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Considerando solamente el dinero transferido por Rentas Generales para pagar las jubilaciones y pasividades, el Servicio de Retiros y Pensiones Militares —la llamada “caja militar”— recibió un volumen creciente de asistencia financiera desde 2005, aunque en 2020 hubo una disminución.
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Un análisis de las finanzas de esa caja paraestatal realizado por Ariel Rodríguez Machado —un contador con especialización en estadísticas de las finanzas públicas que años atrás estuvo al frente de la Contaduría General de la Nación— cuantifica esa asistencia en $ 22.851 millones en 2020, equivalentes a unos US$ 511 millones; frente a 2019 fue una baja de 2% en pesos constantes y un descenso también en dólares (US$ 570 millones), en este caso por efecto del alza del tipo de cambio. Pero como proporción del Producto Bruto Interno la cifra se mantiene en 1% desde 2017, desde niveles algo menores durante todo el presente siglo.
El autor explica que el propósito de su análisis es “clarificar la incidencia del gasto en seguridad social de esta caja en la estructura del Presupuesto Quinquenal que sirve de marco de acción a cada gobierno” y cómo “restringe la formulación de políticas públicas desde el punto de vista económico”.
Cómo atacar el desequilibrio financiero de esta caja es uno de los asuntos políticamente más ásperos que tiene entre manos la comisión —“de expertos” (CESS)— creada a instancias del actual gobierno para discutir una reforma de la seguridad social en su conjunto.
Los números
El estudio de Rodríguez Machado solo considera los gastos contabilizados en el inciso “Transferencias a la Seguridad Social” y toma el período 2000 a 2020, que “abarca varios gobiernos y diversos cambios en la economía que permiten analizar la relación entre este gasto, el volumen del presupuesto del gobierno central ampliado y la economía en general”. Se basó en información de las Rendiciones de Cuentas; el servicio de pasividades militares es actualmente una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Esa relación administrativa con el Poder Ejecutivo —diferente a la del Banco de Previsión Social (BPS), un ente autónomo— determina que la “caja militar” no presente información contable auditada y compendiada de acuerdo a los principios generalmente aceptados. Ante la carencia de información Rodríguez Machado recurrió a otros métodos indirectos para estimar algunos datos.
El análisis del ex contador general de la nación se centró en el grupo de gastos que se corresponden con los egresos inherentes al sistema previsional del servicio, identificados por el autor como “estructurales”, para diferenciarlos de otros coyunturales, en cumplimiento de leyes especiales, y aquellos propios de la seguridad social en un sentido más amplio. Además, en el caso de este servicio de pasividades para el personal de las Fuerzas Armadas, sus costos de funcionamiento, remuneraciones e inversiones son asumidos por el Presupuesto del Poder Ejecutivo y no se computan en la asistencia financiera.
Los ingresos genuinos básicos de la “caja militar” son los aportes personales de los funcionarios activos del MDN, así como el aporte patronal vertido por el Estado (de 19,5%, una tasa superior al 7,5% normal para la mayoría de los sectores de la economía). Estos conceptos representaron el 15% del financiamiento en 2020. Luego, Rentas Generales, con base en el Presupuesto, le dio asistencia financiera (85%).
“Mini reforma”
Si el descenso de las transferencias en 2020 fue consecuencia de la ley 19.695 —que con vigencia desde 2019 introdujo una “mini reforma” en la “caja militar”—, son “aspectos que se visualizarán en los próximos ejercicios” del organismo, afirma Rodríguez Machado. Y plantea que con esa norma “no han variado sustancialmente los beneficios otorgados” en este régimen, que lo hacen “diferencial de otros similares. En ese sentido, se observa la inexistencia de ‘topes jubilatorios’ que limitan el cobro de una pasividad calculada, con el sistema anterior o el actual, y el pago de aguinaldos a los pasivos, factor también diferencial en los beneficios otorgados”.
Otro de los factores que incide directamente en el déficit del sistema de pasividades del personal militar es la cantidad de personas en actividad que realizan aportes respecto a aquellos que cobran una prestación. Al respecto, cita un informe remitido a la CESS por el Servicio de Retiros y Pensiones Militares, según el cual la relación activo-pasivo pasó de 1,17 en 1988 a 0,53 en el 2019, lo que significa que un funcionario activo financia el 50% de un pasivo (retirado y pensionista).
