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Que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observe a un organismo cuando hace una compra pública y que el observado reitere el gasto a pesar de la advertencia es una práctica habitual en el Estado. También es frecuente que los jerarcas se molesten con las resoluciones del organismo fiscalizador, aunque no tanto que lo expresen públicamente. Este año, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, se quejó ante sus colegas de Directorio por un caso puntual, pero fue más allá y cuestionó la poca “suerte” que ha tenido el instituto previsional con ese tribunal.
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La queja se originó por la adjudicación de un servicio de mantenimiento de software. En el proceso de la licitación, el BPS desestimó dos de las tres ofertas que se presentaron y resolvió aceptar la de la desarrolladora Genexus. Para argumentar uno de los rechazos el BPS adujo motivos jurídicos, pero el TCR consideró desacertada esa razón las dos veces que analizó el caso, en enero y en mayo.
El BPS rechazó a Sistemas Informáticos –una decisión que fue compartida por el TCR– y a la sociedad anónima simplificada Arnaldo Castro Consultores, la negativa que motivó las diferencias con el tribunal. La única oferta admisible para el organismo fue la de GXC S.A (Genexus), que propuso firmar el contrato por $137 millones en su segunda oferta (luego de que se le pidiera una baja del precio).
El tribunal observó por primera vez el gasto en enero de este año, con el argumento central de que el BPS rechazó la oferta de Arnaldo Castro Consultores porque no había cumplido con una de las exigencias de la licitación: presentar al menos tres contratos con empresas públicas con una duración de al menos seis meses. Esta firma estaba en formación, pero para rebatir la negativa del BPS alegó que una empresa del mismo conjunto económico, la sociedad anónima Arnaldo C. Castro, ya utilizaba la misma infraestructura, el know how y los recursos humanos. Arnaldo Castro Consultores contaba “sustancialmente con la experiencia requerida”, consideró el tribunal, y objetó que haya sido solamente descartada por la forma jurídica que adoptó. El TCR también cuestionó que no consta en los antecedentes quién solicitó una mejora de la oferta presentada por Genexus.
El BPS dio vista a la respuesta del TCR y argumentó, entre otros puntos, que no se podía admitir que las dos sociedades fueran un “grupo económico” sin que eso estuviera acreditado. “Sería ir contra los principios de transparencia e igualdad”, sostuvo. En una resolución de mayo, el Tribunal no levantó la observación por lo que, si quería seguir con la compra, el instituto previsional no tenía otra alternativa que reiterar el gasto.
La molestia
La reiteración del gasto tras observaciones del TCR es una decisión que los organismos públicos toman con frecuencia. Los directores del BPS tenían que definir si hacerlo en este caso en la reunión que tuvieron el 12 de julio. Cabrera defendió que legalmente no era posible contratar a la otra empresa y, tras la discusión, se resolvió por mayoría adjudicar definitivamente la licitación a Genexus.
En esa sesión, el presidente dijo estar sorprendido por una decisión del TCR que definió como “desacertada y equivocada”, y cuestionó que dejaba al organismo sin la “libertad” de “imputarle efectos jurídicos” a las empresas que se presentaron al llamado. Sus palabras están en el acta del Directorio, a la que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información pública.
El jerarca sostuvo que, si se siguiera el criterio del tribunal, el resultado de la adjudicación sería el mismo porque los méritos y deméritos arrojarían una puntuación que no cambiaría. Pero más allá de esta licitación puntual, también criticó el funcionamiento del TCR, porque no suele cambiar sus informes cuando recibe los argumentos contrarios.
“Me gustaría no tener que reiterar gastos y que el Tribunal, cuando el organismo hace sus argumentos, pudiera aceptar los que se mencionan, pero hasta ahora no hemos tenido suerte”, afirmó Cabrera. Señaló que cada vez que se responde una observación, el TCR “no hace más que reitersarse en el informe inicial”, muchas veces “sin siquiera analizar y cuestionar” los argumentos de la vista.
El reparo
La reiteración del gasto de la compra a Genexus fue respaldada por la mayoría del Directorio. El representante por los empresarios, José Pereyra, votó en contra como un “principio general de actuación”. En su opinión, no deben aprobarse los asuntos que son observados por el TCR. Alegó que, “una vez más”, el tribunal observó una licitación del BPS por “contravenir el procedimiento” por los principios de igualdad, concurrencia y materialidad. El criterio que adoptó el BPS le llamó “la atención” porque, según él, el instituto debió concluir lo mismo que el TCR: que la sociedad anónima simplificada formaba parte del mismo conjunto económico de Arnaldo Castro.
Pereyra recordó que en otras ocasiones el BPS utilizó un criterio distinto y consideró que otras sociedades formaban parte del mismo grupo económico. En el caso que mencionó en la sesión, las firmas compartían el Directorio, como sucedía con la empresa descartada por no tener antecedentes.
El director por los pasivos, Ariel Ferrari, dijo que si bien “hay antecedentes” –como el que mencionó Pereyra– es necesario distinguir cuando un “conjunto económico” se define a los efectos tributarios de cuando se hace para presentarse a una licitación. “No hay nada que pruebe documentalmente que son un conjunto económico”, aseguró este representante.
Los otros directores que fundamentaron su voto fueron el vicepresidente, Daniel Graffigna, y la colorada, Daniela Barindelli. Ambos argumentaron que la oferta de Genexus fue la mejor puntuada y se basaron en el informe de la Comisión Asesora del BPS para justificar la reiteración del gasto.
