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En algunos países se los conoce como fondos de mecenazgo o de patrocinio. En Uruguay se llaman Fondos de Incentivo Cultural (FIC), fueron creados por ley en 2005 y comenzaron a funcionar en 2009. Mediante los FIC las empresas privadas pueden financiar proyectos culturales y a cambio obtienen del Estado beneficios fiscales.
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En 2016 la gestión de los FIC comenzó a manifestar problemas e irregularidades que llevaron a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, a pedir una investigación de la Contaduría General de la Nación (CGN). El 29 de julio en el programa No toquen nada(Del Sol FM), Laura Tabárez, contadora general de la nación, explicó que la investigación reveló “desprolijidades” y falta de “coherencia” en las planillas de Excel en las que se registraban los fondos y falta de “formalidades mínimas” en el libro de actas. Como consecuencia, la CGN no pudo establecer que los fondos se hayan destinado a proyectos culturales.
Si bien el informe trascendió recién en estos días, se había entregado a la ministra Muñoz en marzo de 2018. Luego comenzó una investigación de la Auditoría Interna de la Nación que confirmó las mismas fallas que el informe de la CGN y ahondó en detalles y recomendaciones.
Los FIC están a cargo del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos y Culturales (Conaef), que preside el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y lo integran los ministerios de Economía, Trabajo, Industria y Turismo, además del Congreso de Intendentes, las cámaras empresariales y representantes de los gremios artísticos.
Hasta mediados de 2018, el Conaef lo presidía Sergio Mautone, director nacional de Cultura, y la oficina encargada de la administración y gestión de los fondos la coordinaba la abogada Claudia Mera. Luego de la investigación de la CGN, ambos fueron relevados de esas obligaciones: Mera fue trasladada a tareas de gestión en el Museo Nacional de Artes Visuales y Mautone permanece solo como director de Cultura.
Consultada sobre su responsabilidad, Mera explicó a Búsqueda que el crecimiento de los fondos fue muy grande y que por ese motivo se empezó “a ir de las manos” el control de los proyectos. “Esto es personal, pero tuve algunos conflictos con promotores y gestores culturales y era demasiado estresante permanecer en ese cargo, entonces llegamos a un acuerdo para que yo pudiera trabajar en otro lugar”.
Con Mera trabajaban otras dos personas y ninguno era contador. “Recién en los últimos años el Conaef contrató contadores externos para hacer las revisiones de las rendiciones de los proyectos. Nosotros llevábamos los registros en una planilla de Excel y elaborábamos las actas, aunque no en el volumen necesario porque eran tantos los aportes que no dábamos abasto. Hicimos el mejor trabajo que pudimos y establecimos los controles en la medida de nuestras posibilidades”.
Según Mera, como no se podían controlar los proyectos tampoco se podía rendir cuentas sobre los fondos. “Yo misma llevé algunos proyectos a la DGI para que se controlara a las empresas que estaban con dificultades para rendir los fondos que cobraban”.
Otra visión tiene el arquitecto William Rey, quien integra una productora de contenidos culturales (BMR Productora Cultural) que recibe fondos para algunos proyectos. “Estos fondos son una herramienta clave para financiar y potenciar emprendimientos culturales. Es el resultado de una ley muy buena, pero ha tenido problemas serios, sobre todo en 2016 y en 2017”, explica. Esos problemas tenían que ver con la liberación de los fondos destinados a los proyectos. “Afectó muchísimo nuestro funcionamiento como productora y a todo el ecosistema cultural que implica, en este caso, también a la industria vinculante, a las imprentas y a la productora visual”.
Por estas irregularidades, Rey y sus socios solicitaron apoyo al senador Pablo Mieres, quien pidió un informe a la ministra y corroboraron que el fondo tenía mucho menos dinero que el que habían aportado las empresas. Fue entonces que la ministra Muñoz inició la investigación con auditoría y estableció cambios, entre ellos, pasó a presidir el Conaef Alejandro Denes, coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales.
“El MEC tomó medidas efectivas y todo se está ordenando con la llegada de Denes. Pero hay responsabilidades importantes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no tomó las mismas medidas. Su representante todavía integra el Conaef, cuando en realidad tuvo una omisión muy grande en el control. No puede ser que no se haya dado cuenta de que durante ocho años no hubo un balance”.
Rey, que también denunció destratos y abuso de autoridad, está de acuerdo con todo lo que informó la CGN, pero cree que las personas que tuvieron responsabilidad directa deberían ser sancionadas. Su empresa llegó a presentar una denuncia penal por las irregularidades, pero no tuvo consecuencias.
La representante del MEF en la Conaef es la contadora Magdalena Terra, quien rechazó hacer declaraciones a Búsqueda.
Por su parte, Tabárez, que fue la representante hasta 2016, se encuentra de licencia y no pudo ser contactada.
En estos momentos el Conaef está empezando un nuevo plan de acción. Denes, su presidente, afirma que el concepto de auditoría moderna es de asesoramiento para la mejora de la gestión, y justamente la gestión fue lo que falló en los últimos años.
En cuanto a las faltas de controles y quiénes fueron los responsables, Denes explica que la auditoría detectó que en la reglamentación de la ley no están claramente definidas esas responsabilidades. “En el plan de acción que estamos estudiando se establecen diferentes competencias. Entre ellas habría que definir mejor el rol del representante del MEF”.
Denes descarta “de plano” que haya habido desvío de fondos hacia rubros ajenos a lo cultural. “Aunque necesita ser mejorado, el sistema es muy transparente: se recibe el aporte de la empresa, se le otorga un beneficio fiscal y el dinero que aporta va a una cuenta para los proyectos”.
Con los FIC la renuncia fiscal del Estado es de $ 47.600.000 anuales. Las empresas hacen un aporte de unos 100 millones de pesos, pero la economía que se genera a partir de los proyectos financiados es muy superior.
Por su parte, Sergio Mautone considera que ocupó la presidencia del Conaef por una cuestión formal y que es mejor que ese cargo lo ocupe alguien que le pueda destinar tiempo de forma exclusiva. “Lo que se planteó a la luz de estas irregularidades administrativas fue borrar y empezar de nuevo”, dijo.
