Cambios al régimen de adopciones pueden producir un “comercio” de niños, advierten el Frente Amplio y el sindicato del INAU

En el proyecto se plantean tres grandes cambios. Por un lado, se establece un plazo máximo de 18 meses para que el INAU apruebe la tenencia administrativa; por otro, se unifica en un mismo proceso judicial la separación de la familia biológica con la adopción plena, y, por último, se permite que en algunos casos el juez pueda apartarse de la recomendación del instituto respecto de a quién le correspondería la tenencia, teniendo en cuenta que no se afecte el interés superior del niño, niña o adolescente.

Lustemberg dijo a Búsqueda que considera que un tema como el de las adopciones no puede ser tratado en una ley de urgencia. Por eso propone que los artículos sean desglosados del proyecto para realizar un análisis por separado y con tiempo entre todos los partidos y representantes del INAU, del sindicato, de la sociedad civil y del Poder Judicial, entre otros.

La legisladora aseguró que promoverá un compromiso entre los partidos para priorizar la discusión y no demorar su tratamiento, pero señaló que aprobar lo que se envió en la ley de urgencia es “contraproducente” y significa un “regreso a la situación previa a 2009”, cuando se hizo la última gran modificación.

Si bien coincidió con el oficialismo en que hay aspectos para mejorar en la gestión del INAU y en la coordinación entre ese organismo y la Justicia, Lustemberg sostuvo que los artículos propuestos no solucionan esos problemas.

En el documento que está siendo anlizado por la bancada frenteamplista, los técnicos sostienen que algunos de los cambios son un “claro retroceso”. Cuestionan, por ejemplo, que se vuelven a habilitar las “tenencias otorgadas entre particulares (no documentadas) a los efectos de posibilitar la adopción”.

“Con esto, de alguna manera también se podría decir que se está legitimando la adopción por parte de las ‘cuidadoras’ (personas a las que el INAU en el marco de un contrato les entrega a los menores para su cuidado) y las tenencias que se concretan por acuerdos privados ‘no documentados’ y sin intervención de INAU, en las que podrían intervenir otros factores externos y no deseables en este tipo de temática como, por ejemplo, los móviles económicos”, afirman los técnicos.

Entienden asimismo que es un “debilitamiento” de las competencias del INAU que se habilite al juez a apartarse de la selección realizada por el organismo.

Por último, el informe advierte que establecer que la no actuación en el expediente administrativo dentro del plazo de 18 meses ocasionará responsabilidad de los funcionarios “omisos” puede implicar “una aceleración del trámite que requiere de un estudio más profundo”, y puede tambien “repercutir en otros aspectos del proceso de adopción”.

Sin garantías

El sindicato del INAU también elaboró un documento en el que advierte que con los cambios planteados se “vulneran garantías” en el proceso de adopción.

En algunas circunstancias, cuando no se encuentra respuesta en una familia, seleccionada para el Registro Único de Aspirantes (RUA) a la adopción, los niños pasan a convivir con una familia bajo un régimen de tenencia. Si esa familia solicita la adopción, el equipo técnico del INAU analiza la situación y confirma si no hay respuesta de la familia aspirante. Uno de los aspectos que el sindicato critica es que con el cambio propuesto se prescinde de esa valoración del INAU, por lo que se permite que las “personas puedan hacer arreglos por fuera, que pueden implicar arreglos económicos de por medio”, para “presentarse al juzgado y solicitar la tenencia de un niño, niña o adolescente y luego generar la adopción”.

“De esta manera se propicia el comercio, el arreglo entre particulares, y la apropiación de niños”, sostuvieron en el informe.

Carlos Salaberry, integrante del sindicato del INAU, dijo que “no hay nada que permita inferir que si se aceleran los plazos mejoraría la situación”.

Al participar el viernes 8 en la comisión especial del Senado que estudia el proyecto de ley de urgencia, Salaberry dijo que para lograr ese objetivo no se necesita modificar la ley ni los procedimientos, sino invertir “en dos o tres equipos técnicos” que se sumen a los actuales. “El tema de la demora en la adopción está en el proceso de selección”, afirmó.

Andrea Bittencourt, de la Asociación Uruguaya de Padres Adoptantes, coincidió con el dirigente respecto a que el INAU necesita más técnicos. En la comisión del Senado dijo que la asociación no comparte la idea de poner un plazo máximo de 18 meses para todos los casos, ya que es algo “complejo” debido a que no todos pasan por el “mismo proceso”.

Aurora Reolón, de la misma organización, advirtió además que no se puede estar cambiando el Código de la Niñez y Adolescencia “cada dos o tres años”. “Tenemos que dar una discusión seria y creo que faltan actores importantes”, sostuvo. Reolón comentó que le pidieron al presidente del INAU que el tema sea sacado de la ley de urgencia y se discuta en otro ámbito.

Según datos del INAU, a fines de 2019 había 395 niños en condiciones de adoptabilidad. De esa cifra, 223 tienen una “situación de particular dificultad para conseguir familia adoptante”, debido a la edad, alguna enfermedad, discapacidad, pertenecer a un grupo de hermanos o haber sufrido abuso, entre otros. De los 395 niños, 223 tienen entre 6 y 12 años, 89 entre 13 y 17 años, 47 entre 4 y 5 años y 36 entre 0 y 3 años.