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Después de 12 días en Montevideo —entre el lunes 6 y el viernes 17—, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el economista español Pau Rabanal regresó a Washington D.C. con una opinión muy positiva sobre la marcha de la economía uruguaya en los años recientes y la gestión del gobierno, aunque también le hicieron varias recomendaciones.
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“La sólida trayectoria de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un contexto incierto ha mejorado la resiliencia” de Uruguay, señaló la declaración difundida el lunes 20.
También ponderó la baja “sustancial” en los últimos dos años del déficit fiscal y la deuda pública “gracias a los esfuerzos de las autoridades para cumplir los objetivos de la regla fiscal, sin descuidar la protección a los más vulnerables”. Para los técnicos del FMI, el “principal riesgo de corto plazo para la política fiscal es cómo la intensidad y la duración de la sequía actual afectarán la actividad económica, aunque existe espacio fiscal disponible en caso de ser necesario”. La recién anunciada rebaja de impuestos requerirá de un crecimiento menor del gasto primario real, algo ya contemplado por las autoridades, agregaron.
De todos modos, consideraron que se deben “redoblar los esfuerzos” para mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas públicas.
Reforzando lo aconsejado ya antes por el personal técnico del organismo, la misión sugirió la adopción de un ancla de deuda explícita adecuadamente calibrada, que a su entender ayudaría a estabilizar la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno en un nivel inferior a mediano plazo.
Por otro lado, opinó que el Banco Central debería mantener el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la inflación y las expectativas hayan convergido de una manera sostenida dentro del rango meta, lo cual será “crucial para fortalecer la credibilidad”. A eso contribuiría también reforzar la “independencia de jure” de esa institución.
En relación con el sistema financiero, la delegación aconsejó “prestarles una atención especial en las áreas de supervisión, gobernanza, gestión de crisis y mantenimiento de la competencia” a los bancos públicos. Asimismo, la misión sugirió reformar el Impuesto al Patrimonio que grava a los bancos, en el entendido de que hacerlo incentivaría a las instituciones a incrementar sus niveles de capital.
La reducción de ese tributo es un reclamo histórico de los bancos privados (Búsqueda Nº 2.190).