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Es una de las discusiones que a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y a su equipo, más les gusta plantear: ¿La transferencia de dinero mes a mes a las familias de menores ingresos debe estar condicionada a que los niños y adolescentes a su cargo vayan a los centros educativos y se realicen controles médicos periódicos?
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Para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), eso no debería ser el centro de la discusión sobre el alcance de las políticas de asistencia que se aplican en el país. Sin embargo, que las familias cumplan con esas dos condiciones para recibir dinero del Estado —como lo establece la normativa— ha sido un reclamo permanente de los partidos de oposición.
“Este es un momento ideal para poder discutir algunas cosas”, dijo Arismendi ayer miércoles al participar en el seminario “Transferencias Monetarias y Protección Social”, organizado por el Mides, la Universidad de la República y la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
La jerarca admitió que no está segura si hoy la sociedad uruguaya está “madura para un debate bien de fondo” sobre ese tema, pero adelantó que en el Mides están “prontos” para dar la discusión.
Durante el seminario realizado en la Facultad de Ciencias Económicas, varios panelistas plantearon la necesidad de discutir la eficacia de aplicar condiciones en ese tipo de prestaciones. El planteo se da a pocos días de que el Banco de Previsión Social (BPS) emitiera un comunicado informando que de acuerdo con sus registros, 15.994 niños y adolescentes beneficiarios de apoyo estatal “no estarían” inscriptos en Centros de Enseñanza.
“De no comprobar la correspondiente inscripción antes del 04/08/2016, se suspenderá el pago de las Asignaciones Familiares a partir del mes de cobro setiembre 2016. De presentar la constancia con posterioridad a esa fecha, se rehabilitará el beneficio de forma inmediata”, informó el organismo.
El martes 12 el diario “El País” informó que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está dispuesta a recurrir a la Policía Comunitaria para ubicar a los niños y adolescentes que no concurran a los centros de educación, si fracasan las instancias previas de persuasión, como la llamada telefónica y la citación a los padres.
En Uruguay hay dos sistemas de asignaciones familiares. Una se enmarca en el Plan de Equidad (que comenzó a instrumentarse en 2008) y está destinada a los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los montos de esa transferencia dependen de cuántos menores de edad hay en el hogar y en qué nivel educativo están: se otorgan $ 1.298 por el primer niño en edad escolar. Luego se suman complementos. Este sistema alcanza a 375.000 beneficiarios.
La otra asignación fue aprobada en 1943 y está destinada a los hijos o menores a cargo de trabajadores. El máximo de esta prestación es de $ 626. Este sistema alcanza a más de 110.000 personas.
Arismendi dijo en el seminario que el Estado controla si los niños y jóvenes van o no a los centros educativos, pero se preguntó qué pasa cuando se encuentran con que no hay cupos para el estudiante. “¿Si no hay cupos, después le saco la asignación familiar?”, cuestionó.
En cuanto a los controles de salud, Arismendi afirmó que no se puede demostrar que se hagan de manera periódica. Lo que se presenta, explicó, es el carnet del niño o adolescente cuando se inscriben en la escuela o educación media.
Medio punto del PBI.
El director de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, dijo que la discusión es sobre un gasto que no llega a medio punto del Producto Bruto Interno, y opinó que hay una “ofensiva conservadora” con ese tema.
“Por un lado reconocemos que es necesario tener programas para aliviar la pobreza, pero los programas para eso generan deudores con el resto de la sociedad y quienes reciben estos magros beneficios quedan comprometidos a cumplir con un conjunto de condiciones sobre las que nadie evaluó si tenían condiciones para cumplir”.
Labat agregó que estas transferencias no tienen impacto en generar cambios de conducta, es decir, en que los beneficiarios vayan a la escuela y se realicen controles médicos.
A su juicio, se está dando una discusión sobre “el cumplimiento del derecho a tener un ingreso mínimo”. Mejorar los niveles de asistencia a la educación no pasa por condicionar las transferencias de dinero, afirmó.
La economista Andrea Vigorito señaló que en Uruguay el promedio del impacto de los programas de transferencia sobre la escolarización es del 2% y 3%.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim, opinó que es momento de discutir sobre el alcance de las condiciones que se ponen para recibir las transferencias. Ese tipo de políticas, que manejan recursos “muy pequeños”, no tienen “un impacto redistributivo”, advirtió.
La politóloga y socióloga Carmen Midaglia planteó que en el país existe un “proto-sistema” de bienestar que se estructura en tres pilares: los dos tipos de asignaciones familiares y las deducciones tributarias a las familias con hijos, que benefician en especial a los contribuyentes de ingresos medio y alto.
Los primeros dos tienen condicionalidades, pero el que implica renuncias fiscales para el Estado no, señaló la experta. “Esto puede ser entendible, pero cuando uno ve los datos, hay tramos de la infancia, de la juventud de los sectores medios-altos que tampoco finalizan los estudios secundarios”.
Midaglia dijo que se está ante un “proto-sistema” porque no hay articulación entre sí: está el BPS por un lado, el BPS y el Mides por otro, y la DGI como un tercer componente.
Para la politóloga, “esta operativa fragmentada opaca la visibilidad. Nadie sabe que está protegido. Los sectores altos que pagan mucho piensan que no están protegidos de nada. Hay una percepción de que se les da plata a los pobres cuando hay una renuncia fiscal para apoyar a los sectores altos”.
