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El tema aparece en el orden del día de todas las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes desde marzo, pero todavía no ha sido tratado. El problema es que si bien fue aprobado en la Comisión de Salud Pública de esa cámara, el proyecto de ley que busca habilitar la internación de adictos a drogas mediante la firma de una declaración “voluntaria” en momentos de “lucidez” no convence a varios legisladores del Partido Nacional.
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A pesar de las diferencias, el martes 7 de setiembre, durante una sesión de la Comisión Especial de Adicciones de la cámara baja, el coordinador de diputados de Cabildo Abierto, Martín Sodano, anunció que en la reunión de bancada previa a ese encuentro se había propuesto tratar el proyecto de una vez por todas en la última reunión del mes, “ya sea que resulte positivo o negativo”, y recordó que tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado apoyan la iniciativa. De hecho, fue presentada por la colorada Nibia Reisch y la cabildante Silvana Pérez Bonavita.
Pero esa idea no pudo concretarse. Una sospecha de brote de Covid-19 en el Parlamento dejó a la cámara casi sin actividad del 13 al 20 de setiembre. Solo hubo una sesión ordinaria el martes 14 para aprobar temas de urgencia. Luego, una reunión de la bancada nacionalista con autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Portal Amarillo el miércoles 15 terminó por generar aún más dudas en los diputados. En ese encuentro, llevado adelante vía Zoom, participó el director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, Pablo Fielitz, y el director del Portal Amarillo, Antonio Pascale.
Los jerarcas plantearon reparos jurídicos y prácticos a la iniciativa. “A pesar de las buenas intenciones del proyecto, ASSE informó que no tiene los recursos humanos y materiales suficientes para afrontar la eventual demanda que supondría”, resumió el diputado Sebastián Andújar. En tanto, el coordinador de bancada nacionalista, Rodrigo Goñi, sostuvo que el proyecto solo se focaliza en la desintoxicación, cuando el tratamiento debe implicar además un proceso de “rehabilitación” y “reinserción social” que no es tenido en cuenta. A su vez, dijo que jurídicamente “no se puede admitir que una persona autorice a renunciar a su autonomía en una situación futura”.
En la sesión siguiente, el martes 21, el tema volvió a estar en el orden del día pero nuevamente no fue tratado. A contrarreloj, los blancos lograron ganar tiempo. Goñi le propuso a Reisch que el proyecto volviera a la comisión de Salud y que le diera 30 días a la bancada nacionalista para perfeccionar la iniciativa. La legisladora colorada rechazó el retorno a la comisión, pero sí aceptó el plazo propuesto. Ahora la bancada nacionalista trabaja en una nueva versión del proyecto, de forma conjunta con el Poder Ejecutivo y con ASSE. Según explicó Goñi, lo que se busca es “reformular” la iniciativa, de la mano de los “actores institucionales públicos y privados que lo van a aplicar y hacer posible”.
Goñi y Andújar son algunos de los diputados nacionalistas que tienen reparos con el proyecto, pero en ese grupo también están Álvaro Dastugue, Milton Corbo, Mario Colman y Álvaro Viviano.
La iniciativa
El proyecto establece que cualquier adicto mayor de edad puede, en su “plena capacidad” y en forma “voluntaria, consciente, libre”, expresar su voluntad de ser sometido a una “internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación, y reinserción social para cuando se encuentre bajo los efectos de su drogadicción”, estado que deberá ser determinado por un psiquiatra. Esa manifestación tendrá “plena eficacia” aun cuando la persona “se encuentre bajo los efectos de su adicción o en estado de incapacidad por tal razón”. En caso de menores de edad, serán sus padres o quienes detenten su patria potestad los habilitados a tomar la decisión.
En la exposición de motivos, Reisch y Pérez Bonavita sostienen que en 2009 se incorporó al ordenamiento jurídico del país una ley que habilita mediante la voluntad anticipada a oponerse a algunos tratamientos médicos ante una patología terminal e irreversible que “prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma”. En base a un criterio similar, argumentan, “se debe admitir que una persona disponga su voluntad de ser sometido a tratamientos que tiendan a proteger su vida y que le permitan salir de una situación de drogadicción”.
A nivel social, el principal impulsor de esta iniciativa es el colectivo Madres del Cerro, una organización de familiares de personas en situación de drogadicción que aseguran representar a unas 15.000 familias, según dijeron sus representantes el 7 de setiembre, durante una sesión de la Comisión de Adicciones. Uno de ellos, Pablo Delfino, cuestionó que en los últimos “diez o doce años” la Junta Nacional de Drogas “ha abrazado la política de reducción de daños como única alternativa de sanación al problema de la drogadicción”, cuando “no puede ser por parte del Estado la única metodología” para rehabilitar a un adicto. A su vez, criticó que tanto la nueva ley de salud mental como el Portal Amarillo y Ciudadela “pretenden que la abstinencia se haga en la casa de la familia del enfermo adicto, cosa que es imposible”.
Reisch le había dado “estado parlamentario” al proyecto cuando asumió como diputada por primera vez, en 2017, pero la iniciativa fue encajonada antes de ser tratada en la cámara, sin el respaldo del entonces mayoritario Frente Amplio. Con la nueva legislatura, insistió con el proyecto y encontró como principal aliada a Pérez Bonavita, otra de las diputadas de la comisión de Salud Pública. Incluso, durante su tratamiento allí, la iniciativa logró el respaldo del restante legislador de la coalición, el nacionalista Alfredo de Mattos. En la última sesión de la Comisión de Adicciones, Sodano aseguró que el proyecto cuenta con el respaldo del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas: “Le llegó al ministro, quien hizo cambios; o sea que tiene un apoyo del Ministerio de Salud Pública, porque ese proyecto llegó a dicha cartera y se trabajó en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social”.
En medio del debate por el proyecto, la semana pasada la entonces vicepresidente interina, Graciela Bianchi, recibió a los representantes de Madres del Cerro. La senadora nacionalista apoya el espíritu de la iniciativa y además les anunció a los integrantes del colectivo que trabajará para crear un equipo interdisciplinario sobre el tema de las adicciones, de la misma manera que el Parlamento lo hizo con el suicidio y las llamadas enfermedades raras.
