Hoy existen 50 centros de atención con 2.070 cupos. Cuando el Mides comenzó a trabajar en este tema, en 2005, se instalaron siete centros. Los refugios nocturnos, que funcionan entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana, básicamente atienden a una población compuesta por hombres. Luego, hay centros que funcionan las 24 horas del día para atender a mujeres con niños. También existen establecimientos de 24 horas para personas que están convalecientes o son adultos mayores.
Los refugios nocturnos, que funcionan entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana, básicamente atienden a una población compuesta por hombres. Luego, hay centros que funcionan las 24 horas del día para atender a mujeres con niños.
El Mides tiene dos equipos móviles que recorren la ciudad para convencer a las personas para que vayan a los refugios y no duerman a la intemperie.
La atención de estas personas implica a varios organismos estatales. Existe una mesa interinstitucional en la que participa, además del Mides, el Ministerio del Interior, Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, la Intendencia de Montevideo, el INAU, y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Representantes de varias instituciones cuestionaron en los últimos meses el papel del Mides durante reuniones de coordinación, relataron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. Desde el Mides, en tanto, relativizaron los desencuentros y destacaron el papel de ese espacio para coordinar acciones.
Alternativas de convivencia
Ana Olivera, subsecretaria del Mides, dijo que además de habilitar más refugios la estrategia que llevan adelante es la de “prevención”. En una entrevista que concedió el 16 de mayo al programa Visión nocturna de Radio Uruguay, la subsecretaria explicó que el perfil de las personas que está “a la intemperie es más joven que la que está en refugios”. Agregó que muchas de las personas que viven en la calle vienen de lugares “institucionalizados” como la cárcel de adultos o son egresados del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Por eso, evaluó necesario incrementar el trabajo con el Ministerio del Interior y el Inisa para buscar soluciones a las personas que salen del sistema.
“Hay un problema mal resuelto en el tema del egreso” del Inisa y de las cárceles, evaluó uno de los integrantes del gobierno que trabaja en el tema.
Las otras características que presentan quienes viven en la calle son las adicciones y los problemas psiquiátricos.
Integrantes del Poder Ejecutivo y del oficialismo que fueron informados acerca de los datos que presentó el Mides dijeron a Búsqueda que es esa cartera la primera que tiene que reconocer sus fallos. Recordaron que el desempeño de la Secretaría de Estado en ese tema es cuestionado desde hace tiempo en la interna. De hecho, hace un año durante una reunión del Secretariado Ejecutivo, hubo un balance general de que el gobierno estaba en “el debe”, dijeron los informantes, que pidieron reserva de su nombre porque no estaban autorizados a discutir los resultados del censo.
Ciencias sociales
Mientras desde el Estado se trabaja en una estrategia, quienes viven en la calle también piensan en cómo mejorar su situación y muestran diferencias con las propuestas oficiales. Por ejemplo, el colectivo Ni Todo Está Perdido, integrado por personas en situación de calle que usan las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), se propone dotar de personería jurídica al grupo, mientras la decana de esa institución, Carmen Midaglia, planteó una “derivación responsable” de esta población en un plazo de cuatro meses hacia otras instituciones, por considerar que este es un “problema del Estado”.
El martes 28, por la mañana, una veintena de personas “en situación de calle” se reunió en un salón del primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. Si bien la mayoría son hombres de mediana edad que pernoctan en refugios o albergues cercanos al centro de estudio, también hay varias mujeres y jóvenes, incluso liceales, que aspiran a continuar sus estudios en esa facultad, según supo Búsqueda que presenció el encuentro. El grupo sesiona semanalmente en ese espacio cedido por la facultad, ajustado a un “orden del día” junto con un equipo de trabajo, moderado por el operador social y activista de derechos humanos Walter Ferreira, con la participación del departamento de Extensión Universitaria de la facultad y docentes expertos en población en situación de calle.
En esta oportunidad, el colectivo discutió, entre otros asuntos, la creación de una personería jurídica del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), que recientemente pasó a integrar la “red latinoamericana gente de la calle”, y para ofrecer “alternativas de convivencia” con los universitarios. Se trata de “la primera experiencia de organización de gente de calle” en Uruguay. En América Latina hay varias organizaciones similares, particularmente en Brasil, Argentina y Colombia.
