Bensión criticó el gasto “sumamente procíclico” en gobiernos del Frente Amplio y defendió la “credibilidad fiscal” actual

En la tarde, las Jornadas de Economía del BCU dedicaron su panel de cierre al asunto de la regla fiscal.

Planteó que con anteriores gobiernos el manejo fiscal fue “sumamente procíclico” y, según ella, eso afectó la percepción del riesgo país; la categoría de grado de inversión no especulativa (investment grade) estuvo amenazada.

Alfonso Capurro, socio de CPA/Ferrere y uno de los tres integrantes del novel CFA, hizo una evaluación positiva de la regla vigente basada en una meta indicativa de resultado fiscal estructural, un tope de gasto y otro para el endeudamiento. El consejo asesor y un comité de expertos —de consultoras privadas y entidades académicas— fueron creados para darle transparencia y respaldo técnico a ese esquema.

Capurro comparó que la institucionalidad uruguaya en esta materia se encuentra alineada con las prácticas internacionales, si bien a su juicio falta incorporar aspectos de la “segunda generación”, como una “cláusula de salida” a la regla en determinadas situaciones. Agregó, por otro lado, que una vez que pase la actual etapa de “consolidación”, el CFA podría tener una mayor independencia y autonomía, también desde el punto de vista legal y financiero.

La mesa en el BCU tuvo la participación de dos extranjeros que comentaron la experiencia en sus países e hicieron algunas recomendaciones para Uruguay.

Eduardo Morón, integrante del CFA de Perú, puso énfasis en la comunicación de la importancia de la solvencia. “Sin eso estamos muertos” y “no vamos a ningún lado. La solvencia es lo que permite lo que políticos y ciudadanos de cualquier orientación” quieren en cuanto a posibilidades de gasto público, subrayó.

Recomendó adoptar mecanismos de ahorro automático de al menos parte de los ingresos. Perú enfrentó primero los perjuicios de El Niño y después la pandemia de Covid. “Nos vinieron dos catástrofes y nos quedamos en cero”, dijo.

Para el chileno Mario Arend, gerente de estudios del CFA de su país, un “desafío importante” para Uruguay es “medir bien la brecha” del Producto Bruto Interno (PBI). “Adhiero absolutamente a que el tema es medir bien la brecha, y en eso estamos”, acotó Bensión.

“Teníamos un primer objetivo que era estabilizar la deuda que venía subiendo” para recuperar “credibilidad fiscal”, pero “es muy importante determinar” si se apunta, por ejemplo, a un ratio de 55% o 56% del PBI. “No un nivel de deuda óptimo, sino cuál debería ser el target” definido como objetivo, planteó la jerarca ministerial.

Coordinación macro

Capurro ya había hablado por la mañana del viernes en una mesa de las X Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) que llevó como título Revisando la política macroeconómica luego de la pandemia.

Dijo que los marcos fiscales más “creíbles” y permanentes hacen posible el “keynesianismo” —un aumento del gasto público— durante las crisis o, como decían los propios keynesianos: “La credibilidad da resultados”. Sin embargo, acotó, la credibilidad no está asociada con la austeridad, sino que simplemente otorga facilidad para acceder a créditos en épocas adversas.

Sobre la regla fiscal en Uruguay, Bibiana Lanzilotta, del Instituto de Economía de la FCEA, planteó como problemas serios las dificultades a la hora de poder realizar estimaciones confiables al momento de medir el capital humano y físico o para estimar el Producto potencial, por ejemplo.

Respecto a la regla que puso en vigencia la LUC, la académica señaló como una debilidad la ausencia de “clausulas” para el retorno al marco ante situaciones de desvío, así como la falta de sanciones si se incumple con los topes fijados.

Hablando a título personal, Leonardo Vicente —docente universitario y gerente de Política Monetaria en el BCU—, se apegó al título del panel. Dijo que frente al shock de oferta, de demanda y financiero que implicó la pandemia, el gobierno reaccionó de forma expansiva, lo que acotó los impactos en la actividad económica y los niveles de pobreza. Sobre los objetivos, luego de pasada la emergencia sanitaria, indicó que son bajar el desempleo, darle sostenibilidad al gasto y a la deuda pública, además de devolver la inflación al rango de 3%-6% anual. Después de señalar el desvío respecto al objetivo de estabilizar los precios, Vicente marcó la necesidad de coordinar políticas y mencionó que la fijación de tarifas y la negociación colectiva pueden producir presiones inflacionarias.