Basso admitió que suspender apertura del corralito tuvo un “costo”, pero hizo “cirugía urgente” para no “tolerar” más irregularidades

Sobre este tema, sobre las demoras en aprobar medicamentos y su postura frente a la industria farmacéutica y sobre los planes para 2018 de imponer precios de referencia para la venta de servicios entre instituciones, una decisión que considera “trascendente” y políticamente “compleja”, conversó con Búsqueda.

—Es un viejo tema este. Las personas más grandes recordamos que ya en la época que estaba Disse, antes de la reforma sanitaria, siempre había ocasiones en las que actuaban intermediarios entre los trabajadores y las instituciones. Después cuando la reforma sanitaria incorporó grandes colectivos, recuerdo las peripecias para poder identificar a quienes hacían estas prácticas en el entorno del Banco de Previsión Social porque ahí se hacían las afiliaciones a las mutualistas. Después empezaron a aparecer más dificultades para poder identificar los momentos. En enero hicimos una conferencia de prensa y anotamos que estábamos muy preocupados y que íbamos a ser especialmente firmes. La verdad es que no nos salió bien porque se triplicó el número de denuncias penales: hicimos 30 y veníamos haciendo cuatro, cinco.

—Quizás aumentaron las denuncias porque se visibilizó el tema.

—Apostamos a dar una señal de que no íbamos a mirar para el costado, que íbamos a actuar. Se habló con Crimen Organizado y eso permitió configurar evidencia para la Justicia, la Justicia actuó, hubo más de 60 procesados. Se generó una comisión de trabajo apostando a la autorregulación, a que las instituciones colaboren. Llegamos a la conclusión de que había un problema que iba arrastrando a las distintas instituciones a contratar fuerzas de venta y hacer mucha campaña de publicidad para no quedar fuera. La mejor manera de llegar a febrero era con gente promoviendo a la institución y en esa promoción se mezcló la intermediación lucrativa, era un mecanismo que se retroalimentaba. Trabajamos con las instituciones para ver cómo podíamos superar esto y concluimos que las medidas que estábamos planteando no iban a cambiar sustantivamente el escenario. Identificamos que había una estructura que se había montado, con vehículos, computadoras, impresoras, un volumen de situaciones muy variadas vinculadas a la intermediación lucrativa…

—¿Y entonces concluyeron que no iban a poder con la intermediación lucrativa?

—Que había un problema estructural, que había que pensar en otras modalidades de funcionamiento para que entre la voluntad del usuario y la institución no hubiera la menor posibilidad de que se generara nada en el medio.

—Claro, pero la solución terminó siendo un trancazo. Y cuando anunciaron que suspendían la apertura del corralito también presentaron los tres motivos para poder cambiarse de mutualista que era una medida que ya existía.

—En principio, si bien la medida ya estaba, no era necesariamente conocida por toda la población.

—Sí, pero los motivos —mala atención, cambio de domicilio o problemas económicos— son muy restrictivos.

—Sobre la posibilidad de cambiarse por disconformidad con el prestador, apunta a darles un mensaje a estas instituciones para que hagan un esfuerzo de mantener a sus afiliados conformes. Deben velar porque todo su equipo de salud tenga la menor zona de conflicto con los usuarios.

—Eso desde el punto de vista de las instituciones. ¿Y de los usuarios? ¿Pierden libertad? ¿Se les restringen derechos?

—Nosotros somos defensores de la competencia...

—Pero ahora le están poniendo un tope...

—Aspiramos a empoderar al usuario y que por cualquier motivo se pueda cambiar de institución.

—Hoy en día no puede, hay una pérdida de libertad.

—Vamos a tratar de incorporarle componentes que le permitan una toma de decisión con cada vez más elementos. Lo podrá tener en cuenta o no. Hay una disminución muy franca de la gente que se cambia, menos del 5%, pero estamos trabajando para el año que viene. Este tema lo vamos resolver.

—¿El horizonte es que el año que viene no exista más el corralito mutual?

—Nosotros aspiramos… Reitero, no es un tema que estemos pensando en modificar los criterios de la libertad de opción del usuario. Parte de eso está contaminado con algo que no tiene nada que ver con las buenas prácticas de competencia. Además, cambió la modalidad de acción de estos colectivos que hacen intermediación lucrativa: salen a recorrer los barrios, van puerta a puerta…

—Pero el mensaje hoy es: bajamos los brazos, no podemos con la intermediación y no abrimos el corralito.

—Son varios mensajes. El primero es que no vamos a tolerar más la intermediación lucrativa…

—Pero con un costo para los usuarios.

—Y bueno, es que no hay ninguna decisión que no tenga costos. El tema cuál es el costo menor, cuál es el mal menor. Si íbamos a un febrero en que sabíamos que iba a haber una mayor intermediación nos iban a decir ¿ustedes no habían visto que esto iba a pasar? Dijimos que así no podíamos seguir. Se había montado un aparato muy potente que cada vez crecía más. Siempre es más fácil mirar para el costado que asumir que tenemos un problema…

—Cuando anunció la suspensión de la apertura del corralito, dijo que tenía la sospecha de esta práctica. ¿Está vinculada a alguna institución en particular?

—No, lo que pasa es que al saber que las instituciones para no perder afiliados tenían que invertir en fuerzas de venta que podían contaminarse con la intermediación, el tema estaba instalado. Ojo, las denuncias penales que hicimos fue cuando se constataron hechos. Lo que sabemos es que la situación que denunciamos el año pasado estaba instalada para seguir funcionando.

—¿A qué instituciones cree que beneficia que no haya movilidad de usuarios?

—Bueno, ese es un tema bien complejo. Las instituciones, con el ingreso de los últimos colectivos, han venido mejorando, todas. Tenemos el gran desafío de estimular la sana competencia.

