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Brasil cerca de aprobar la persecución transfronteriza, clave para el combate de Uruguay al tráfico de armas y drogas
El acuerdo firmado entre los cancilleres del Mercosur permitirá que las policías cooperen para atrapar a los criminales que operan en la frontera. Foto: NDA.
Para inicios de 2018 el crimen en el Chuy había dejado de ser silencioso. Delitos típicos de la ciudad fronteriza como el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando en escala se hacían sentir con balazos y muertes. La tajada de dinero era demasiado grande para que los grupos criminales actuaran con discreción, por lo que empezaron a enfrentarse y a dejar sin respuesta a la Policía uruguaya. Los cadáveres se sumaban del lado de Rocha y los sicarios se escapaban a suelo brasileño, donde se movían con comodidad ante una fuerza policial debilitada y discontinua, sin interlocutor permanente para sus pares uruguayos, que quedaban aún más desamparados ante la falta de un marco jurídico, procesal y penal que les permitiera cruzar y actuar con respaldo en la frontera.
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La solución provisoria que devolvió la calma al Chuy fue la llegada de la Guardia Republicana y la huida de los jefes criminales a otras ciudades. La solución más definitiva está ahora cerca, luego de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, enviara al Congreso de su país un acuerdo de cooperación policial aplicable a los espacios fronterizos de los Estados miembros del Mercosur. El documento fue firmado por los cancilleres del bloque hace un año, pero necesita de la aceptación parlamentaria de cada país: en Uruguay fue votado en agosto por la Cámara de Senadores y está ahora a estudio de Diputados, que espera aprobarlo a inicios de 2021. En Brasil, Bolsonaro lo envió al Congreso el 2 de diciembre.
El documento reconoce “las peculiaridades de las zonas fronterizas existentes entre las partes, los desafíos que las mismas generan y las necesidades específicas que surgen para la administración y la efectividad en la prevención y represión de los delitos”, por lo que establece herramientas de apoyo técnico, intercambio de tecnología y ejecución de investigaciones, operaciones y diligencias conjuntas. Sobre el seguimiento de delincuentes, señala que las autoridades policiales de un país que “en su propio territorio estén persiguiendo a una o más personas que para eludir la acción de las autoridades sobrepasen el límite fronterizo, podrán ingresar en el territorio de la otra parte, en comunicación y coordinación con la autoridad policial de frontera de la otra, para efectuar la aprehensión preventiva de las personas perseguidas, la protección de los indicios y/o evidencias relacionados”.
Realizada la aprehensión, las autoridades policiales de la parte perseguidora entregarán inmediatamente a los delincuentes a las autoridades policiales del otro país. Las dos policías redactarán luego un acta conjunta de lo ocurrido, la cual será comunicada a la autoridad judicial competente en cada territorio, de acuerdo con su legislación interna. Las responsabilidades civil y penal que pueda tener cualquiera de las dos policías durante la persecución, se regirán bajo la ley de la parte en que se haya practicado la acción.
Ambos gobiernos consideran que esta reglamentación, que tiene un total de 12 artículos, es clave para combatir los delitos fronterizos, que en los últimos años muestran un aumento en el tráfico de armas y marihuana desde Uruguay a Brasil.
“La seguridad pública y el combate al crimen organizado internacional son temas absolutamente prioritarios para las sociedades de nuestros países. El narcotráfico, el tráfico de personas, el crimen ambiental, el contrabando, la corrupción y el terrorismo en varias facetas están aumentando su presencia y su poder en nuestra región”, señaló el martes 15 Ernesto Araújo, canciller de Brasil, durante la reunión del Consejo del Mercado Común. Araújo valoró que el Mercosur haya alcanzado convenios sobre seguridad pública en espacios fronterizos —intercambio de información, persecución transfronteriza, orden de prisión y entrega de prisioneros, traslado de condenados y asistencia jurídica en materia penal— porque “facilitarán la actuación de las autoridades policiales y acelerarán la actuación penal”.
El canciller fue quien firmó el acuerdo de cooperación policial en representación de Brasil hace un año cuando la propuesta tuvo consenso en la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur organizada en Bento Gonçalves.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Yallah
La frontera con Brasil dejó de ser solamente una puerta de entrada para el contrabando o para negocios con drogas de uruguayos residentes en Santa Catarina que acopiaban marihuana procedente de Paraguay. En setiembre, 50 integrantes de la Policía Federal de Brasil llevaron adelante la Operación Yallah para desarticular una asociación criminal afincada en el Chuy y especializada en evasión de divisas, operaciones cambiarias ilegales y blanqueo de capitales. Entre 2016 y 2018 la banda realizó operaciones por alrededor de US$ 4,5 millones entre distintas cuentas bancarias, usando como fachada empresas fantasma en el Chuy, Santa Vitória do Palmar y Uruguayana.
Además del acuerdo de cooperación policial fronteriza, Brasil intenta institucionalizar la Red de Cooperación Penitenciaria del Mercosur (Redcopen), creada en 2019 para facilitar el intercambio seguro de datos e información penitenciaria con el objetivo de intensificar la lucha contra las organizaciones criminales y la delincuencia transnacional. “Traerá a todas nuestras acciones más seguridad jurídica”, dijo Tercio Tokano, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, durante la última reunión de Ministros de Justicia del Mercosur en noviembre.
Por lo pronto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública inició el martes 1° un curso sobre “seguridad multidimensional en fronteras” del que participan agentes policiales uruguayos. El curso, hecho junto con la Universidad de San Pablo, concluye el 29 de enero y aborda el funcionamiento del crimen organizado y la estructura operativa de los mercados ilegales en regiones fronterizas, buscando reducir las diferencias entre las fuerzas policiales que atienden el tráfico de drogas, armas, personas y animales, y el comercio de productos falsificados y de contrabando.
