Bajar la edad de imputabilidad: entre cambiar el “rumbo” de la delincuencia juvenil y el peligro de una sociedad más “autoritaria”

En los últimos años ese “pavoroso problema” ha vuelto a estar en las discusiones políticas y sociales, y figura hoy como una de las principales causas de la inseguridad. Tan es así, que si bien lo hecho por los adolescentes es un porcentaje menor dentro del total de delitos que se cometen año a año, en menos de 12 meses una iniciativa para promover la baja de la edad de imputabilidad para delitos graves obtuvo las firmas necesarias para forzar un plebiscito. En octubre de 2014 la población debe decidir si reforma la Constitución para que contenga una disposición penal sobre los menores.

El “Cacho”, el “Pelado” y el “Pelón”.

La discusión de si incrementar las penas para adolescentes infractores ha estado presente a lo largo de la historia del país. Cuando se construyó la cárcel de Miguelete a fines del siglo XIX, ya se había previsto un lugar para los menores. Hay registros de esa época de ciudadanos montevideanos quejándose por la situación de inseguridad que provocaban los menores de edad, recuerda el historiador Daniel Fessler. “Hay una continuidad en ver a los menores como parte del problema de la seguridad”, explicó.

Por su parte, Luis Eduardo Morás, doctor en Sociología especializado en violencia y seguridad ciudadana por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, recordó que a lo largo del siglo XX y en la actualidad surgieron casos que impulsaron el tema. “La era contemporánea de los auges discursivos sobre un presunto incremento delictivo de los menores la inaugura el ‘Cacho’ en los años 50 del pasado siglo; renace con el ‘Pelado’ en los 90 y tiene al ‘Pelón’ como expresión actual. Son casos de menores que desarrollaron una extrema violencia, casos muy tristes pero extraordinarios que de ningún modo representan al conjunto de infractores ni una tendencia al abismo. La hipótesis más razonable para esta cíclica presencia pública de la minoridad infractora tiene menos que ver con los sujetos que la actúan que con una crisis más profunda en diversos planos y con un sentido de oportunidad política. En los hechos, los tres casos graves señalados, que provocaron una fuerte conmoción pública, son acompañados por proyectos de baja en la edad de imputabilidad penal”, afirmó.

A partir del retorno a la democracia hubo un cambio en cómo abordar el fenómeno de los niños y adolescentes. En 1990, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que modificó la mirada sobre los menores de edad y los hizo “sujeto de derecho”, señala Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia). La CDN reconoció explícitamente la existencia de una responsabilidad penal especial a partir de cierta edad, el inicio de la adolescencia y la incorporación de garantías para definir de qué manera el Estado debería enfrentar el delito juvenil.

Luego los países de América Latina fueron incorporando la responsabilidad penal juvenil en su legislación. Algunos Estados la ubican entre los 12 y los 18, otros entre los 16 y los 20. Uruguay está en el grupo que la coloca entre los 13 y 18 años.

En 2004 se produjo un cambio fundamental que buscó seguir lo establecido 14 años antes en la CDN. El Parlamento aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que contiene varios artículos referidos al tema de menores infractores. Los artículos 72 y 87 establecen que la privación de libertad es la excepción y no la regla. El artículo 91 dispone que la duración máxima de la pena será de cinco años.

Unicef presentó el martes 30 su Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012. En el documento se indica que se han vuelto “recurrentes las afirmaciones públicas respecto a la creciente incidencia de los delitos cometidos por menores de edad en la globalidad de los delitos”.

De acuerdo al informe, entre 2005 y 2011 las intervenciones policiales sobre menores de edad bajaron un 20%. En 2005 hubo 13.998 y en 2011 se registraron 10.728. Si se comparan los asuntos penales iniciados contra menores se observa que siguen siendo marginales en relación con el total. Desde 2004 a la fecha el promedio es de 5,7% del total de asuntos iniciados.

Según datos del Poder Judicial, los delitos por los cuales suelen ser sentenciados los adolescentes son la rapiña y el hurto. En 2011, el 43,4% de los adolescentes fueron procesados por rapiña, el 37,3% por hurto, el 3% por homicidio y el resto por “otros delitos”.

