Cantidad de mujeres presas aumentó 26% en el último año

Para suplir la ausencia de información, la oficina del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit se propuso comenzar a estudiar las características de la población carcelaria. Como un primer paso, se enfocó en las mujeres privadas de libertad con hijos a su cargo, un grupo que para Petit necesita medidas “urgentes”.

La edad promedio de estas mujeres es de 28 años, y algo más de la mitad son primarias (54%). Entre los 46 casos relevados, el 78% cometió delitos vinculados a la negociación, transporte o suministro de estupefacientes. El 30% de esos delitos estuvieron vinculados al ingreso de drogas a cárceles.

A partir del análisis de las evaluaciones OASys (Offender Assessment System), un protocolo de diagnóstico implementado por el INR en 2018, se relevó el riesgo de reincidencia de las reclusas: el 45% se consideró bajo, 48% medio y 7% alto. En cuanto al riesgo de daño o conflictividad, 57% se evaluó bajo, 38% medio y 2% alto. “Estos valores podrían explicarse por la naturaleza de la mayoría de los delitos, en donde generalmente no media la violencia”, indica el estudio.

En general estas reclusas tienen familiares con antecedentes penales. En el 74% de los casos, su pareja o el padre de sus hijos está preso. Otro aspecto relevante que destaca el estudio es que el 52% “fue víctima de violencia de género previo a la prisionización”. Es probable que esa cifra “sea aun más alta” porque solo refleja los casos evidenciados en la entrevista de diagnóstico o en el registro del historial policial, añade.

El estudio señala como problemático que el número de hijos de las prisioneras “no está específicamente relevado”. Indica que “resultó difícil ubicarlo” y que “no es un dato sistematizado, a pesar de la relevancia que la maternidad tiene para estas mujeres”. Tampoco se releva en varones privados de libertad. “Esta carencia de información hace que se dificulte aún más la evidencia del impacto de este encarcelamiento en la crianza de sus hijos e hijas a nivel afectivo y económico”.

La “crudeza” de la realidad

Sonia tiene 18 años, dos hijos chicos y una condena a tres años de cárcel por suministro de estupefacientes. Fue madre por primera vez a los 15 años. Hoy está presa con su segundo hijo, de cuatro meses, que tiene problemas respiratorios. Natalia tiene 28 años y fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por intentar ingresar droga a la cárcel y por agraviar a los policías que la detuvieron. Cuando fue encarcelada tenía una hija de cuatro meses, pero no pudo ingresar con ella por falta de cupos, y debió interrumpir la lactancia. Tras varias gestiones realizadas por su familia y por la oficina del comisionado penitenciario, se logró que días después la alojaran junto a su hija. Tiene dos niños más de cuatro y ocho años, que quedaron al cuidado de la abuela y la tía.

Melisa, de 32 años, es primaria y está cursando su embarazo en la cárcel. Graciela tenía 18 años y cinco meses de embarazo cuando ingresó por venta de estupefacientes. La niña no sale de la prisión porque no hay una red de apoyo presente. El padre no la conoce porque también está preso. A Rosa, de 29 años, la enviaron a prisión sin su hijo de seis meses, con quien pudo reunirse recién un mes después, tras la intervención de la oficina del comisionado. Flavia tiene 23 y es del interior. Dio a luz estando presa, y como allí no había cárcel para mujeres con niños, fue trasladada a Montevideo. Casi no ve a sus otros tres hijos pequeños, porque su familia no tiene recursos para viajar a la capital.

Andrea, de 22 y con una condena a cuatro años por ingresar droga a una cárcel, fue formalizada cuando su bebé tenía dos meses. Estuvo una semana sin verlo ni poder amamantar, hasta que la reubicaron en la unidad para madres con hijos. Elsa, de 29 años, tiene cuatro hijos, que quedaron al cuidado de su abuela. Recibió una condena de cinco años y seis meses por intentar ingresar droga a una cárcel.

Los ejemplos siguen y las situaciones se repiten. Los casos están incluidos en el informe de la oficina del comisionado, que cambió sus nombres para proteger su identidad: “La vulnerabilidad socio penal de las mujeres privadas de libertad con hijos a su cargo, evidente en el estudio estadístico, se refleja con toda crudeza al entrevistar las internas y recorrer sus historias de vida”.

Género y derechos humanos

La oficina del comisionado parlamentario plantea en el informe que es necesario incorporar la “perspectiva de derechos humanos y género” y la protección de los derechos de los niños al tratar estos casos en el ámbito penal. De acuerdo con las Reglas Bangkok de las Naciones Unidas, “la situación de las mujeres con hijas o hijos o en estado de embarazo justifica que se les otorgue un tratamiento diferenciado”, explica en el documento. También cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena priorizar el interés superior del niño evitando la prisión de sus progenitores con medidas alternativas.

“Pensar en medidas no privativas de la libertad para delitos menores puede reducir significativamente los costos sociales, además de reducir la población penitenciaria y, con planes adecuados, contribuir en la reducción de la reincidencia”, plantea el comisionado. Y añade: “El mantenimiento de los lazos parentales o la separación del niño o niña de su referente significativo no puede depender de la existencia o no de cupos en el sistema penitenciario”.

El informe también cita legislación nacional: “Las normas procesales actuales, en especial los artículos 228, 304 y 305 del Código de Proceso Penal, a los que se suma amplia normativa internacional de los derechos humanos, amparan el uso de la prisión domiciliaria cuando existen condiciones especiales de vulnerabilidad de las personas”, y “muy especialmente si se trata de mujeres y de mujeres con hijos a su cargo”.

En ese sentido, el comisionado recomienda en su informe que los operadores de Justicia, “eviten la pena privativa de libertad para las mujeres cuando su vulnerabilidad socio penal y la entidad del delito cometido lo ameriten y procedan a aplicar un régimen de prisión domiciliaria asistida”. Asimismo, recomienda al Parlamento que “más allá de debates coyunturales y cualquiera sea el resultado de una eventual consulta plebiscitaria”, busque “acuerdos para continuar analizando las diversas leyes procesales que regulan la ejecución penal, para que no existan conflictos o contradicciones entre la magnitud de los delitos y las diversas penas que se apliquen”.

Petit dijo a Búsqueda que su oficina junto a Unicef organizará un taller con jueces, fiscales y defensores, para explicar y analizar el documento.