Cambios incluidos en la ley de urgencia implicarán pérdida de miles de hectáreas de tierras del Instituto de Colonización

La cartera de tierras que pertenecían a la Sección de Fomento Rural del BHU que están afectadas a Colonización comprende unas 108.000 hectáreas, de las cuales hay más de 70.000 hectáreas alcanzadas por el artículo 353, según cálculos iniciales del gobierno.

El subsecretario Juan Ignacio Buffa sostuvo que la legislación actual “tiene una implicancia fuerte en lo que refiere al valor patrimonial” de miles de hectáreas de campo. “Recordemos que al estar afectados a la ley (de Colonización) implícitamente eso es reconocido por el valor en el mercado de esa tierra”, añadió.

De acuerdo con el jerarca, la estimación primaria del ministerio era que el cambio legal afectaría a unas 70.000 hectáreas. En la oposición manejan datos que ubicarían esa cifra cerca de 100.000, según las fuentes consultadas.

Durante el debate en la comisión parlamentaria, el senador Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) dijo que el Frente Amplio no iba a acompañar el artículo 353 porque “no tiene como base el interés general, sino que propende únicamente a los intereses particulares”.

“Esta forma promueve el despoblamiento de la campaña y la desprotección de los territorios de la producción familiar, vulnera la articulación de las colonias y hasta desestimula el relevo generacional; a su vez, quita posibilidades a los aspirantes a colonos para que puedan acceder a las tierras”, consideró.

Flexibilización.

El capítulo referido a Colonización en el proyecto de la LUC incluye otro punto que tuvo varias idas y venidas en la discusión interna del actual gobierno.

Tras el acuerdo anunciado por los parlamentarios de la coalición multicolor, en la propuesta legal figura el artículo 353 bis, cuya aprobación implicaría cambios en las obligaciones de los colonos.

La modificación planteada reemplaza el texto de la legislación vigente y establece como requisito para los colonos “trabajar en el predio bajo su dirección y supervisión directa y habitarlo, salvo, en este último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados”.

El Directorio del INC, según el proyecto, podrá autorizar la excepción a esa obligación cuando se trate de colonos que cumplan las siguientes condiciones: “Que hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de 10 años, que hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido si lo hubiere; o que invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar”. Dispone además que “en caso de que se invocaren razones de salud, debidamente fundadas antes de los 10 años de radicación, se podrá excepcionar de tal obligación con el voto conforme de cuatro miembros del directorio”.

Eso implica una flexibilización respecto a lo previsto en la ley original y sus modificativas, porque libera al productor o trabajador rural que accedió a tierras del Estado de la obligación de explotar directamente el predio y de residir en el mismo.

Varios colonos se verán beneficiados por este cambio. En febrero de este año Búsqueda informó que la actual ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su padre, Roque Moreira, se beneficiarían por un cambio en el régimen de Colonización. Ambos son directores de la sociedad anónima El Palomar, que es propietaria de un campo adquirido al INC en la década de 1970 (Búsqueda N° 2.058).

Durante la administración del Frente Amplio, el Directorio de Colonización estableció una serie de medidas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los colonos. Algunas de las acciones comprendieron el reclamo de la devolución del campo a ciertos propietarios o arrendatarios que cometieron infracciones, específicamente en cuanto a no habitar en el predio con su familia o no ejercer la administración directa del campo.

Cuatro políticos del Partido Nacional eran colonos que no cumplían con el requisito de vivir en el predio. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que en ese momento era senador, tomó la decisión de entregar el campo que tenía en Paysandú. Los otros tres eran los intendentes Enrique Antía (Maldonado), Pablo Caram (Artigas) y Fernando Echeverría (Flores).

Colonización resolvió en su momento reclamar a Antía la devolución de unas 50 hectáreas, pero el dirigente blanco se negó y optó por llevar el caso a la Justicia.

En el caso de Caram y de Echeverría, el Directorio del INC resolvió que si continuaran con su actividad política y no cumplieran con el requisito de vivir en el predio y explotarlo directamente, deberán entregar las tierras, y dispuso además una vigilancia de esos procesos.

Si el Parlamento aprueba los cambios de criterio, podría afectar la situación de los “colonos políticos”, evalúan en el Frente Amplio.