La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) tiene, a pocas semanas del cierre de su ciclo directivo, dos asuntos por resolver que marcarán su futuro. En el corto plazo, tendrá la elección de sus nuevas autoridades y de forma “inmediata” deberá encontrar una solución para sus problemas financieros, que, sin cambios, no le aseguran un futuro corto según sus propias proyecciones.
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La estimación para un escenario optimista es que su portafolio financiero cubriría los déficits operativos hasta mediados del primer trimestre de 2024 (Búsqueda N° 2.131). Este dato había derivado en la decisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de actuar rápido para solucionar el asunto. Pero, por distintas circunstancias, eso se ha ido postergando.
El MTSS le pidió al directorio de esa caja paraestatal que envíe propuestas de reforma, las que llegaron a la cartera el 30 de julio. Incluía, entre otras “posibles soluciones”, la gestión de un “préstamo puente” para atender los déficits operativos hasta cubrir el defasaje, la incorporación al instituto a quienes ejercen su profesión como dependientes y que el importe del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que el Estado recauda por afiliados de la caja se destine al instituto. Sin embargo, no hubo mayores avances sobre los planteos y tampoco “novedades adicionales”, dijo a Búsqueda el ministro Pablo Mieres. El jerarca sostuvo que es un tema en “carpeta” del MTSS, pero que es necesario esperar a que la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) entregue sus recomendaciones —tras una nueva prórroga— para una reforma amplia del sistema previsional. A su vez, hay otra “peculiaridad”: el 20 de octubre serán las elecciones de la CJPPU. “No parece razonable avanzar en un diálogo sobre las reformas, sino más bien esperar a las elecciones que van a determinar un nuevo directorio”. Con las nuevas autoridades, se continuará “el diálogo iniciado” con los ejecutivos actuales, explicó Mieres.
El documento que elaboraron los integrantes del oficialismo de la CESS no incluye “recomendaciones específicas” de aplicación inmediata (Búsqueda N° 2.141). Sí habrá sugerencias particulares para esta caja paraestatal y otras “más generales”, para que haya una convergencia con los “parámetros del régimen general”.
“Si hay indicaciones expresas, tendremos que actuar en consecuencia. Y si no las hay, tendremos que analizar cuándo le damos andamiento a alguna propuesta de modificación”, comentó el ministro.
Y agregó que la solución sea necesaria de forma “inmediata” implica que sea “en un plazo razonablemente rápido”, pero no “ya”, porque muchas de las propuestas implicarán una “iniciativa legislativa”.
Sin “gatopardismo”
Los problemas financieros de la caja son centro de algunas discusiones que se dan entre directores y funcionarios de la CJPPU. Y quedó de manifiesto, por ejemplo, en las sesiones del 19 y 26 de agosto, cuando Odel Abisab, Oscar Castro y Robert Long presentaron una declaración y buscaron diferenciarse del resto de los jerarcas. El texto no cayó bien en los gerentes de la caja ni en el resto de los directores, que no apoyaron los planteos. Incluso, fueron catalogados como parte de una “campaña electoral” y “de desprestigio”.
Long –que fue quien leyó la carta al resto de los directores, según surge del acta de la reunión– expresó que conviven con una Gerencia General “hostil” a sus ideas, que fue calificada como “ineficaz” por la CESS. “Y de tal grado de incompetencia que mereció” una carta del ministro Mieres, aseguran. La referencia es a una misiva enviada por esa cartera a las autoridades del instituto en la que considera insuficiente la información que envió la caja como respuesta a un pedido de proyecciones (Búsqueda N° 2.136).
Los directores recuerdan que fueron los redactores de una de las cartas con propuestas que el instituto envió al MTSS, lo que definen como un gesto de “solidaridad y proactividad”. Admiten que ahora “es casi tarde” para pensar en propuestas de reforma de la caja, pero aseguran que sus planteos eran “mejorables” y “viables” si se hubiera actuado a tiempo.
Que no se hayan entregado informes con información suficiente muestra “una incapacidad e incompetencia de los servicios de la caja que sorprende”, plantean en el documento. “Indigna que semejante infraestructura administrativa sirva solo a fines tecnocráticos y burocráticos” que “al parecer” ignoran la “emergencia de la situación”.
