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    jueves 20 de junio de 2024

    Caja de Profesionales planea pedir un préstamo estatal para pasar el 2025

    El presidente del organismo paraestatal propuso ampliar la duración de los contratos forestales y ganaderos que tiene la caja y usarlos como “garantía” para solicitar la asistencia financiera

    Por falta de acuerdo en el Parlamento, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se quedó sin la reforma que sus autoridades creían necesaria para mejorar sus números. La propuesta —que incluía el aumento del aporte de los activos y un descuento a las jubilaciones— deberá ser discutida en el próximo período de gobierno y, mientras tanto, los directores buscan alternativas para fondear a la entidad durante la transición.

    Una de las medidas temporales se cristalizó en un proyecto de ley que ya ingresó al Parlamento y propone una refinanciación de las deudas de los profesionales por concepto de aportes, lo que mejoraría los ingresos de la caja. En paralelo, el presidente Daniel Alza presentó en abril en el directorio una serie de propuestas para discutir. “La idea es buscar soluciones para el instituto y brindarle una mayor amplitud financiera con lo que tenemos”, justificó ante sus colegas.

    La Asesoría Técnica de la CJPPU ha alertado que las reservas financieras de las que dispone serán suficientes para cubrir el déficit operativo hasta el primer trimestre de 2025 en el escenario menos favorable y hasta noviembre de ese año en el panorama más optimista.

    Ante este deterioro, Alza trasladó al directorio sus propuestas para tratar en diferentes etapas. Uno de los puntos que planteó es “conseguir efectivo en el corto plazo” a través de un préstamo. Para hacerlo, la CJPPU necesitaría “garantías reales”, admitió Alza. “Es así que pensamos en una adenda de los contratos que tenemos firmados con los campos propiedad de la caja. Una adenda por un plazo mayor del que está establecido en ellos. Una vez lograda, utilizarla como garantía a la hora de pedir el dinero al Poder Ejecutivo”, detalló.

    El presidente de la CJPPU expresó que pretende que se “habiliten las conversaciones” con los arrendatarios forestales y ganadores para comprobar si es viable “aumentar el plazo original del negocio” de 15 a 30 años. “Con el dinero generado en ese período se cubrirían las necesidades correspondientes al año 2025 en adelante, una vez que se vayan agotando las reservas financieras”, argumentó.

    El director Luis González, uno de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio, dijo que tiene “dudas” sobre la propuesta de obtener fondos a través de un préstamo o un fideicomiso. “Debemos tener mucho cuidado, ya que conseguir dinero adelantado implica que luego hay que pagar, y ese dinero que se recibe de renta lo estamos utilizando íntegramente para intentar pagar nuestras obligaciones, y no llegamos”, argumentó.

    González, contador de profesión, advirtió que la CJPPU debe pensar que habrá “dinero de otra fuente” para asegurar que se lograría cumplir con el pago del eventual crédito. “El acreedor lo va a cobrar, pero nosotros no tendremos ingresos. Y si la caja sigue funcionando como hasta ahora, le faltarán ingresos”, expresó. El director aclaró que no estaba rechazando esta alternativa, sino que su comentario tuvo el sentido de una advertencia, para ser “cuidadosos”.

    Alza le contestó que su intención era “plantear algo diferente” que sea estudiado por todos los directores y que se analicen los pros y los contras. “Es necesario traer propuestas nuevas que anteriormente no habíamos considerado. Es una herramienta que actualmente podemos llevar adelante”, insistió el presidente.

    La CJPPU tiene un contrato con la sociedad anónima Forestal Oriental de compraventa de montes en pie, de arrendamiento rural (forestal y ganadero) y de prenda. Por estos negocios, en el ejercicio 2023 recibió US$ 2,5 millones. Sus campos están en Florida y Cerro Largo, donde el año pasado se realizaron tareas de cosecha y replantación.

    Los ingresos mensuales de la CJPPU eran equivalentes a US$ 35,8 millones a finales de 2023, mientras requería US$ 39,2 millones para pagar sus prestaciones. Para cubrir ese déficit mensual de US$ 3,4 millones, el instituto paraestatal debe vender reservas.

    En declaraciones publicadas el lunes 27 por El Observador, Alza dijo que este resultado negativo debe ser cubierto con un “préstamo o una capitalización” y aseguró que ya se presentaron las propuestas al gobierno.

    Planteos repetidos

    Hay algunas ideas que, por reiteradas, se convirtieron en viejas batallas del Directorio de la CJPPU. El presidente insistió en la intención de la institución de “redireccionar” el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que pagan algunos jubilados a los “organismos que se encuentren en situación deficitaria”. En este caso, se destinaría un porcentaje del tributo que pagan los pasivos profesionales a su caja. Sería “por un período determinado y bajo determinadas condiciones”. Esta propuesta ha sido resistida por el gobierno.

    La CJPPU también ha reclamado aumentar la recaudación a través de una suba del costo de los timbres profesionales, lo que tampoco tuvo el aval del Ejecutivo. Alza insistió con que es necesario un “rediseño” de este artículo de la ley orgánica y planteó que se requiere “estudiar las exoneraciones previstas en la ley”. También expresó que se debería modificar el criterio de ajuste del valor de los timbres, que en la actualidad se hace según la inflación.

    Las propuestas que presentó a sus compañeros de directorio no son en su totalidad de aplicación inmediata. Algunas quedarán para una segunda o tercera etapa. Por ejemplo, la de volver a estudiar “alguna contribución de los pasivos”. Esta opción estaba incluida en el proyecto de ley que llegó al Parlamento y establecía el cobro en promedio de un 7% a los jubilados, pero no tuvo los votos para ser aprobado por resistencias entre los partidos del oficialismo. En los hechos, es un impuesto a las jubilaciones. “Se trataría de replantear el asunto y discutirlo”, dijo Alza.

    Los afiliados a la CJPPU no aportan según la facturación real de su actividad sino con base en un salario ficto, que se define según 10 categorías. El directorio del instituto también pretende que esta cantidad se amplíe a 15, porque entiende que así podrían captar a los profesionales más jóvenes que recién entran al mercado laboral.

    Por otro lado, Alza consideró necesario un aggiornamiento del sistema para que los profesionales que se jubilan puedan seguir trabajando. Esto ya estaba previsto en la ley orgánica de la caja, pero debe ser adecuado a la compatibilidad entre trabajo y jubilación aprobada en la última reforma previsional.

    A su vez, en la CJPPU estudian un “rediseño institucional” impulsado por el director por los pasivos, Odel Abisab, y el representante de los activos Fernando Rodríguez Sanguinetti. Alza informó que varios gerentes están trabajando para “optimizar el tiempo” y los “recursos humanos” en la entidad paraestatal.

    Economía
    2024-05-29T18:28:00