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Desde que asumió en diciembre de 2021, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Profesionales Universitarios (CJPPU) estuvo “batallando” contra las opiniones de afiliados que consideraban que la existencia de este instituto paraestatal no tiene sentido. El inicio de la gestión de las nuevas autoridades se vio marcado por un “efecto negativo explosivo” en la opinión pública dado por el anuncio de las primeras medidas antipáticas, recordó el vicepresidente de la institución, Daniel Alza. “Ahí no se sabía si la caja seguía o no. E incluso hoy hay gente que es escéptica”, complementó la presidenta Virginia Romero, en diálogo con Búsqueda.
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Al poco tiempo de asumir, se creó un grupo en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para analizar una “ley exprés” con modificaciones específicas para esta caja, más allá de las modificaciones que incorpora la reforma jubilatoria general. El trabajo en esta órbita finalizó el viernes 22, cuando el Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que introduce cambios en la CJPPU.
El texto incluye el aumento de la tasa de aportes de los activos de 16,5% a 19%, una “contribución pecuniaria” de los jubilados (que dependerá de los ingresos, pero que en promedio es del 8% de la pasividad) y otros cambios paramétricos, como el aumento de la edad de retiro a 65 años, de los años considerados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio (de 3 años a 18) y la extensión de 10 a 15 categorías de sueldos fictos.
Uno de los últimos puntos que se trató en la órbita del MTSS fue sobre la asistencia financiera estatal que requeriría esta caja. El Poder Ejecutivo estima que aportará unos $ 2.000 millones en total (US$ 52 millones) para un período de entre 10 y 14 años, y condiciona ese desembolso a un aumento mayor en la tasa de aportes de los profesionales, hasta llegar a un máximo de 22,5%.
“No era lo que nosotros habíamos pedido (…). No estamos de acuerdo con eso porque a los profesionales ya les es difícil pagar un 16,5% y pasar a 19%”, cuestionó Romero. El vicepresidente Alza agregó que habrá profesionales que no podrán aportar más del 19% del sueldo ficto y decidirán declarar no ejercicio o bajar de categoría. Incluso con el aumento aceptado, habrá un “márgen de caída” en la cantidad de afiliados. “Con las 15 categorías con menores sueldos fictos y menores saltos se les facilita a los jóvenes para aportar y avanzar en su carrera. Nuestro temor es que con el 22,5% no lo puedan hacer”, acotó Romero.
La CJPPU estimó que la asistencia debería ser de US$ 50 millones anuales durante 10 años. Su presidenta indicó que para ese momento se proyectó que la caja tuviera “muy bajos déficits” gracias a la reforma y a mejores reservas, que le permitirían mayor renta en las inversiones.
En las estimaciones de la CJPPU y el Ejecutivo hay diferencias porque los números del gobierno prevén un aumento de la tasa que el instituto no incorporó y “quitan” de las proyecciones la recuadación que tendría por un aumento de los timbres profesionales.
Al Parlamento
Las autoridades de la CJPPU tendrán hoy, jueves 28, una reunión con legisladores del Frente Amplio. Será la primera de una serie de intercambios con las bancadas y los presidentes de los partidos políticos. Los directores pretenden que en el trámite parlamentario se incorporen artículos que fueron excluidos en el texto enviado por el Ejecutivo. Solicitarán que el instituto reciba el “apalancamiento” desde el primer mes de suba de la tasa de aportes de los afiliados, en diciembre de este año. “Por ese aumento de tasa que el Poder Ejecutivo ponga la asistencia financiera porque vamos en el tránsito al 22,5%. Si es válido para después del 19%, que sea válido para antes”, afirmó Romero.
Las autoridades pedirán que se destine lo que pagan los profesionales por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) a la CJPPU y no al BPS, como sucede ahora, de manera temporal, hasta que el instituto corrija sus problemas financieros.
La CJPPU insistirá con que se incluya en el texto definitivo la potestad para que el directorio pueda aumentar el costo de los timbres profesionales en tres literales. También solicitarán que el monto aumente según el Índice Medio de Salarios de forma que equipare el ajuste de las jubilaciones y no por inflación.
“Lo que queremos es no seguir vendiendo reservas y aumentando la tasa. El 19% (de tasa) no es un número caprichoso, es pensado y estudiado. Hace 20 meses que estamos con este tema y sabemos que soluciones mágicas no existen. De esto salimos entre todos”, resumió Romero.
Rechazo
El Colegio de Contadores y Economistas, que en marzo había rechazado el anteproyecto de ley exprés, ahora opina que el proyecto que fue al Parlamento es “peor”. “Es injusto porque discrimina y recarga el esfuerzo de activos y pasivos” y “desconoce la responsabilidad del Estado”, que formó parte de la administración, dijo a Búsqueda el secretario de la gremial, Jorge Visca. La “contribución” que hace el Estado es “magra”, consideró.
Cuestionó que se establezca un “segundo IASS” para los pasivos (por la “contribución pecuniaria”) y criticó que no se permita aumentar el costo de los timbres, que sería el equivalente al “aporte patronal” de los profesionales.
Visca dijo que el problema “más grave” es que, de aprobarse este proyecto de ley, la sobrevida de la caja sería hasta el 2028. “¿Después va a tener que haber una nueva ley que va a cargar aún más? La solución no es definitiva”, opinó.
