y la investigación sobre ella surgió a partir de un mail de setiembre de 2012, varios meses antes que el caso de las inasistencias en la UDI tomara estado público. El mail, al que accedió Búsqueda, tiene tres páginas de largo y fue enviado desde una cuenta anónima a todos los integrantes del Codicen, en ese momento presidido por José Seoane.
El título dice “En Codicen y Aldeas Infantiles” y en su cuerpo hay una foto del rostro de Héctor Martín con la frase “Te encontramos”, su nombre completo y definiciones como “escrache público”, “torturador de la dictadura” y “psiquiatra de la muerte”. Dentro se lo acusa entre otras cosas de haber sido colocado sin concurso en el cargo de director de la UDI gracias a contactos durante la dictadura, de pensar estrategias del terror para dominar a la unidad y de generar procesos de enloquecimiento en sus empleados.
“Martín fue el cerebro detrás de un esquema científico utilizado en la dictadura, y que aún implementa; pensado para ‘arrasar sistemáticamente las personalidades’. Manipula test psicológicos y entrevistas para ‘precisar donde y hasta qué profundidad sangrar la psiquis’”, dice un extracto del mail.
“De la misma forma que se implementaban las torturas psiquiátricas en la dictadura; Martín aplica una tortura psicológica de forma in-directa como la de ubicar a los funcionarios de manera conjunta a algún funcionario ya psiquiátrico, u psiquiatrizado por él; de esta forma cuando el funcionario que está acosando se ‘queja’ de no soportar los destratos por su compañero; el Dr. Martín apaña al psiquiátrico y busca enloquecer por contradicción al otro”, agrega en otra parte.
En el último párrafo del correo electrónico se denuncia que funcionarios de la UDI trabajan en varios lugares particulares en paralelo a sus labores en la unidad, aprovechando falencias del sistema digital de registro de asistencias para marcar tarjeta e irse sin ser detectados.
En octubre de 2012, una semana después de asumir como nuevo presidente del Codicen, Wilson Netto aprobó una investigación administrativa sobre el tema, donde fueron interrogados ocho funcionarios. Consultada al respecto, en ese momento la psicóloga negó ser la autora del correo aunque manifestó que muchos de sus ex colegas marcaban tarjeta y luego se iban a trabajar a mutualistas y consultorios privados.
A través de rastreos efectuados por la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servidores de la ANEP se determinó que el mail anónimo había partido de un dominio cuyo titular era la pareja de la psicóloga, funcionario no docente del Consejo de Educación Técnico-Profesional (UTU). A su vez, luego de consultar a distintas organizaciones de derechos humanos y a la Comisión de Seguimiento del Informe de la Comisión para la Paz, el informe determinó que las acusaciones de torturador contra Martín eran falsas.
“Escándalo público”.
A partir de esas conclusiones fue que el Codicen dispuso la instrucción de un sumario administrativo a la psicóloga, con separación del cargo y retención de sus medios sueldos correspondientes, tal como informó “El Observador” el pasado 11 de febrero
En el expediente que autoriza el sumario se afirma que la decisión contra la funcionaria se tomó debido a que la denuncia de torturador realizada contra el Dr. Martín “no es cierta” y provocó “escándalo público” ya que si bien afecta directamente al psiquiatra, los hechos de los que lo acusa “sucederían en la institución”.
Más adelante se aclara que “las afirmaciones que se realizan son independientes de las irregularidades referentes a inasistencias que se constaten, las que están siendo objeto de procedimientos disciplinarios correspondientes”, señalándose que la funcionaria faltó a la ética porque “es deber denunciar hechos irregulares o delictivos pero no pueden esconderse detrás del anonimato, sin asumir sus responsabilidades como funcionarios públicos”.
Además se remitió el informe a las autoridades de la UTU, sugiriéndoles que en caso de “compartir las conclusiones arribadas” se disponga un sumario a la pareja de la funcionaria, aplicándole las mismas sanciones sobre su puesto y su salario.
