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Justo este año en el que la cosecha pinta bien por la cantidad de kilos de soja a levantar de las chacras, el gobierno firma un protocolo fitosanitario que formaliza una serie de exigencias y establece medidas severas en el control de calidad de los granos exportados a China, lo que genera incertidumbre y costos adicionales.
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Esa es la visión de productores y operadores del sector agrícola consultados por Campo, que advierten la reducción del margen de rentabilidad de la soja por ese motivo, lo que se suma a la baja en el precio de esa oleaginosa en la bolsa de Chicago.
Técnicos vinculados a ese negocio consideraron que “ninguna de los empresas graneleras de gran porte establece per se un descuento por el protocolo” fitosanitario firmado entre Uruguay y China para exportar soja. Lo que ocurre es que dependiendo del destino que logra el exportador es el tratamiento que le da a la soja. Si va a China debe cumplir el protocolo. “El problema es que muchos de los contratos que hay de compra de soja establecen tolerancias que hoy ya no son posibles de aceptar en el marco del actual protocolo y eso causa varios problemas, porque ese documento es muy estricto”, indicaron. Dijeron que “entonces se generan inconvenientes porque hay un sobrecosto en el tratamiento de esa soja para llevarla a la calidad pactada” con China.
El protocolo en cuestión, que fue firmado en 2016 por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, dispone que la soja uruguaya debe estar “libre de insectos vivos”, en particular “de plagas cuarentenarias de preocupación” para los chinos, “no estar mezclada ni contaminada con otros granos o materia extraña deliberada” y “estar exento de tierra” (ver Campo Nº 84).
“Si se llegara a encontrar cualquier plaga cuarentenaria, solamente se autorizará el ingreso del envío después de realizarse un tratamiento efectivo”, establece. Y advierte que en caso de que esto no se concrete, el embarque “será devuelto o destruido y el costo será pagado por el exportador”.
Advierte que “si el problema es lo suficientemente serio, el exportador y elevador de Uruguay, e incluso toda la soja uruguaya, serán suspendidos inmediatamente hasta que se adopten las medidas correctivas”.
La principal preocupación pasa por el sorgo de Alepo, que es una maleza difundida en áreas agrícolas del litoral oeste y que compite con el cultivo de soja al interferir en el momento de la cosecha, enlenteciendo y contaminando la producción.
Para los operadores consultados es imposible ponerle un precio al riesgo que supone infrigir el protocolo con China. Que genera costos extra nadie lo discute, pero el problema es quién los paga, plantearon. En ese punto es que surge la crítica que se le hace al Ministerio de Ganadería, que no tuvo en cuenta cómo se maneja eso.
Lo paga el agricultor
“Así como están las cosas, el costo lo paga todo el agricultor, porque para cumplir con el protocolo te van a forzar a pasar todo el grano por una planta de silos para llegar a la calidad que demanda ese mercado”, señalaron. Consideraron que si eso se hubiera manejado de otra manera el agricultor podría enviar su producción directo al puerto y ahorrar algo de dinero, pero hoy no le queda otra que pasar todo por una planta de silos. Hay que tener en cuenta que todas tienen distinta capacidad de sacar malezas.
Para adecuarse a las exigencias vigentes las plantas de silos operan a menor velocidad para sacar todas las impurezas de los granos y por lo tanto, los equipos pueden procesar menos volumen por hora.
“Los jefes de planta están muy molestos por las complicaciones generadas”, se quejó un operador. Acotó que los productores también están enojados porque no están en contra del protocolo sino de haberlo metido a prepo este año.
Si el gobierno le hubiera dado un año de plazo sería otra cosa, ya que el que avisa no traiciona y todos tienen tiempo de acomodarse, señaló. Además hay que considerar, planteó, que los precios de la soja retrocedieron en los últimos meses y esto agrega costos en un año que no da para regalar nada. El valor de la oleaginosa en Chicago pasó de entre U$S 380 y U$S 395 por tonelada, en enero, a U$S 350, en el presente mes. Mientras que en el mercado local ese grano está entre U$S 320 y U$S 328 puesta en Nueva Palmira.
La cosecha avanza y los primeros resultados de rendimiento por hectárea tienden a confirmar la expectativa de llegar al récord cercano a 3.000 kilos.
Aunque todavía falta un mes de actividad de trilla en los campos y siempre se está pendiente de lo que marque el clima, los agricultores consideran que se podrá alcanzar el máximo histórico de 2.600 kilos por hectárea registrado en la zafra 2013-2014.
El régimen favorable de lluvias en el verano, el manejo agronómico en los predios y la tecnología incorporada en las semillas parecen ser los factores que explican esos resultados.
