Uruguay salió de la crisis de la pandemia sin cicatrices profundas y eso le permitió, entre otras cosas, mantener una buena reputación como deudor. El lunes 20, DBRS ratificó la calificación soberana en moneda extranjera de “BBB” —el segundo escalón dentro del grado de inversión libre de riesgo especulativo o investment grade— y la perspectiva “estable”. El vicepresidente senior de Riesgo Soberano Global de esa agencia canadiense, Michael Heydt, afirmó a Búsqueda que la economía uruguaya está “en recuperación”, si bien “los vientos en contra de Argentina podrían intensificarse”, en particular, a través del canal del turismo.
El “desafío clave” para el presidente electo argentino, Javier Milei, “será la gobernabilidad”, evalúa el analista, que tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Espera que el libertario intente implementar un “rápido ajuste macroeconómico” —con fuerte recorte en el gasto público, una depreciación de la moneda y una reducción de la intervención estatal— que sería “doloroso en el corto plazo” y que “conlleva un riesgo significativo de volverse desordenado”. Algunas ideas más controvertidas, como eliminar el Banco Central o dolarizar la economía, quizás queden pospuestas o en la nada, dijo.
Para Uruguay, en tanto, Heydt descarta virajes bruscos en la gestión económica, independientemente de quién gane las elecciones de 2024: “Si bien las prioridades pueden diferir, todas las partes parecen comprometidas con el sólido marco de políticas macroeconómicas del país”. Pero no todo es un lecho de rosas; afirma que se debe persistir en la aplicación de una política fiscal “sostenible y transparente”, advierte que si el plebiscito contra la reforma jubilatoria tiene éxito, “los futuros gobiernos probablemente enfrentarán algunas decisiones difíciles” y considera que la “batalla contra la inflación” no está ganada, más allá de la “alentadora” tendencia reciente.
—Tres shocks externos —una grave sequía, la caída de los precios de las exportaciones y los efectos adversos de contagio de Argentina— han provocado una fuerte desaceleración del crecimiento durante el último año. Sin embargo, esperamos que el impulso se recupere en la segunda mitad de 2023 y en 2024 respaldado por una recuperación de la producción agrícola, la ampliación de las operaciones en la nueva planta de celulosa de UPM y la actual fortaleza del mercado laboral. Los vientos en contra de Argentina podrían intensificarse, pero los vínculos comerciales y financieros de Uruguay con Argentina son relativamente limitados.
En general, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera un crecimiento del 1,0% en 2023 y del 3,3% en 2024. A medio plazo, esperamos que el crecimiento anual se sitúe entre 2,0% y 2,5%.
—Señaló posibles vientos en contra desde Argentina. ¿Qué perspectivas ve con un nuevo gobierno encabezado por Javier Milei y qué consecuencias podría tener para Uruguay?
—El desafío clave para el presidente electo Milei será la gobernabilidad. Esperamos que Milei intente implementar un rápido ajuste macroeconómico, que incluya fuertes recortes en el gasto público, una depreciación de la moneda y una reducción de la intervención estatal. El ajuste seguramente será doloroso en el corto plazo y conlleva un riesgo significativo de volverse desordenado. Al mismo tiempo, la necesidad de construir alianzas en el Congreso probablemente obligará a Milei a posponer, si no a abandonar, sus ideas más controvertidas, como cerrar el Banco Central o dolarizar la economía. En nuestra opinión, la gobernabilidad será clave para determinar cómo evoluciona la economía argentina. La capacidad del presidente electo para construir y sostener una coalición multipartidista en el Congreso puede resultar difícil, especialmente dada la limitada experiencia política de Milei, sus opiniones controvertidas y su postura antisistema. Otro riesgo se relaciona con la capacidad del gobierno para apegarse a un plan de estabilización a pesar del dolor del ajuste. La tensión económica podría galvanizar rápidamente las protestas y fortalecer a la oposición.
La volatilidad en Argentina podría pesar sobre la recuperación de Uruguay el próximo año, aunque los vínculos entre los dos países son mucho más débiles que hace 20 años. Solo el 5% de las exportaciones de bienes uruguayos se dirigen a Argentina y la exposición del sistema bancario uruguayo a través de créditos y depósitos es limitada. Sin embargo, Argentina sigue siendo muy importante para el sector turístico uruguayo: este es el principal canal a través del cual la debilidad económica de Argentina podría afectar el crecimiento de Uruguay.
—Más allá de la coyuntura, el crecimiento potencial de la economía se estima en algo más del 2% anual. ¿Qué debería hacer el país para aumentar esta tasa, que parece relativamente pobre?
—No hay ninguna fruta madura obvia a este respecto. Después de todo, el entorno político de Uruguay es estable, sus instituciones públicas son efectivas y la política macroeconómica está bien administrada. En cambio, es probable que el impulso del crecimiento provenga de alguna combinación de reformas a lo largo del tiempo que desarrollen el capital humano y físico, fomenten la competencia y mejoren el clima de negocios del país.
