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Francisco Casal presentó una demanda en la Justicia de Estados Unidos contra varias compañías, empresarios, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y sus ex dirigentes acusados de corrupción, con el fin de obtener una compensación económica por los “daños” de “cientos de millones de dólares” que les provocaron a sus negocios.
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El escrito, corredactado por la ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay Julissa Reynoso, sostiene que los denunciados “participaron intencionalmente en un esquema” de coimas para favorecer a algunas empresas en la asignación de los derechos de televisación de los torneos de fútbol en la región y perjudicar a las de Casal, autoproclamado la persona más rica del país.
Por eso el empresario uruguayo reclama, entre otras cosas, una “indemnización por daños y perjuicios” que suponga el “triple” de los daños sufridos, dice la demanda, aunque agrega que el monto deberá determinarse en el juicio.
El 20 de octubre los abogados del bufete norteamericano Cadbourne & Parke Reynoso y Thomas McCormack presentaron una demanda en la corte del Distrito Sur del estado de Florida en representación de las empresas GolTV y Global Sports. Esas compañías son las que usó Casal para pujar, sin éxito, por los derechos de transmisión de varios torneos de fútbol regional.
La demanda es contra varias empresas vinculadas a Fox Sports, sus directivos Carlos Martínez, Hernán López, James Ganley, empresas relacionadas con Torneos & Competencias, su ex titular Alejandro Burzaco, Full Play y sus ex dueños Hugo y Mariano Jinkis, la Conmebol y los ex presidentes del organismo Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout. En los últimos meses, a partir de una investigación lanzada por el Departamento de Justicia norteamericano, Burzaco se declaró culpable de pagar coimas para obtener los derechos de televisación del fútbol, mientras que Figueredo confesó su participación en esos ilícitos ante la Justicia uruguaya. Napout, en cambio, pagó una fianza de U$S 20 millones en Estados Unidos y se declaró inocente.
Según el escrito, las empresas de Casal fueron “víctimas de un esquema de corrupción” y lavado de dinero que fue descrito por el Departamento de Justicia en su acusación, divulgada en diciembre del 2015. “Ahora los denunciantes buscan una compensación por el daño que sufrieron por la pérdida de los derechos de televisación” que podrían haber ganado si no fuera porque los dirigentes de la Conmebol aceptaron coimas para favorecer a las empresas denunciadas, agrega.
La demanda incluye cuadros que muestran la diferencia entre las ofertas que hicieron las empresas ganadoras y las de Casal. Para obtener los derechos de televisación de las ediciones de Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana 2015 a 2020, por ejemplo, GolTV estaba dispuesto a pagar U$S 805 millones mientras que T&C U$S 416 millones.
La denuncia sostiene que los acusados violaron las leyes anti trust en varios países. Esas estrategias ilegales, explica el escrito, impidieron el acceso de GolTV a mercados de televisión importantes y provocaron así un “impacto financiero” sobre las empresas de Casal por “al menos cientos de millones de dólares”. Por eso, los demandantes tienen “derecho a recuperar tres veces los daños que sufrieron y el costo de la demanda y los honorarios razonables del abogado”.
