A fines de octubre, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, concurrió al Parlamento para mantener una reunión con legisladores. Su objetivo era insistir en algo que lo desvela: lograr que en todos los niveles del Estado exista una “percepción compartida de la amenaza que enfrenta” Uruguay.
En el encuentro, que fue de carácter reservado, el oficial advirtió acerca del avance del crimen organizado en el país y pidió a los políticos que sigan lo que ocurre en Centroamérica. Es que para la Policía, Uruguay no es una isla y los fenómenos de violencia y criminalidad que suceden en otros países tarde o temprano llegan.
Según explicó Guarteche a Búsqueda, el objetivo de su gestión es remontar los “cuarenta años de atraso” que tiene la Policía en “todos los niveles” y aplicar un “cambio cultural” y de organización que permita al Ministerio del Interior enfrentar los delitos durante los próximos 20 años.
El atraso.
Hasta la llegada de Guarteche en 2010, la figura del director nacional de Policía no tenía demasiado prestigio en la organización. El cargo que realmente importaba en la interna era el de jefe de Montevideo, porque es el que maneja la dependencia más grande y debe combatir la mayor delincuencia. Sin embargo, la designación del ex jefe de la Brigada Antidrogas y la decisión del comando político del Ministerio del Interior de tener en cuenta sus opiniones en las reuniones de gabinete, fortalecieron el cargo.
Desde que asumió, Guarteche dedicó parte de su tiempo a analizar las debilidades de la institución y proyectar qué tipo de Policía es necesaria para enfrentar los delitos de la próxima década.
El balance de la situación que hace el director de la Policía es negativo. “Tenemos un atraso de cuarenta años desde todo punto de vista: manejo de personal, infraestructura, leyes que nos rijen”.
“La dictadura afectó mucho la relación con la población —afirmó el jerarca— y enlenteció el desarrollo de la Policía a nuevas formas de investigación”(ver nota aparte).
“Economía familiar”.
¿Cuál es la situación de la Policía? La respuesta de Guarteche a esa pregunta es desalentadora: “Hemos notado problemas disciplinarios, falta de compromiso, falta de control, falta de estímulos. Tenemos problemas de liderazgo y de corrupción”.
Las autoridades han dedicado esfuerzos para “neutralizar las malas prácticas y la falta de ética” en la institución. Se tomaron medidas que van desde dictar cursos para que los policías aprendan de “economía familiar”, hasta “identificar focos de corrupción” dentro de la institución. “Estamos empeñados en tratar de formar un individuo que realmente sea íntegro en todos los aspectos, pero además que sea capaz de resisitir los embates de la corrupción, que siempre vienen atados de un manejo ineficiente de los recursos económicos”.
La situación del exterior.
Pero además de atender los recursos humanos y la corrupción, las actuales autoridades del Ministerio iniciaron un proceso de reestructura que pretende poner a tono a la Policía frente a los delitos que sufre el país, y atender las posibles tendencias que seguirá la delincuencia en los próximos 20 años.
Para la Policía, Uruguay debe mirar lo que está sucediendo en Centroamérica, donde hay una ola de violencia producto del enfrentamiento entre las organizaciones vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico. “Tenemos que avanzar sobre los problemas aprovechando la cantidad de años que se da entre que se consolidan en otros países y que llegan a Uruguay”, explicó Guarteche.
Varios países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras tienen las tasas de homicidios más altas del mundo. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, parte del aumento de la violencia en esa zona se debe al cambio de flujo del comercio de drogas ilegales luego de que México militarizara el combate al narcotráfico. Mucha de la cocaína que iba desde Colombia hasta México y Estados Unidos a través de Centroamérica empezó a quedarse en esos países de tránsito para abastecer el mercado local.
Eso provocó un cambio en el “ecosistema” de grupos criminales, como las maras, que comenzaron a competir de manera violenta por el nuevo mercado. Mediante el uso de la fuerza y la corrupción esas organizaciones comenzaron a sustituir al Estado en determinadas zonas. Y el cóctel tiene como resultado las altas tasas de homicidios que se registran en varios países de América Latina, que son superiores incluso a las de África.
El gobierno tiene que aprovechar —según Guarteche— y mirar lo que está sucediendo en Centroamérica, ya que en Uruguay está ocurriendo algo similar, aunque es todavía “un proceso incipiente” (Búsqueda Nº 1684).
Para enfrentar el avance del crimen organizado a nivel local y el tipo de violencia que, según las autoridades, ya comenzó a desplegarse en las calles uruguayas, el Poder Ejecutivo inició una serie de cambios en la Policía. Se le dio “alcance nacional” a la Guardia Republicana —una fuerza militarizada que sirve para dar apoyo a las unidades policiales básicas—, se creó la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, se reestructuró la Dirección de Información e Inteligencia para fortalecer su capacidad analítica y se amplió la cooperación internacional.
A su vez hubo un cambio en la Jefatura de Montevideo, donde se cometen la amplia mayoría de los delitos. Se dividió la ciudad en cuatro zonas y se prevé agregar una comisaría a las 24 ya existentes.
De esta manera, la Policía tiene “unidades territoriales” dedicadas a la prevención, respuesta y resolución de los delitos, mientras que por encima hay unidades especializadas “dedicadas a manejarse a nivel internacional contra ciertos delitos: narcotráfico y crimen organizado”.
“Cuando analizamos cómo son las estructuras de los grupos criminales, encontramos grupos que son territoriales y otros que están dedicados al tráfico o flujo de determinadas cosas. Estos dos modelos requieren una forma de investigación diferente”, explicó Guarteche. “La estructura que estamos armando ahora va a resistir los cambios de los delitos que pueden surgir en los próximos 20 años. No la hacemos pensando solo en la realidad local, sino viendo la realidad de lo que ocurre en otros países, donde la situación es infinitamente peor a la nuestra”.
Los resultados.
Las transformaciones no se reducen a los organigramas, sino que las autoridades aspiran a que se produzca un “cambio cultural” en los policías. En ese marco, el Ministerio organizó para noviembre una serie de charlas para jerarcas policiales que serán dictadas por el jefe de Policía de Nueva York durante la época en que se aplicó la política de “tolerancia cero”, William Bratton.
En base a la experiencia de Nueva York, desde hace meses la Jefatura de Montevideo utiliza un “mapa de calor” en el que se marcan las zonas de la capital donde se producen delitos —las áreas en color rojo son las más complicadas— y elabora operativos a partir de esa información.
Además, las autoridades decidieron instalar un sistema de evaluación de resultados para premiar a quienes mejor trabajan. El objetivo es que a partir del 2013 haya incentivos económicos para los comisarios en cuyas jurisdicciones se registre una baja de los delitos.
“La Policía ha avanzado hacia nuevas formas de investigación —según Guarteche— que van más allá del simple hecho de detener personas e interrogarlas por cualqueir motivo. Hoy no hacemos eso en ninguna de nuestras actividades, nos regimos por el derecho. Pero además estamos aplicando tácticas mucho menos agresivas y mucho más quirúrgicas”.
La Policía logró desarticular en los últimos meses varias organizaciones vinculadas a la trata de personas, luego de pacientes investigaciones en las que se combinó el trabajo de campo y las escuchas telefónicas.
En cuanto a los “delitos comunes”, la información que maneja el ministro Bonomi indica que la puesta en práctica de algunas medidas está provocando “una caída constante de las rapiñas desde el mes de mayo en adelante”. Si la tendencia continúa, el gobierno prevé que los robos violentos no crecerán, por primera vez en una década.
