BPS incorpora el subsidio por alquiler a su programa de vivienda

Pero estas tres opciones no han sido suficientes para cubrir la demanda. Por tanto, el BPS impulsa un “cambio de paradigma” del programa al sumar como “cuarta pata” a los subsidios por alquiler, según dijo a Búsqueda el presidente del BPS, Alfredo Cabrera. Esta modalidad se probó en 2023 con un plan piloto, que a fin de año se resolvió extender a nivel nacional. Prevé que el organismo pague el costo del alquiler de un beneficiario del plan, siempre que sea igual o inferior a la media de la zona en la que está ubicada la vivienda.

Con los subsidios por alquiler se logra, destacó Cabrera, una reducción en el tiempo de entrega de una propiedad. La construcción de viviendas implica un “proceso largo” que, en promedio, se extiende durante 52 meses (desde que un usuario se anota para ser beneficiario del programa hasta que recibe el inmueble). “Es muchísimo tiempo”, valoró el jerarca.

Hay aspectos sociales del plan actual que tampoco “convencen” al presidente del organismo. Las obras están pensadas para crear complejos de vivienda para jubilados, algo que va en contra de los “tiempos modernos” y de la búsqueda de un “envejecimiento activo”, aseguró. “Ese modelo no parece el mejor: aísla a las personas del entorno familiar y a veces genera problemas de convivencia”, explicó.

Las autoridades del BPS también valoraron aspectos prácticos. Algunos de los pasivos que cumplen con las condiciones para acceder a una vivienda viven en zonas donde “no es viable” hacer obras por la poca cantidad de población. Para estas situaciones, el modelo actual prevé que se le ofrezca a ese jubilado una vivienda en un lugar en el que el organismo tenga hogares disponibles, lo que implica que se tenga que mudar. Esta opción es una “muy mala solución” porque lo saca de su “entorno familiar”, criticó Cabrera.

El proyecto a futuro

El nuevo “paradigma” que impulsa el BPS implica que se haga “hincapié” en la demanda y no en la oferta, como sucede actualmente. Para su presidente, este cambio tiene varias “ventajas”. El stock de viviendas no continúa aumentando, por lo que se detiene el gasto de administración y reparación. Permite, además, “llegar a todo el país” y no solo a los lugares en los que hay una “masa crítica” que justifique la construcción de un edificio.

Al evaluar esta opción, las autoridades consideraron que una posible “contra” era que se afectara el mercado de alquileres, dado que el BPS sería un “operador demasiado grande” para el sistema. Para evitar esta distorsión se decidió tomar la media de precios de cada localidad establecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo previsional pagará hasta ese valor promedio.

El BPS proyecta destinar, en promedio, el equivalente a US$ 5.000 anuales a cada inmueble alquilado. Esa cifra es mayor a lo que paga por el mantenimiento de las viviendas (unos US$ 1.500 por año), pero a este valor se le debe sumar el costo de la obra, que en promedio es de US$ 90.000. “La diferencia es abismal” a favor del nuevo plan. “Soy más eficiente, doy mayor beneficio y gasto menos. Pero, además, es un gasto que me permitiría satisfacer la demanda insatisfecha, cosa que no podría hacer construyendo”, aseguró.

A las personas que eligen este sistema, el BPS les sugiere que postulen ante el organismo una casa de la localidad o barrio que consideren apta. La otra opción es que los propietarios presenten sus inmuebles en la institución, aunque esta no ha sido la modalidad en una experiencia piloto.

“Uno imagina que este es un programa que puede ser interesante para pequeños propietarios que tienen más de una vivienda o para pequeños inversores en el interior, en los pueblos y que definan construir dos o tres viviendas. Podrían ser también los promotores de la construcción en Montevideo. Si bien no es la finalidad del programa, pero si uno construye una tipología media de mercado puede servir”, aseguró el jerarca.

El BPS realizó un plan piloto en Artigas, Las Piedras, Progreso, Melo, Río Branco, Durazno, Sarandí del Yí, Casupá, Sarandí Grande y Paysandú. En esa prueba se le dio la opción a quienes ya tenían autorizado el acceso una vivienda que siguieran esperando la construcción de un edificio o que optaran por el nuevo sistema de alquileres.

Este plan piloto estuvo pensado sobre 100 casos. Hubo 80 personas que fueron ubicadas, de las que solo seis rechazaron la modalidad de alquiler. De las personas que aceptaron, se presentaron 42 viviendas y hay 20 que ya firmaron el contrato del subsidio del arrendamiento. En resumen, la aprobación del piloto fue de un 80% y su “eficacia” fue de un 20%, un nivel al que se alcanzó en dos meses y medio. Si estas cifras se “extrapolaran” al sistema en general, el programa sería “muy exitoso” en un año y se acercaría a “números interesantes”, destacó Cabrera.

Los directores del BPS aprobaron en la última sesión de 2023, por unanimidad, extender este programa a nivel nacional. En enero, el organismo comenzó con los contactos a beneficiarios de Montevideo, al tiempo que en el interior se ordenan las llamadas siguiendo el mismo criterio que con el plan piloto: donde haya más casos puntuales –que no ameritan la construcción de un complejo– y donde no estén previstas obras en el corto plazo.

“Parecía que, por como se está planteando y por el diseño que tiene, es un plan que se va a instalar. Va a ir a futuro y es un cambio de paradigma”, resumió.

El BPS tiene un convenio con la Contaduría General de la Nación para este programa, que es la que se encarga de inspeccionar la vivienda para autorizarla o no.