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Cabildo Abierto aplica un “enfoque carcelario” en la atención de adolescentes infractores, cuestiona directora del Inisa
La jerarca en representación del Frente Amplio advirtió sobre el cierre de convenios que daban oportunidades laborales a los adolescentes y sobre una apuesta a reducir los gastos y eliminar proyectos educativos
Andrea Venosa. Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) es uno de los organismos más nuevos de la administración y este año tiene una peculiaridad para la realidad uruguaya: las tres personas que integran su dirección son mujeres. La coalición de gobierno tiene la mayoría en el organismo con la presidenta Rosanna de Olivera (Cabildo Abierto) y la directora Sandra Etcheverry (Partido Nacional), mientras que el rol de contralor está a cargo de Andrea Venosa, del Frente Amplio.
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Venosa, integrante del sector Casa Grande, es una abogada que hasta comienzos de este año se desempeñaba como asesora legal del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Especializada en derechos humanos, género y temas de infancia y adolescencia, Venosa hizo un seguimiento de las políticas que se aplicaron en el Inisa en el periodo anterior.
Por eso, ahora está preocupada por el nuevo rumbo que le “está dando Cabildo Abierto” a la gestión en el Inisa. La presidenta De Olivera tiene un enfoque de “seguridad”, en lugar de uno basado en el trabajo socioeducativo de los menores, sostuvo. “Creo que no es el adecuado, tenemos que formar en la perspectiva de derecho, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los estándares internacionales”, dijo Venosa a Búsqueda.
“El Inisa no es solo un lugar de seguridad, sino que es un organismo que debe implementar políticas públicas para el desarrollo de los adolescentes que han atravesado una situación de conflicto con la ley. El Inisa se venía formando en este paradigma de poder generar oportunidades a los adolescentes y darles la oportunidad que no se les dio desde la sociedad en toda su trayectoria hasta que cayeron en una red delictiva. Estas son redes que están en el entorno, en los barrios, y los chiquilines caen en esas redes porque no ven otra oportunidad”, afirmó.
Los adolescentes que son derivados al Inisa provienen de familias fragmentadas, con padres ausentes, muchos de ellos privados de libertad y en contacto con el micronarcotráfico o la prostitución en el caso de las mujeres, explicó la jerarca. Debido a esto, el Inisa venía trabajando con un equipo que estaba profesionalizándose para dar a los adolescentes que ingresan al sistema una “batería de medidas para que se puedan desarrollar dentro de la institución y tengan herramientas para el egreso”.
“Esta nueva administración, la de Cabildo Abierto, lo que hace es barrer con esa área y se elimina ese procedimiento y esa forma de trabajar. Se apunta a un sistema más carcelario, se nombra incluso a una asesora del sistema penitenciario y se enfoca mucho en la seguridad con un enfoque empresarial y no de política social”, sostuvo Venosa.
Ese “enfoque empresarial”, dijo, apunta a “ajustar los gastos” y rescindir algunos programas que se realizaban a través de convenios con organizaciones. Venosa informó que con Etcheverry lograron revertir la idea de dejar de lado un convenio con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) para brindar una serie de talleres sobre electricidad, gastronomía y serigrafía a los adolescentes.
“Traíamos una línea estratégica clave en la capacitación continua, pero la presidenta pone un enfoque en la capacitación en seguridad acordando con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio del Interior”, sostuvo Venosa, quien aseguró que esos mismos organismos advirtieron al Inisa que ese no debería ser su trabajo.
Ante los reclamos de mayor seguridad y posturas punitivas hacia los adolescentes, Venosa dijo que tanto las investigaciones nacionales como internacionales demuestran que “a mayor encierro se genera mayor conflictividad. Cuanto más encierro tienen los adolescentes ya está comprobado que van a ser reincidentes en el delito”.
Según los estudios, agregó, los encierros por un corto periodo —no más de ocho meses— pueden servir para trabajar con el adolescente a fin de que se haga responsable de lo que hizo y vea que hay alternativas a delinquir. Pero el camino es “generar oportunidades” para esos jóvenes, porque si luego de salir vuelve a su barrio y a las mismas “redes delictivas”, su vida no va a cambiar, advirtió.
Venosa se mostró preocupada también por la reducción de algunas de las becas laborales que existían para los jóvenes del Inisa. Por ejemplo, informó que se cayeron acuerdos con el Ministerio de Transporte y con OSE que tenían el fin de dar oportunidades de empleo. Actualmente están trabajando para mantener un convenio similar con UTE.
“El sistema ahora está superdebilitado, está congelado totalmente. Pedimos una reunión con el director del Inju (Instituto Nacional de la Juventud) para volver a reactivar. Con el Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) se aprobó un convenio marco pero no hay presupuestación atrás”, señaló. “Con la reducción del presupuesto, empezaron a recortar las becas y el gasto ahí es mínimo, y no se entiende que con eso se está contribuyendo mucho a las generaciones de hoy y del futuro”, afirmó.
Venosa informó que a la fecha hay 314 adolescentes privados de libertad, cuando en junio pasado había 266. “Semana a semana va aumentando la cantidad de adolescentes en el sistema”, aseguró, y vinculó el fenómeno a los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración respecto al endurecimiento de las penas para los menores que delinquen.