El 2021 tuvo un “mal” comienzo para la caja. En la reunión del 4 de marzo, la Gerencia General presentó datos sobre el cobro de adeudos y quedó al descubierto una situación “gravísima” en el instituto. Según expresaron, el gerente informó que había más de 6.000 expedientes atrasados –un número que fue refutado por el resto de los directores– y surgió “nuevamente la figura” de US$ 700 millones “incobrables”, ya planteada en 2016. Frente a la “ausencia de medidas”, se sumaron otros US$ 300 millones.
Con este texto leído en el directorio y publicado en algunos medios, Abisab, Castro y Long buscaron diferenciarse de los representantes del “oficialismo” y de los delegados del Poder Ejecutivo en la caja, Luis González y López Secchi. Creen que hay una “abismal diferencia” con estos directores “en cuanto a la organización, funcionamiento y gestión” del instituto.
“Hablamos de un oficialismo que junto a las delegaciones” del Ejecutivo anterior “deben reconocer su total fracaso en la gobernanza”, plantean y piden deslindarse de las responsabilidades que se adjudican cuando se habla del directorio “en su conjunto”, dijo Long al leer la nota. “No juguemos al gatopardismo”, reclamó.
Al final de la declaración, los directores utilizan mayúsculas para criticar la gestión del directorio. Afirman que la administración fue “poco cuidadosa con las futuras generaciones” y aportan un dato: los profesionales en ocho años de jubilación recuperan “prácticamente todo” el aporte de una “carrera standard” y, según la expectativa de vida, viven 14 años más. “Sin comentarios”.
Las respuestas
Cuando Long terminó de leer la declaración, la primera reacción fue del gerente general de la CJPPU, Miguel Sánchez, que estaba presente en la reunión y se sintió aludido. El ejecutivo dijo que el “grupo de directores” que respondió al MTSS no pidió “absolutamente ninguna cuantificación” y aseguró que los equipos de la caja presentaron “un detalle de acciones” para que sean aprobadas.
Tras desmentir la declaración de Abisab, Castro y Long, Sánchez comentó lo “medular” del asunto: “No es la primera vez que los servicios son agraviados de manera gratuita, innecesaria y como parte de campañas electorales”.
López Secchi, director designado por el gobierno, también defendió a los funcionarios de la caja y adjudicó la declaración a la proximidad de las elecciones en la Caja de Profesionales. Para ese acto del 20 de octubre Abisab encabeza tres listas como postulante para representar a los pasivos y en una de estas su suplente es Long. “No le echen la culpa a los servicios”, dijo, y les señaló que tenían en la mano los repartidos con la información elaborada por los funcionarios. “Es injusto”, opinó y sostuvo que “lo que habla” por los directores “son las actas”. “El resto es campaña electoral”.
La semana siguiente hubo más reacciones. Los gerentes de la caja enviaron una nota al directorio en la que expresan “sorpresa y preocupación” por los comentarios de Abisab, Castro y Long, y aseguran que las expresiones “no se ajustan a la realidad”. El texto está firmado por siete gerentes y la asesora económico actuarial y preguntan si la opinión de los directores “es compartida por los demás integrantes” para “contar con mayores elementos”.
En esa reunión, del 26 de agosto, López Secchi insistió en que la declaración forma parte de una “campaña electoral” y el presidente del instituto, Gonzalo Deleón, dijo que el texto “está fuera de la realidad”.
Los directores también votaron enviar una respuesta en El Telégrafo de Paysandú, que publicó la carta. Allí respaldan a los equipos gerenciales y técnicos del instituto, y sostienen que las declaraciones de Abisab, Castro y Long no son “ajustadas a la realidad” y solo “pueden interpretarse como una injustificable campaña de desprestigio”.
En el texto enviado por Deleón y Walter Corbo –que tuvo el respaldo de cinco directores y la abstención de Long y Castro– también critican las posiciones de los representantes opositores. Afirman que la “postura” que han tenido en el directorio es de “total ausencia”, “de conducta no constructiva” y utilizan “todos los medios a su alcance para auto promoverse”.
“Han estado omisos en cuanto a participar en las discusiones relativas a los temas trascendentes para el futuro y la viabilidad de la caja”, aseguraron.
Long respondió que hablar de un escenario electoral es una “excusa” que linda “lo infantil”. También reconoció que su expresión en la declaración quizá no fue “la más feliz”.
