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    Capitán del Ejército acusa de “negligencia” al ministro de Defensa por no investigar un caso vinculado al espionaje en democracia

    “¿Es un capricho o no puede reaccionar porque tiene las manos atadas?”, cuestiona Héctor Erosa, pasado a retiro por un trastorno de personalidad supuestamente falso

    En diciembre de 1996 el entonces teniente primero del Ejército Nacional, Héctor Erosa, acudió al Hospital Militar para una pericia psicopatológica por parte de una comisión médica. El resultado arrojó que estaba apto para el cumplimiento de actividades militares. Seis meses después, sin embargo, otra comisión médica a la cual no concurrió le diagnosticó un trastorno severo de personalidad. La firma de los cinco médicos determinó que en 1998, ya capitán, fuera pasado a retiro por incapacidad completa.

    El dictamen, que tiene como fondo denuncias públicas de Erosa sobre el represor Eduardo Ferro y el supuesto espionaje en democracia a comienzos de la década del 90, sumó otro capítulo semanas atrás cuando el Ministerio de Defensa rechazó la recomposición de la carrera de Erosa. El militar había reclamado a la cartera que la junta médica que lo evaluó lo hizo “con fines espurios y erróneos”, pero el fallo argumentó que el diagnóstico no puede rectificarse, entre otros puntos porque la junta médica no está integrada actualmente por los mismos miembros que en 1997. “El pase a situación de retiro obligatorio por incapacidad completa fue otorgado conforme a derecho”, señala el documento firmado el 27 de mayo por el ministro Javier García.

    Erosa criticó con dureza la resolución en una carta abierta dirigida a García que publica hoy Búsqueda en la sección “Cartas al Director”. Asegura que “un profesional que se digne de tal debería abstenerse de emitir una decisión con tan poca ética pública”, ya que García “se ha negado” a investigar el dictamen de la junta médica cuando el Ministerio de Defensa “está en conocimiento de su falsedad”, elaborada para sacarlo “del medio en un asunto que involucraba al extraditado coronel Ferro”. Apunta a la “negligencia” y “desidia” de la resolución y califica de “absurdo” y “ridículo” el argumento esgrimido para desestimar su pedido. Por último, manifiesta su sorpresa ante la actitud de García, a quien creía un ferviente defensor de la transparencia. “Lamento que no haya estado a la altura de sus promesas electorales y de sus virtuosos discursos al frente de tan importante ministerio”.

    En diálogo con Búsqueda, Erosa señaló que “son contundentes e irrefutables” las pruebas que demuestran que su diagnóstico fue fraguado: un médico integrante de la comisión admitió el engaño ante una escribana pública, desde 1997 a hoy nunca fue tratado en el Hospital Militar por el trastorno, un estudio de la cátedra de Psiquiatría del Hospital de Clínicas asegura que es mentalmente sano y actualmente es piloto privado con licencia aeronáutica, para lo cual recibió un certificado de aptitud psicofísica de parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), dependiente del Ministerio de Defensa.

    “Básicamente, el mismo psicólogo que decretó que estoy loco dice que puedo volar y llevar personas en un avión”, ironizó. “Entonces la resolución del ministro simplemente es no porque no. No tiene argumentos sólidos. Me pregunto: ¿no le interesa el caso, ministro? ¿Es un capricho o no puede reaccionar porque tiene las manos atadas?”. A Erosa le llama la atención que el resultado médico no haya sido rectificado cuando García trabaja diariamente con jerarcas ministeriales que integran Cabildo Abierto y conocen de cerca su situación por pertenecer al Ejército.

    El año pasado dijo a El Observador que Guido Manini Ríos, como comandante en jefe del Ejército, le confió que su caso no podía reconsiderarse porque fue hecho “por el bien” de la institución.

    Periplo de persecución

    Capitán retirado del Arma de Ingenieros, Erosa tomó relevancia pública luego de una comparecencia de 2018 en la Cámara de Diputados ante la comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia del Estado llevados a cabo por personal policial y militar desde 1985. Allí denunció actividades ilegales mientras sirvió en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 2 de Florida, particularmente cuando asumió como comandante del batallón el hoy coronel retirado Ferro, recientemente procesado con prisión por crímenes durante la última dictadura.

    “Es una unidad operativa, reglamentaria y de combate que no tiene como finalidad, bajo ningún concepto, realizar tareas de espionaje ni de inteligencia. Inmediatamente después de que Ferro se hace cargo de la unidad procede a hacer acciones contrarias a los reglamentos”, indicó. Entre otras cosas admitió que accedió a cajas confidenciales donde se guardaban relatos de informantes y carpetas de analistas. En una de esas carpetas estaba el seguimiento a la esposa del luego presidente Jorge Batlle.

    Erosa aseguró que informó del tema a sus superiores y lo denunció ante la Justicia militar. Sin respuestas, sufrió en la interna castrense un “periplo de persecución” que incluyó siete cambios de destino y finalizó con el examen psicológico de 1997.

    En octubre El Observador informó que el psiquiatra militar Uscher Loskin, uno de los cinco profesionales que integró la junta médica, admitió ante una escribana pública que el diagnóstico estuvo “preparado” y “mandatado”. Horas después el ministro de Defensa anunció que la cartera había presentado una denuncia policial a raíz de la declaración de Loskin. “Lo que hicimos fue poner en conocimiento de la Policía y de la Justicia los hechos que fueron confesados a los efectos de que se investigue la eventualidad de un hecho fraudulento”, dijo García en conferencia de prensa. La denuncia fue asignada a la Fiscalía de Flagrancia de Montevideo de 2do turno, que contestó que son hechos “incuestionablemente prescriptos”, pues ocurrieron hace 23 años.

    Con la admisión de Loskin, su historial en el Hospital Militar, el examen de la cátedra de Psiquiatría y la licencia aeronáutica, Erosa solicitó sin éxito a Defensa la reparación de su función y la recomposición de su carrera militar. La denegatoria sostiene que el militar agotó todas las instancias correspondientes y que en 2001 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó el acto administrativo impugnado.

    Recurrida la resolución, el próximo paso será un juicio reparatorio ante la Justicia civil, aunque afirma que su objetivo nunca fue el dinero, sino el honor de ser reintegrado a la carrera. “Mis reclamos nunca pidieron compensaciones por daños y perjuicios. El ministro podía perfectamente haber evitado un futuro daño económico al Estado rectificando la situación, porque ante un juicio civil tengo todas las pruebas”.

    Información Nacional
    2021-07-07T23:36:00