Cabildo Abierto culpa al Poder Ejecutivo por incumplir lo “primordial” en seguridad pública

Cuatro años después, desde las filas cabildantes entienden que el Poder Ejecutivo desatendió sus reclamos e incumplió parte “primordial” de los compromisos electorales asumidos por la coalición gobernante. Sus propuestas en materia de seguridad no fueron incorporadas por las sucesivas gestiones del Ministerio del Interior encabezadas por representantes del Partido Nacional. Así es que los liderados por Manini Ríos no lograron convencer con sus planteos a Jorge Larrañaga primero, ni luego a Luis Alberto Heber ni ahora a Nicolás Martinelli.

Los cabildantes afinan ahora su propio plan de seguridad, que, como adelantó Búsqueda, incluye “blindar” las fronteras para atajar al crimen organizado trasnacional; reforzar las seccionales policiales; crear varias cárceles de máxima seguridad para presos “pesados”, e implantar el trabajo obligatorio entre los reclusos. Estas son algunas de las “ideas fuerza” del documento Un país habitable y disfrutable que integrará el programa electoral de Cabildo Abierto hacia las elecciones nacionales.

El equipo técnico cabildante a cargo de seguridad es coordinado por el coronel retirado Antonio Romanelli, lo integran una veintena de comisarios retirados de la Policía y en él colabora el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, entre otros asesores.

Gómez Arbiza detalló parte de las propuestas cabildantes durante una charla el viernes 16 en un local partidario de Salto, acompañado por el también comisario retirado Julio Rodríguez y a invitación del diputado Rodrigo Albernaz. Este asesor cabildanate, licenciado en seguridad pública, se integró al partido en 2020 tras militar en el sector nacionalista Aire Fresco, junto con el hoy director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé, elaborando el programa de gobierno.

El gran psicólogo

Durante su charla en Salto, Gómez Arbiza dijo que fue víctima junto con “muchos” oficiales retirados de una “purga” interna que hizo el Frente Amplio para sacar de la fuerza policial a los llamados “dinosaurios”, provocando así una “grieta” entre la nueva y la vieja guardia.

“La estrategia utilizada por esa administración (encabezada por el entonces ministro Eduardo Bonomi) fue, llamémosle, no sutilmente, una ‘purga’ para sacar a las generaciones más veteranas de la Policía en los grados de oficiales y de personal subalterno, suboficiales”, próximos a su retiro, comentó el comisario retirado. “El Frente Amplio motivó una grieta” que enfrentó “a la Policía vieja contra la Policía nueva”, aplicando una “metodología” que, según resumió, “se basó en decir que los viejos (policías) eran dinosaurios” y que tenían ideas “perimidas”.

Esa “grieta” quebró “la transmisión de conocimiento” entre las generaciones sobre las prácticas policiales que no solo se aprenden en el aula sino también en el terreno, explicó luego al ser consultado por Búsqueda. El comisario retirado sostuvo que “el deterioro” de la Policía empezó en 2010, cuando se reorganizó la Guardia Republicana, siguió con “la disolución” del cuerpo Radio Patrulla y la Dirección de Grupo de Apoyo y se acentuó con los cambios de la Ley Orgánica Policial, en 2016, que atenuaron las “potestades” de las seccionales para investigar y combatir el delito de manera más proactiva.

Ya durante el actual gobierno, Gómez Arbiza lamentó que Cabildo Abierto “no haya podido incidir” en materia de seguridad, porque lo han mantenido “lejos” del poder de decisión, y consideró “grave” que el socio mayoritario no le haya dado participación en “la parte ejecutiva” de un área tan sensible para la población.

“No estamos exagerando ni criticando sin fundamento. Se firmó un compromiso en 2019 y se debió haber cumplido en su totalidad y de una forma más proactiva”, aseguró a la militancia salteña, en nombre del partido de Manini Ríos. En diálogo con Búsqueda completó: “El Ministerio del Interior es como un gran psicólogo que nos escucha y nos promete considerar nuestras ideas, pero no toma ninguna medida para resolver el problema”.

Evitar otro Rosario

Uruguay presenta “vulnerabilidades” que facilitan la acción del crimen organizado transnacional, sobre todo a través del movimiento portuario y fronterizo, apuntó Gómez Arbiza. Su colega, el comisario retirado Gustavo Sánchez Paleo, que también integra el núcleo duro del equipo cabildante en seguridad, detalló a Búsqueda la idea de proteger la frontera para evitar que el narco “conquiste” territorios mediante extorsiones, secuestros y asesinatos, como sucede “a gran escala” en países como Colombia, México, Ecuador, Argentina o Paraguay (Búsqueda N° 2.261).

La ciudad de Rosario, en Argentina, registró la cifra récord de asesinatos en 2023 —22 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras la media nacional fue de 4,2—, lo que Gómez Arbiza adjudicó a la “colonización” del narco, cuyo “punto más álgido” ubicó en la ruta de la droga a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Uruguay no es un territorio “hostil” para las actividades criminales transnacionales, dijo el experto, pensando en “evitar otro Rosario”.

El objetivo “no es eliminar” las bandas criminales sino impedir que se establezcan en el país y que desvíen su actividad a otros lugares. La estrategia consiste en establecer un “blindaje” por “capas” —una es la vigilancia fronteriza, otra es la del control de rutas hacia el sur y vías de salida de la droga— y fortalecer la inteligencia con enlaces locales y regionales.

Cuando el narco “coloniza” territorios tiende nexos con sus pares locales y entonces se asocian para compartir o compiten por este “nicho de negocio”, indicó Gómez Arbiza en Salto. Dijo que esto pasó en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, donde hubo “guerras” entre bandas locales, y señaló la ciudad fronteriza de Santana do Livramento, por la presencia de grupos de Brasil como Primer Comando Capital u Os Manos.

Trabajar entre rejas

El combate al delito también implica mejorar “fuertemente” el sistema carcelario con la creación de una o varias cárceles de máxima seguridad, con inhibiciones de señales de celular y un régimen penitenciario “más radical” que incorpore el “trabajo obligatorio” para los privados de libertad, propone Cabildo.

Uruguay tiene alrededor de 15.000 presos, es uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita, y además hay cerca de 20.000 personas en vigilancia o prisión domiciliaria cuyo control “no es eficaz porque faltan técnicos”, advierten desde la colectividad cabildante.

Ya en la pasada campaña electoral, Romanelli, el coordinador de seguridad cabildante, expuso la necesidad de implantar el trabajo en cárceles, según informó Búsqueda.

Otros ejes de Cabildo son atender y potenciar los equipos técnicos para la reinserción social de quienes cumplieron su condena, fortaleciendo a la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) y apoyando a familias desprovistas de un referente que pueda sustentar su supervivencia.