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La filial uruguaya del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela tiene una génesis atípica y una historia no exenta de dificultades. Nació en 2006 por un acuerdo político entre el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, a partir de la compra de activos de la cooperativa financiera Cofac, que había quebrado apenas iniciada la primera administración del Frente Amplio.
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En el comienzo Bandes Uruguay tuvo problemas para encontrar su punto de equilibrio. Pero como grupo empresarial eso se compensaba con las ganancias de la AFAP Integración, en la que posee 77% del paquete. La semana pasada la Justicia embargó las acciones de ambas empresas, a pedido de un laboratorio uruguayo que pretende cobrar ventas al Ministerio de Salud de Venezuela que, ante la grave crisis económica que atraviesa ese país, no ha podido pagar (Búsqueda Nº 2.077). Como regulador del sistema financiero, el Banco Central ha mirado con atención la situación de esa entidad; frente al embargo “no hay nada previsto”, dijo una autoridad.
Búsqueda intentó consultar acerca de esta situación a Bandes y a Integración AFAP, pero no tuvo respuestas.
A raíz de la decisión judicial “no ha habido una repercusión negativa en la masa de clientes e instituciones asociadas”, declaró a Búsqueda Juan Fernández, de la representativa de Bandes en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Los trabajadores están atentos al avance del proceso judicial, pero tienen la “tranquilidad” de que, en esta ocasión, ni la filial ni su casa matriz de Venezuela son partes demandadas, aseguró. Fernández resaltó además que el banco cumple con todos los requisitos y regulaciones técnicas impuestas por el BCU, “en especial en cuanto a liquidez y solvencia”.
Desde su experiencia de más de una década en Bandes, el sindicalista dijo que, en general, cuando este tipo de cosas surge, “rápidamente tiene un impacto” en el comportamiento de los clientes. Eso no ocurrió esta vez y estimó que no habrá repercusión más adelante.
El stock de depósitos del banco se estabilizó en los últimos tres meses en poco más de US$ 100 millones, luego de una caída constante (eran US$ 147 millones en mayo de 2019). También perdió clientes: en lo que va de 2020 los titulares de cuentas se redujeron en 2.780 y a mayo eran 25.460, según datos que recaba el BCU.
Por su parte, con 235.320 afiliados al cierre de mayo, Integración es la AFAP más chica de las cuatro que operan en el país.