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Aunque las autoridades económicas tienen reparos sobre los resultados que han tenido los contratos de participación público-privada (PPP) surgidos en los períodos del Frente Amplio, algunos proyectos ya se encuentran en fase avanzada de tramitación y cortarlos podría causar tensiones en materia de infraestructura, entre otros problemas. En ese contexto, el gobierno propuso subir el tope legal que rige para esta modalidad de concesión.
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Más aún, de no aprobarse en el Parlamento el aumento del límite fijado a los pasivos que asume el Estado por las obras y servicios contratados bajo este esquema, caerán las adjudicaciones provisionales de varias iniciativas. Así lo advirtió la directora de la oficina de PPP del Ministerio de Economía (MEF), Silvina Panizza, a los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza la iniciativa presupuestal.
La Ley 18.786, de 2011, incluye un porcentaje máximo para los contratos PPP fijado como relación del Producto Bruto Interno (PBI) con el fin de controlar la capacidad de pago a largo plazo. Establece como tope que el total de pasivos firmes y contingentes originados por estos contratos, calculado a valor presente neto, no podrá exceder el 7% del PBI del año inmediato anterior; también limita en hasta 5‰ (cinco por mil) del Producto los compromisos anuales con los contratistas privados. El proyecto presupuestal propone llevar los topes a 9% y a 7‰ del PBI.
“En ese momento se estableció una cifra inicial con objeto de ser revisada una vez consolidado el programa de participación público-privada en Uruguay”, alegó la jerarca en su comparecencia del miércoles 18. Casi una década después de vigencia de aquella ley, “resulta necesario adecuar el tope” para “poder contemplar los proyectos solicitados, pero manteniendo, en simultáneo, niveles de responsabilidad fiscal que no comprometan la capacidad de pago del país”, añadió.
Si no se eleva el tope, los contratos de adjudicación de cuatro PPP no podrían ser firmados. “Esto, claramente, reduciría la concreción de obras de gran relevancia para el país, tanto en términos de infraestructura vial como en términos de infraestructura educativa, en un contexto en que dichos proyectos ya han transitado varias etapas relevantes”, dijo Panizza.
Según la información que publica el MEF, entre las adjudicaciones provisorias figuran, por ejemplo, dos circuitos viales, uno para la rehabilitación y mantenimiento de 71 kilómetros en la Ruta 6 y otro de 191 kilómetros en las rutas 14 (tramo Sarandí del Yí-Lascano) y 15 (Lascano-Velázquez), en ambos casos por 20 años.
Según la información publicada por el MEF al 5 de octubre pasado, el portafolio de proyectos bajo la modalidad PPP involucraba inversiones por US$ 1.853 millones en total: US$ 655 millones de obras viales; US$ 266 millones de infraestructura educativa; US$ 93 millones en la cárcel de Punta de Rieles; y US$ 839 millones en el Ferrocarril Central.
A través de las PPP, el Estado encarga a un privado, por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de una infraestructura —o alguna de dichas prestaciones—, además de la financiación. El contratista cobra por la obra o el servicio durante el tiempo que dure el contrato.
