El 2016 fue intenso para la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (Ancap), la mayor empresa pública y una de las más grandes del país. Tratando de dejar atrás años con pérdidas, el gobierno puso la lupa en su gestión, cambió directores y propició medidas para abatir los riesgos financieros. Esas acciones, algunas dolorosas para cortar con situaciones de “crisis” o problemas serios en subsidiarias de la petrolera estatal, quedaron registradas en actas y resoluciones del Directorio.
Búsqueda obtuvo dichos documentos mediante un pedido de acceso a la información pública, salvo cinco actas que todavía están “en proceso de aprobación” y “no se encuentran en estado de ser entregadas”, explicó por escrito el prosecretario general de Ancap, Rafael Brum. Ancap no publica en su web las resoluciones (a diferencia de varios entes autónomos y servicios descentralizados) ni las actas de Directorio.
Las más de 2.100 páginas proporcionadas son un relato del ajuste interno que se lleva adelante, de la mano del Poder Ejecutivo. De hecho, en una sesión de enero del año pasado el director de la oposición, Diego Labat, pidió que se “defina claramente el relacionamiento” con el grupo integrado por los representantes de los ministerios de Industria y Economía, junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, “a cargo del seguimiento de Ancap”. José Coya, entonces titular de la petrolera, acotó que era un “equipo de trabajo —no intervención—” que estaba “colaborando”, y subrayó que las decisiones en el organismo “son del Directorio”.
Por ese ámbito pasaron en el transcurso de 2016 muchas resoluciones referidas a los negocios de la empresa, algunos en problemas, así como otras de carácter más administrativo. Por ejemplo, el Directorio aprobó el borrador del documento de cancelación de préstamo y prenda con el Ministerio de Economía —como parte de la operación de capitalización de Ancap resuelta por el gobierno—; designó al nuevo gerente financiero; avaló cambios en la integración social de diversas estaciones de servicio; votó una prórroga “por única vez” a favor de Fanapel por facturas impagas; respaldó un “acuerdo transaccional” con Teyma; autorizó varias compras de petróleo y otros insumos; contrató servicios para el mantenimiento de la refinería de La Teja; destituyó a un funcionario y permitió a otra realizar “teletrabajo” como un régimen “excepcional” para ella. También ordenó investigaciones administrativas en torno a una contratación directa para la planta de Minas por más de tres millones de euros, otra —de carácter “urgente”— referida a la liquidación de haberes del personal del buque-tanque Ancap IX, y una tercera acerca de acciones para mitigar riesgos de seguridad en la planta de portland de Paysandú que estaban demoradas.
A mediados de marzo hubo cambios de directores y Marta Jara tomó la Presidencia prometiendo una gestión técnica, bajo perfil, y la intención de instalar una “cultura de eficiencia” en la empresa.
Gestión.
Ancap encaró diversas acciones tendientes a mejorar su desempeño, surge de las resoluciones y actas de 2016.
Algunas fueron de corte organizacional. Vistas las “numerosas medidas de gestión emprendidas por el Directorio para dar cumplimiento a los objetivos acordados con el Poder Ejecutivo, la complejidad del portafolio de la empresa y la adecuación financiera en curso”, en agosto fueron aprobados “ajustes” que, entre otras cosas, pusieron varias áreas bajo la supervisión del gerente general, un cargo que fue reinstalado.
Hubo también decisiones para corregir algunos apartamientos normativos que se repetían.
Tras la salida de Coya del Directorio y mientras se procesaba la llegada de Jara, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, ofició brevemente como titular de Ancap. En una sesión planteó su “preocupación con respecto a que los balances lleguen a consideración con la suficiente antelación como para poder dar cumplimiento a los plazos legales”.
En otra reunión, una de las directoras expresó su inquietud porque Ancap estaba incumpliendo con los plazos ordenados para enviar sus estados contables al Tribunal de Cuentas. “Es necesario atenerse al cumplimiento estricto de la normativa”, planteó Laura Saldanha. En la sesión siguiente se resolvió pedir una prórroga para presentar los números al cierre de 2015; a fin de abril se votaron con una pérdida de $ 5.974 millones (casi U$S 220 millones al tipo de cambio promedio de ese año) y su remisión al Tribunal.
Gasto.
En materia presupuestal, el Directorio aprobó primero los “lineamientos” para la elaboración del presupuesto de 2017; votó más gastos que ingresos, por lo que el déficit previsto —de $ 89,5 millones— sería “cubierto con fondos propios del organismo”.
Se dispusieron varias medidas de austeridad, algunas a instancias del Poder Ejecutivo.
Ancap previó reducir 3% en términos reales las partidas de varios rubros y un ahorro en horas extra del personal (las efectuadas los fines de semana se recortaron 20%, dado que se había detectado una “importante cantidad” especialmente para tareas administrativas). Y decidió mantener lo erogado en viáticos, en beneficios sociales a su personal y en donaciones.