—Alguna institución se puede ver beneficiada ahora con esta estabilidad, que nadie se mueva.

—Sí, pero también uno podría decir que a todas les genera no tener que gastar tanto dinero en publicidad.

—Hubo un comunicado de la Asociación Española, Gremca y Casa de Galicia respaldando la medida, ¿qué pasó con el resto de las mutualistas?

—A todas las sorprendió, porque en realidad nosotros tomamos una decisión y la asumimos sin… bueno, las decisiones hay que tomarlas así. Muchas veces hay que hacer cirugía de urgencia… Si algunas quedaron molestas, nadie me lo ha hecho llegar.

—Usted ha hecho hincapié en fortalecer el primer nivel de atención, que es un objetivo de la primera generación de la reforma de la salud. ¿Terminó la primera? Si terminó, ¿dónde debería empezar la segunda?

—En la primera generación tuvimos una serie de marcos legales que dieron pie al desarrollo de esto. Ahora necesitamos otros marcos legales que nos permitan avanzar en este dibujo del sistema y en esta estrategia de construcción. Por ejemplo, hemos promovido que cualquier usuario integrado al sistema si tiene una situación de urgencia y está en una zona en la que su institución no tiene cobertura puede ir a cualquier prestador y se lo tiene que resolver.

—¿Eso es la segunda generación?

—Eso es parte de la segunda generación. ¿Por qué? Veníamos de un escenario en el que le decíamos a una institución que no se justificaba que comprara un nuevo mamógrafo, resonador o tomógrafo porque tenía uno muy próximo ya instalado y subutilizado. Las propias instituciones nos decían: “Si yo quiero comprar (el servicio), los precios que me plantean están fuera de mercado. Prefiero asumir yo esos gastos y financiarlo”. En un escenario de competencia es lógico que eso pase. Tengo un diferencial y lo quiero hacer valer, es obvio. Entonces, establecer un precio de referencia es decir, bueno, tal conjunto de prestaciones tienen un costo que no puede exceder a X. En la Junta Nacional de Salud funcionará una cuenta corriente y se pagará lo que tenga que pagar de acuerdo a las prestaciones. Es una decisión trascendente. La realidad va a mostrar que como hay un precio de referencia las instituciones van a hacer convenios para negociar por debajo de él. Está en la tapa del libro. Las instituciones después van a decir “pongámonos de acuerdo”.

Vamos a promover convenios de complementación eliminando ese escenario de competencia que hacía que no se generaran condiciones para el intercambio de servicios porque los precios no estaban dentro de la lógica de mercado. Hoy hay no menos de cuatro o cinco aranceles, uno tiene ASSE, Fempremi tiene de distinto tipo, no le hablo del resto del subsector público con prestadores parciales que también venden servicios. Tenemos que ir a una fijación de precios y es una decisión políticamente más compleja. Este ha sido un tema que ha generado mucho debate.

—¿Entonces la fijación de precios será central en 2018?

—Exactamente. Es un tema clave. El otro que hemos incorporado es el conflicto de interés (el vínculo entre el médico, los laboratorios y los intereses económicos).

—La Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (Cefa) que nuclea a los principales laboratorios multinacionales, coincide en la necesidad de trabajar el tema, se lo han dicho y le presentaron en varias oportunidades su código de conducta.

—Las organizaciones dispuestas a generar un código de ética la idea es que se autorregulen. Por ejemplo, el Colegio Médico, que se autorregulen.

—Pero Cefa ya se autorregula.

—Si aparece alguien que se escapa, si aparece un pícaro, ¿quién se tiene que hacer cargo?

—Ellos a la interna expulsan a los laboratorios de su organización si no acatan las advertencias. En Uruguay hay normativa y condiciones para publicitar medicamentos. Si detectan laboratorios que la incumplen también lo denuncian ante el MSP, pero dicen que este demora mucho en expedirse, inicia una investigación administrativa y recién después de dos años puede tener una respuesta y ya no es efectiva.

—Lo que pasa es que los temas de judicialización tienen otros tiempos. Cualquier denuncia en el sector salud tiene los tiempos de procedimientos administrativos, judiciales, eventualmente incluso decisiones que pueden llevar muchos años.

Es evidente que hay una realidad sobre la que tenemos que trabajar, hay una política (de la industria) explícita en una consulta a la DGI (realizada por un laboratorio hace un año) de incidir a través de cursos de formación, viajes al exterior y promoción directa a quienes prescriben medicamentos. Aspiramos a que eso quede lo más transparente posible. Ninguna de estas cosas es ilegal, pero se incorpora al paisaje de manera ingenua. ¿Hasta dónde se tiene que meter el Estado en todo esto? ¿Regular todo lo que se puede hacer? Hay tensión hasta dónde ir en la regulación. No precisamos un Estado bobo y gordo.

—En febrero de 2015 se aprobó el decreto que establece los requisitos para el registro de productos biotecnológicos y biosimilares. El MSP aún no aprobó ninguno pese a que ya unos 15 fueron presentados por los laboratorios multinacionales. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la demora?

—Hay de todo tipo. Este tema lo estamos siguiendo muy atentamente y mandando mucha gente a instancias en el exterior. Estamos tratando de fortalecer toda el área vinculada a la incorporación tecnológica y cruzar información a escala internacional, capacitar técnicos y solicitar información. A veces tenemos dificultades para que nos hagan una devolución oportuna de la información que solicitamos. Muchos de esos tiempos no están exclusivamente vinculados a nuestra cuenta. Muchas veces se solicita información complementaria y por distintas razones de las casas matrices tienen dificultades para poder aportarla. No es un tema administrativo sino que se necesita mucha información y el ministerio es muy exigente. Estamos en los plazos que comparativamente nosotros manejamos.