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“Tenemos que ser muy cuidadosos de los dineros públicos, no puede haber excesos que a veces se dan en la Administración”, dijo el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, el viernes 2 entrevistado en el programa Periodistas de Televisión Nacional Uruguaya (TNU). “Ahora, por ejemplo, hay una propuesta de subirles los salarios a los directores de empresas públicas, y nosotros no estamos de acuerdo, ya lo dijimos”, afirmó el ex comandante en jefe del Ejército, en referencia al proyecto del Poder Ejecutivo de aumentar los sueldos de los presidentes de los directorios de empresas públicas hasta llegar a 85% de lo que cobra un ministro de Estado, que percibe $ 277.000 por mes.
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Manini Ríos prometió en campaña y después del triunfo de la coalición multicolor que buscaría topear los sueldos públicos “del presidente para abajo”, porque “no puede haber sueldos de país rico en un país endeudado y pobre”, según dijo a El País en noviembre del 2019, y entonces también planteó reducir al tercio la cantidad de senadores y diputados. “Todo eso sigue en pie”, aseguró ahora, alineado al discurso partidario de austeridad y de “la preocupación por los más frágiles” que a su juicio obliga a “apretarse el cinturón” en el ámbito político.
En paralelo a los anuncios de austeridad de su líder, CA designó en cargos públicos a decenas de militares retirados, muchos de ellos coroneles, quienes así obtienen dos ingresos de las arcas del Estado: su salario como jerarcas y su jubilación.
Alrededor de $ 200.000 mensuales de jubilación, en promedio, cobran los coroneles retirados del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como los capitanes de navío de la Armada. La pasividad promedio de los oficiales superiores a enero de 2020 asciende a $ 182.367, la de los jefes y oficiales es de $ 79.240 y la del personal subalterno $ 29.190, sin contar asignaciones complementarias. De esta forma oficiales y jefes, y oficiales superiores exceden largamente el promedio de haberes de retiro del país.
Así, por ejemplo, los coroneles retirados que ocupan cargos jerárquicos en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial designados por CA cobran esa pasividad que ronda los $ 200.000 más el salario por sus nuevos cargos públicos: Gabriel Albornoz, director general de Secretaría del MVOT, $ 178.102; Norbertino Suárez, director de Ordenamiento Territorial, $ 152.569; Gonzalo Reissig, jefe de Gabinete, $ 150.000; y Rody Macías, coordinador del Plan Juntos, $ 141.561.
El también coronel retirado Gustavo Fernández recibe un sueldo nominal de $ 223.587 como gerente general de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
A estos se suman, entre otros, el teniente coronel retirado Nelson Gianoni, jefe del Departamento de Comunicación de la ANV, con un sueldo $ 142.736; el teniente equiparado Jorge Perini, director nacional de Vivienda, $ 152.659; y el mayor Luis Alberto Loureiro, presidente del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), $ 182.734, según los datos extraídos de la web ministerial, que corresponden al piso de algunos sueldos, ya que en algunos casos reciben compensaciones que oscilan entre $ 15.000 y $ 20.000.
Algo similar ocurre en otras reparticiones y ministerios, como en el de Defensa, donde, además de Cabildo Abierto, también el Partido Nacional designó a varios militares jubilados. Entre estos jerarcas cabildantes también hay varios coroneles retirados: Rivera Elgue, subsecretario, recibe un sueldo nominal de $ 235.276; Gustavo Figueredo, director de Recursos Humanos, $ 114.264, y Alejandro Bordagorri, director de Formación Militar, $ 86.454.
En tanto, el general Manini Ríos y el coronel retirado Raúl Lozano, además de las máximas pasividades militares, cobran un salario nominal de $ 276.801 como senadores. Manini Ríos dijo públicamente que dona su salario de legislador a una organización social que presta ayuda a jóvenes adictos a las drogas, a sugerencia de la diputada cabildante Elsa Capillera. Según supo Búsqueda, se trata de Fazenda de la Esperanza Monte Carmelo, un centro de inspiración católica inaugurado en agosto pasado en Punta de Rieles que integra una red de comunidades para la rehabilitación originada en Brasil.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El régimen diferencial
Las jubilaciones de los militares ha sido un asunto recurrente en la discusión pública desde la reapertura democrática, en particular por las pasividades que reciben los altos mandos castrenses y por un régimen diferencial: los militares no tienen topes jubilatorios iguales al resto de los ciudadanos, pueden retirarse a edades más tempranas y seguir trabajando en la actividad pública o privada. Al jubilarse, además, pasan a cobrar automáticamente según el grado inmediato superior y se retiran con el 100% del sueldo, amén de eventuales beneficios adicionales, por ejemplo, en caso de haber ejercido la docencia militar.
Este régimen jubilatorio, en el que además la relación entre los pasivos y los activos militares es muy desequilibrada, explica en parte por qué el Estado debió inyectar casi US$ 449,9 millones en 2019 para cubrir el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como Caja Militar.
En 2018 se aprobó la ley de reforma de la Caja Militar, aunque fue menos ambiciosa de lo proyectado por el gobierno del Frente Amplio.