En publicidad el tijeretazo debía ser 70% real —descontada la inflación— respecto a lo gastado en 2014. Pero escapó al corte un gasto de U$S 20.000 en el concurso que se desarrollaría en el Teatro de Verano propuesto por la asociación de directores de espectáculos de carnaval. También los $ 780.000 por presencia en eventos de la Asociación de Dirigentes de Marketing.
A instancias del Ejecutivo y para ahorrar 10% en costos de distribución de los combustibles, el Directorio planteó cambios en los márgenes de las distribuidoras y los estacioneros, lo que derivó en un conflicto con estos actores que durante varios días ocupó grandes espacios en los medios de comunicación. En una sesión de noviembre Labat cuestionó cómo se estaba manejando dicho proceso.
Por otro lado, el director de la oposición votó en contra de un acuerdo con la federación de funcionarios de la empresa. En una reunión de Directorio aseguró que “en particular, la provisión inmediata de 100 vacantes le resulta un compromiso extremadamente arriesgado” dada la situación económica “comprometida de Ancap”, según consta en un acta.
En noviembre Jara se opuso a los pases en comisión a otros organismos de dos funcionarios “dado el proceso de racionalización de los recursos en que se encuentra la empresa y teniendo presente que las áreas consultadas refieren que no pueden prescindir” de las personas solicitadas. Sin embargo, se aprobaron con el voto de cuatro directores.
Más allá de los intentos de racionalización, que afectaron también las inversiones, algunos gastos en el ente se ratificaron. Es el caso de un almuerzo “gratuito” con motivo del aniversario del organismo —que cumplió 85 años en 2016— al que se invitó a todos los funcionarios, al personal del Ministerio de Industria que trabaja en el piso 4º del edificio sede de Ancap, además de los empleados de Cementos del Plata, CABA y Alcoholes del Uruguay (Alur); el Directorio autorizó una partida de hasta $ 700.000 para solventar este festejo interno.
Otra medida tomada implicó evaluar la situación de los bienes muebles e inmuebles del organismo en desuso; luego se dispuso la enajenación de varios padrones.
Tarifas.
La política tarifaria no siempre encontró unanimidad en el Directorio.
En enero de 2016 Labat planteó rebajar 10% los precios de los combustibles alegando que Ancap manejaba una referencia de U$S 50 el barril de crudo y $ 29,61 el tipo de cambio, y entonces esas variables estaban en el entorno de U$S 28 y de $ 31. Coya y los directores Juan Gómez y Fernando Acuña no acompañaron la propuesta.
Préstamos y deuda.
La aprobación de créditos fue otro trámite frecuente que pasó por manos de los directores, mientras se planeaba junto al Ministerio de Economía cómo mejorar la situación de endeudamiento de la empresa.
El Directorio ratificó las resoluciones con carácter “urgente” de la Presidencia del organismo referidas a préstamos bancarios. En el caso de uno por U$S 30 millones que fue observado por el contador delegado del Tribunal de Cuentas, insistió alegando que no se trató de una renovación sino de una extensión del crédito, y que el aumento de la tasa “se debe a que cambiaron las condiciones de mercado y el deterioro de la situación económica de la empresa”.
De ING Bank tomó hasta U$S 48 millones, a un año de plazo a una tasa de Libor más 2,6%, que “resulta necesario (…) a los efectos de atender a las necesidades de capital de trabajo de Ancap”.
También renovó un crédito de U$S 50 millones con Itaú Unibanco Nassau Branch por un año; esta contratación directa también fue objetada por el organismo de contralor y la empresa insistió con el gasto.
Ancap estaba llevando a cabo una “reestructuración de los pasivos financieros de corto plazo a largo plazo” buscando reducir su “vulnerabilidad”, para lo cual consideraba dos alternativas: “un préstamo con un organismo internacional y un llamado de préstamo invitando a varias instituciones financieras”. Dados los tiempos que requerían ambos procesos, en febrero el Directorio aprobó la renovación de una línea total por U$S 150 millones con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, que luego ratificó tras ser objetada por el Tribunal.Con el mismo fundamento, en marzo renovó por un año un crédito de U$S 75 millones con el Banco República a una tasa de 2,65%. En mayo se decidió cancelar esa línea porque se entendió que hacerlo era más rentable que “colocar los excedentes de caja”.
Luego, algunos créditos bancarios fueron renovados aunque por períodos más breves y montos menores, en la medida que avanzaba otra estrategia. En ese sentido, en julio el Directorio aprobó un contrato de préstamo por U$S 298 millones con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina destinado a “apoyar el reordenamiento de los pasivos y el fortalecimiento de la gestión financiera” del ente.
El manejo financiero requirió otras acciones.
Por ejemplo, “dado los cambios que ha experimentado el organismo desde el punto de vista financiero se hace necesario la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos Financieros”, el Directorio dio aprobación a esas políticas como un marco de referencia también para otras sociedades o proyectos con las que Ancap sostenga vínculos, tenga o no participación directa en los mismos, según surge de otra acta.
Economía
2017-03-02T00:00:00
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