A contrapelo de todas estas acciones, el Consejo de la Facultad Ciencias Sociales resolvió el jueves 16 “continuar y profundizar el proceso de derivación responsable” de las personas en situación de calle que utilizan las instalaciones universitarias hacia “los programas y servicios públicos dirigidos a esta población” del Mides y de la Intendencia. También planteó como prioridad que se utilicen los cupos que ofrece el Mides en los centros diurnos y así evitar que usen las instalaciones de la facultad. Días después, se puso en marcha el “proyecto de extensión” para atender la “salida ordenada” de esta población en un plazo de cuatro meses.
Búsqueda informó hace un año que unas 70 personas en situación de calle pasaban el día en la facultad y que el entonces decano, Diego Piñeiro, había reclamado ayuda al Mides para que se hiciera cargo de un problema que desbordó al servicio universitario. Algunos de los “visitantes externos” usaban las computadoras para buscar trabajo en forma pacífica, pero otros generaron problemas de convivencia debido a discusiones entre ellos —algunas terminaron a los golpes—, insultos a los funcionarios y robos a los alumnos. Toda esta situación derivó en intensos debates internos que luego se trasladaron al Consejo Directivo Central (CDC), órgano máximo de decisión de la Udelar.
La postura a adoptar frente a estas personas dividió a la facultad. Por un lado, el Centro de Estudiantes mantuvo una posición de “puertas abiertas” a una “población históricamente excluida”, mientras que algunos docentes y autoridades manifestaron que el centro de estudios es un espacio para los universitarios. Eso es lo que sostiene la actual decana, Carmen Midaglia, quien dijo a Búsqueda que el problema debió resolverse “mucho más rápido” al defender que la facultad “no es un refugio”. Argumentó que no están dadas las condiciones presupuestales ni de infraestructura para hacerlo. Y agregó: “No podemos confundir los roles: esto es un problema del Estado”.
Los afectados formaron el colectivo Ni todo está Perdido, y enviaron una carta con propuestas a la decana, quien entiende que es un “problema del Estado”
Ante esta situación, el colectivo afectado le envío una carta a la decana para enterarla del trabajo que vienen realizando y proponerle alternativas para abordar la problemática a corto y largo plazo. Desde el colectivo aseguran que las iniciativas del Mides y la Intendencia apuntan a “poblaciones dependientes”, como adictos o personas de tercera edad con baja movilidad, y que ese no es el caso de sus integrantes. Advirtieron que “el dar como solución que las personas en situación de calle solo puedan acceder a espacios creados específicamente para ellas separa y margina, limitando la libre circulación de las personas en las distintas instituciones y espacios públicos”.
Midaglia dijo entender que esta salida “no les guste” a los afectados, pero añadió que ahora tienen una mayor oferta de refugios diurnos del Mides y otros dos de la comuna capitalina donde pueden permanecer durante el día en lugar de pasar su tiempo en el centro de estudios. Falta definir aspectos como el número de personas “derivadas” a otras instituciones y que acepten voluntariamente.
En el marco de la reunión del martes en Ciencias Sociales, el activista Ferreira —quien aclaró que no representa a ninguna ONG ni a ninguna institución estatal en su trabajo con personas en la calle—, afirmó: “No creemos que la facultad tenga que trabajar como lo hace el Mides porque este servicio es de otra naturaleza. Pero la política tampoco puede ser directamente expulsiva, como la del shopping o la terminal de Tres Cruces, donde los echan”.
“Esta facultad trabaja con la problemática social, sabe del tema y acá se da el mismo corte que ocurre en la situación de calle de Montevideo, con temas de patologías, adicciones, de expulsión de la casa por violencia. Pero también llega gente con otras cualidades y calidades humanas. Nosotros no los elegimos por inteligentes o, como dijo alguien, porque tienen dientes... Hay que dejar que vengan a trabajar, que se organicen y tengan proyectos, aprender a convivir con ‘los otros’, y luego se van a ir solitos”, comentó al cerrar la sesión.
(*) La cantidad exacta es de 2.038 personas, cifra difundida por el Mides horas después de publicada esta nota.
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