En el documento de Unicef se señala como “preocupante” el hecho de que Uruguay tiene problemas para dar respuestas alternativas a la prisión para los menores infractores. Mientras en Irlanda del Norte la proporción es 1 adolescente privado de libertad cada 4.000 menores de 18 años, en España es 1 cada 50.000, en Uruguay es 1 cada 1.963.

Sin estudios.

¿Cómo son esos adolescentes? El documento de Unicef indica que el 65,7% de los menores que ingresaron al sistema penal ni estudiaban ni trabajaban antes de su detención. El 43,3% tenían Primaria completa y solo el 2,1% había terminado el Ciclo Básico.

Morás dijo que este tipo de adolescentes “comparten en términos generales el alto componente de delitos contra la propiedad de los adultos, aunque con menor profesionalidad y experiencia, ya que son más espontáneos y frecuentemente los realizan integrados a una lógica de pertenencia grupal”.

“Sabemos poco todavía de las representaciones que elaboran y la significación de los delitos que cometen los menores. En esta materia resulta difícil escapar del sentido común que afirma que roban porque no quieren trabajar o que es una opción racionalmente evaluada que tiene para ellos más beneficios que costos, ya que los análisis más difundidos son los que realizan operadores judiciales que abordan los casos en circunstancias muy particulares y en un contexto que impide profundizar en las trayectorias de vida y la construcción de identidades de estos adolescentes”, afirmó.

Pedernera entiende que luego de tantos años, el problema es “estructural”. “Si la respuesta es cárcel, cárcel y cárcel, lo que va a recibir la sociedad es una respuesta de un tipo violento. La cárcel reproduce violencia, son escuelas del crimen”, dice.

Por su parte, Morás señaló que en los últimos tiempos “ganó terreno en la opinión pública que lo único relevante del sistema de contención y tratamiento de menores es evitar las fugas. Mantenerlos el mayor tiempo posible encerrados y en las peores condiciones parece ser la única preocupación.(...) Responder a la violencia con prácticas institucionales degradantes no evidencia una superioridad moral de la sociedad que legitime las sanciones que aplica; pervierte la convivencia bajo un Estado de derecho que respete las garantías individuales y ni siquiera es efectiva en su objetivo de obtener mayor seguridad, ya que las cárceles devuelven a la sociedad sujetos en peores condiciones y más violentos por la acumulación de resentimientos”.

La mejor campaña.

Bordaberry defiende los cambios que impulsa. “Si seguimos haciendo lo mismo que hace cinco años, los resultados van a seguir empeorando. Si esa es la propuesta del gobierno, el futuro no es bueno”, dijo.

El líder del sector Vamos Uruguay explicó que la iniciativa que impulsa tiene “dos instrumentos” que “bien utilizados pueden torcer el rumbo” de la situación. “Hay que bajar la edad de imputabilidad y crear el Instituto de Rehabilitación fuera del INAU. Tienen que ir juntos para que sirvan. De esta manera la sociedad les va a marcar un límite al decirles esto no se puede hacer. Y junto con eso: educación, educación y educación”.

Para el legislador, la campaña para aprobar la reforma constitucional deberá crear una comisión por fuera de los partidos políticos para que “haga conocer a los ciudadanos la propuesta y cómo se vota”. De todas formas, afirmó que “la mejor campaña la hace el Frente Amplio, que niega el problema, porque propone seguir como hasta ahora y no tiene una propuesta alternativa”.

Al respecto, Pedernera ve “poca capacidad de reacción de las organizaciones para enfrentar el planteo” y que el plebiscito de 2014 será una “parada brava” para quienes se oponen al mismo.

Morás tiene una visión diferente. Opinó que si el oficialismo “no comete errores graves”, la reforma constitucional será un “fracaso”. “En primer lugar porque la gente vota con el bolsillo y todo hace prever que se mantendrá el ciclo favorable. Por otra parte, un factor importante donde incide la disciplina partidaria son los aspectos logísticos de ensobrar el sí a la reforma. Otros plebiscitos tuvieron mayor adhesión en las encuestas previas que lo mostrado efectivamente en las urnas, debido a que el apoyo de las estructuras partidarias resultó más retórico que efectivo. En cuanto al tema específico que involucra la reforma, no creo que sean mayoría las madres que consideren que sus propios hijos de 16 años ya son adultos y deban ser juzgados como tales. El malestar es grande, pero al final primará la cordura”.