—Según DBRS, la reciente baja de la inflación anual en Uruguay fue impulsada por los menores precios internacionales, un peso fortalecido frente al dólar y una política monetaria contractiva. ¿Cuánto influyó cada uno de estos factores? ¿Está ganada la batalla contra la inflación?
—La tendencia desinflacionaria que hemos visto en 2023 es alentadora, pero no creo que se haya ganado la batalla contra la inflación. Las expectativas de inflación a 12 y 24 meses han caído durante el último año, pero todavía están por encima del umbral superior del rango objetivo del Banco Central. Eso ayuda a explicar por qué el Banco Central sigue siendo cauteloso respecto de las perspectivas de inflación y por qué ha mantenido la política monetaria en una postura ligeramente contractiva.
—DBRS indicó en su informe que el “ritmo de consolidación fiscal se ha desacelerado en Uruguay”, en parte porque hay un “importante impulso a la inversión pública” y los ingresos están evolucionando por debajo de las expectativas debido a la moderación del crecimiento económico y la menor inflación. ¿Qué proyección de déficit fiscal hace la agencia calificadora para 2023 y 2024, un año electoral en el que históricamente se abre la canilla del gasto? ¿Es preocupante el eventual desvío en términos de la trayectoria de sostenibilidad de la deuda?
—El FMI proyecta un déficit de la administración pública de 3,2% del Producto Interno Bruto en 2023 y de 2,6% en 2024, aunque pensamos que existen algunos riesgos modestos al alza de esta previsión. Dicho esto, no esperamos un gran deslizamiento el próximo año. Las reformas al marco fiscal deben seguir guiando las políticas de manera sostenible y transparente. Además, existe un consenso en todo el espectro político en Uruguay sobre la necesidad de contar con finanzas públicas sólidas. Por lo tanto, esperamos que se mantengan políticas fiscales prudentes independientemente de quién gane las elecciones del próximo año.
—¿Descarta, entonces, cambios relevantes en las políticas si hubiera una alternancia de partido en el gobierno?
—En general, no esperamos que el resultado de las elecciones cambie la orientación general de la formulación de políticas macroeconómicas en Uruguay. Si bien las prioridades pueden diferir, todas las partes parecen comprometidas con el sólido marco de políticas macroeconómicas del país. Todavía es un poco pronto para evaluar las perspectivas electorales. Deberíamos tener más visibilidad después de las primarias de los partidos en junio.
—La reforma de la seguridad social aprobada, que tiene una aplicación gradual, ¿hará una contribución relevante a la sostenibilidad fiscal de largo plazo?
—La aprobación de la reforma de las pensiones es positiva, aunque sus efectos pueden no ser evidentes hasta dentro de muchos años. Estabilizar la trayectoria del gasto en pensiones, en lugar de permitir que tenga una tendencia ascendente, ha aumentado el espacio fiscal disponible para futuras administraciones, permitiéndoles así centrarse en otras prioridades políticas, como un mayor gasto en educación o mejoras en infraestructura.
—¿Cómo pondera en su análisis DBRS el eventual plebiscito para derogar esta reforma jubilatoria, que implica además eliminar las administradoras previsionales (AFAP)?
—Esto es algo que estamos observando. Si el plebiscito tiene éxito, los futuros gobiernos probablemente enfrentarán algunas decisiones difíciles. Una edad de jubilación protegida constitucionalmente con beneficios fijados en el nivel del salario mínimo aumentaría la proporción del gasto gubernamental obligatorio en pensiones, particularmente a medida que una mayor parte de la población envejece y vive más tiempo. Al mismo tiempo, la eliminación de las AFAP podría ser disruptiva para los mercados financieros locales.
El apoyo político al plebiscito entre los principales partidos ha sido, en el mejor de los casos, tímido hasta ahora. Pero aún es una etapa temprana del proceso y tendremos que esperar y ver cómo evolucionan sus posibilidades de éxito durante el próximo año.
—Medidas como la condonación a deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario, que tienen costo fiscal, ¿pueden afectar la calificación de riesgo soberano?
—En este caso, el costo fiscal potencial asociado con dicha legislación no está claro y, por lo tanto, sería difícil evaluarlo en este momento. Sin embargo, es importante señalar que los costos extraordinarios normalmente deben ser bastante elevados para tener un impacto material en las perspectivas de las finanzas públicas o en la calificación soberana.
—El informe del DBRS destaca la solidez del sistema financiero uruguayo. ¿Puede cambiar esa percepción si tiene éxito la campaña para introducir en la Constitución un mecanismo de reestructuración de las deudas personales y modificar el límite de usura?
—Tendríamos que evaluar el impacto de esa legislación si tal proyecto avanza. En este momento, no tenemos suficiente información para sacar conclusiones sobre cómo podría verse afectado el sistema financiero.
