Antes de su última reforma, en 2008, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) estaba en un estado crítico porque, según las estimaciones, sus reservas se agotarían al año siguiente. Los cambios que hubo en el sistema bancario y la caída en la cantidad de bancos en plaza explicaban, en parte, el deterioro financiero de ese instituto paraestatal. Quince años después, la CJPB se encuentra en una situación financiera similar y admite estar en una “carrera contra el tiempo”: sus reservas financieras se agotarán en los primeros meses de 2024 o incluso antes.
La reforma del 2008 estableció tres etapas para las finanzas de esta caja. La primera estuvo caracterizada por resultados operativos positivos y de acumulación de reservas. Esta fase llegó hasta 2017 y a partir del año siguiente comenzó a registrar números rojos: en 2018 las pérdidas fueron de US$ 4,6 millones y aumentaron todos los años. En 2022, el resultado fue negativo en US$ 56,4 millones. Aunque estos consecutivos déficits se previeron en aquella ley del 2008, fueron superiores a los proyectados.
Las autoridades de la CJPB explican que esta situación se debe a la “falta de reposición de vacantes en el sistema financiero”, a una caída en la recaudación de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) —un recurso parafiscal que cobra la caja correspondiente a un aporte patronal— dada por la “apreciación cambiaria” y al aumento del uso de tecnologías “sustitutivas de la mano de obra”, que derivó en una caída de los aportantes. Estos tres motivos trastocaron las proyecciones iniciales de la caja y aceleraron sus déficits, lo que lleva a que sus reservas se agoten en un corto plazo, menor al previsto.
El fondo financiero de este instituto —es decir, los recursos de los que dispone— al cierre del 2022 tenía US$ 60,6 millones. Durante ese año, la CJPB recaudó US$ 539,6 millones y tuvo egresos por US$ 596 millones. Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, las reservas de la CJPB se agotarán en octubre. Durante 2022, se utilizaron, en promedio, $ 195 millones por mes en reservas (cerca de US$ 5 millones).
La caja presentó estos datos y explicaciones en un informe enviado a la comisión que estudia la reforma de la seguridad social en Diputados al que accedió Búsqueda.
Planteos
La reforma previsional que discuten los diputados establece cambios para todos los subsistemas que apuntan a igualar las condiciones de cada uno e instalar un sistema único previsional. Pero el gobierno definió que, una vez aprobada esa ley, el Parlamento tratará un proyecto específico sobre la CJPB, en el entendido de que precisa cambios particulares y en plazos más cortos que los previstos para la reforma general.
Para redactar este proyecto específico se creó, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un grupo de trabajo integrado por autoridades de la CJPB, sus asesores, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, la Asociación de Bancos Privados, la consultora CPA y miembros del Poder Ejecutivo. Incluirá los cambios paramétricos que se establecieron para el régimen general, pero con una gradualidad más abrupta, informó a Búsqueda una fuente al tanto de las negociaciones. Así, la edad exigida para la jubilación de los empleados bancarios aumentará inicialmente a 63 años y luego a 65, y la tasa de reemplazo —la pasividad que se cobrará en relación con el salario actual— bajará de 50% a 45%, por lo que las prestaciones serán menores. (*)
La CJPB le presentó al Ejecutivo una “serie de alternativas” para cubrir las “necesidades de fondeo de corto plazo”. Según el informe que entregaron a los diputados, lo hicieron a través de dos asesores, Gabriel Oddone, de CPA, y Julio Pose. El texto afirma que se presentaron “varios escenarios” y “combinaciones” de las medidas.
El instituto paraestatal propuso que la tasa de la PCP que pagan los bancos se lleve a su máximo legal, lo que implicaría un aumento de 0,025% a 0,04%. Otra de las soluciones es la venta de los activos forestales que tiene la caja, que le permitiría “obtener liquidez bajo diversas modalidades contractuales”.
También plantearon “solicitar un adelanto” sobre el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), que la caja vierte a Rentas Generales por sus afiliados, hasta que vuelva a tener superávit. Durante el año pasado la CJPB retuvo el IASS de sus afiliados por $ 2.868 millones, una cifra mayor al déficit que registró el organismo.
La cuarta medida planteada es la emisión por parte del gobierno de bonos en unidades previsionales, “en virtud de que la caja tiene capacidad de repago futura”. También dejaron abierta la posibilidad de “implementar algún otro aporte extraordinario”.
La CJPB aclara que algunas de estas medidas tienen impactos inmediatos, mientras que otras requieren de más tiempo para implementarlas, pero que todas requieren de “la voluntad del Poder Ejecutivo”. Cobrarles a los bancos la tasa máxima necesita un decreto, la emisión de un título de deuda de una “eventual garantía soberana, de la intervención de distintos poderes del Estado”, como sucede también con un “adelanto o préstamo sobre el IASS” que retiene la caja.
Sus autoridades sostienen que reconocen la “necesidad de fondos adicionales” a los que estaban previstos y que su directorio tomó “acciones concretas” para paliar la situación, dentro de sus potestades. Estas alternativas no necesariamente implican “una carga adicional a las arcas públicas”, aseguran. Y cuestionan: “Se ha recorrido, y se continúa recorriendo, en una carrera contra el tiempo, un camino de diálogo entre quienes tienen las soluciones a su alcance, que, a la fecha de este informe, no han aparecido”.
Rechazo bancario
La propuesta de aumentar la tasa de la PCP que pagan las instituciones financieras es rechazada por los bancos privados. La presidenta de su asociación, Bárbara Mainzer, dijo en El País que si bien con el aumento de impuestos se podría “resolver” el desfinanciamiento, esta solución es “peligrosa”.
“Aumentar la carga sobre los bancos atenta contra la sostenibilidad del sistema financiero y, en definitiva, de la Caja Bancaria”, argumentó la ejecutiva, entrevistada en el suplemento Economía & Mercado a fines de marzo.
La recaudación de la CJPB por la PCP fue de $ 5.925 millones en 2022 (US$ 148 millones) y representó el 28% de sus ingresos totales. La caja estimó que si la tasa que pagan los bancos se hubiera llevado al máximo, la recaudación se habría incrementado en un 45% (US$ 66 millones adicionales), lo que hubiera significado un 12,6% más de ingresos operativos. “Este incremento de los ingresos habría superado el desequilibrio respecto de los egresos, con lo que el instituto habría cerrado el año con superávit”, afirman sus autoridades.
La PCP que pagan las instituciones financieras se determina con base en los activos que tienen en el país y se restan de ese monto sus depósitos en el Banco Central y la diferencia entre los activos uruguayos y los pasivos por obligaciones con no residentes.
Posible “absorción”
La CJPB —al igual que la de Profesionales Universitarios— tendrá su propio proyecto de ley de reforma. Sin embargo, varias disposiciones presentes en la reforma general la afectan y fueron cuestionadas por sus autoridades. Esta crea como servicio descentralizado una agencia reguladora de los sistemas previsionales; para la CJPB, esa entidad “contará con amplias potestades de actuación, lo cual implica una pérdida de autonomía no solo por ser un instituto regulado, sino incluso con la potestad de ser intervenido o absorbido por el BPS”.
La Caja Bancaria también cuestiona que todos los nuevos trabajadores comiencen a aportar de forma obligatoria a una administradora de fondos previsionales (AFAP), según lo establecido en la reforma general. Conforme con sus estimaciones, el costo de la “transición” que tendrá pasar del sistema actual a uno mixto es de US$ 2.113 millones en un lapso de 40 años.
(*) La versión original fue ajustada incorporando la instancia de los 63 años como una etapa intermedia para llegar a los 65.
