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Las radios comunitarias con personería jurídica tenían plazo hasta hoy jueves 29 para completar de forma online una declaración jurada del flujo de ingresos y egresos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023, así como su planilla laboral. Esto había sido resuelto por la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) el pasado 8 de junio, donde se señalaba que el incumplimiento era pasible de sanciones. Sin embargo, según dijo a Búsqueda el representante del Frente Amplio en el directorio del regulador, Pablo Siris, a primera hora de la tarde del martes 27 no llegaban a cinco las emisoras que habían completado el trámite, pese a que tuvieron los primeros 60 días de 2024 para realizarlo.
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De las aproximadamente 200 emisoras de este tipo que hay en el país, agregó, 70 son las asociaciones civiles que estaban obligadas a completar un trámite que hasta el momento no se había pedido. Esto no había pasado pese a que estaba establecido por la “ley de radiodifusión comunitaria”, de enero de 2008, y por su decreto reglamentario correspondiente, el 417 de 2010.
Esta situación ha generado inquietud y molestias en los responsables de estas emisoras, muchas de las cuales cuestionan que esto ha sido una imposición del sector comercial, y más concretamente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu). Ellos a su vez habían señalado su temor de que estas se conviertan en empresas con fines de lucro, lo que está prohibido por ley.
Referentes del sector comunitario consultados por Búsqueda retrucaron que, sin embargo, el literal T del artículo 68 de la “ley de medios” aún vigente, de diciembre de 2014, obliga también a los titulares de los servicios audiovisuales grandes a entregar sus balances, lo que aún hoy no ha pasado.
Esta última ley fue reglamentada por el decreto 160 de 2019, que establece en su artículo 11 que el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) deberá elaborar a los 90 días de instalarse un proyecto de decreto para que ese literal se cumpla. Pero el CCA nunca llegó a formarse y ese punto nunca se reglamentó. Tampoco se les pidió rendir cuentas más allá de que el artículo 198 de la “ley de medios” indicaba que la Ursec debía estar a cargo de sus competencias hasta que el CCA fuera instalado.
Si bien la resolución habla de sanciones, la Ursec —que decidió habilitar formularios online para no exigir certificaciones notariales, más onerosas para estas emisoras— no tiene aún claros los pasos a seguir en los casos en los que no se brinde información, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo regulador. Indicaron que incluso podría considerarse una prórroga.
Reclamos de inequidad
“Andebu insistió mucho en que hiciéramos declaraciones juradas y la Ursec estableció la manera. Pese a que pedimos algún instructivo de cómo hacerlas no tuvimos respuesta y cada emisora la llevó a su saber y entender. En gobiernos anteriores no hubo mucho control. Estoy seguro de que la administración actual ni siquiera sabe cuántas somos hoy”, dijo a Búsqueda Carlos Valdivia, de la Mesa Representativa de la Red de Radios Comunitarias.
Valdivia es responsable de Latorre FM de Fray Marcos, en Florida, con llegada a 4.000 personas. “Somos el principal medio del pueblo, y el único”, dijo y se rio. Y agregó: “Si no es por radios como nosotras, capaz que te enterás más de una guerra en Europa o cualquier cosa de Montevideo de lo que pasa en el club de tu ciudad o con tu vecino”. Esa cercanía es similar a la de las señales informativas de los servicios de TV por cable del interior (Búsqueda Nº 2.196), otro sector en retroceso.
“Acá somos entre 10 y 20, todos somos colaboradores, nadie está remunerado, nadie vive de la radio. Yo vivo de unas propiedades que tengo. La radio se mantiene por donaciones o por venta de publicidad. Somos periodistas, directores, operadores, arreglamos micrófonos o alambres. Hacemos de todo”, señaló Valdivia.
Sobre la cantidad de radios comunitarias, el vocero estima que si hace cinco años eran 200 radios hoy difícilmente lleguen a la mitad. La red aglutina un medio centenar. “No entiendo mucho esta finalidad de control. El gobierno exige mucho pero no nos apoya en nada. Hemos planteado que nos exoneren de tarifas públicas, que es lo que más nos lleva. Solo en luz acá pagamos $ 20.000 por mes”, agregó.
Según la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), en 2020 había 72 radios comunitarias con personería jurídica y 47 frecuencias compartidas por grupos de personas (Búsqueda Nº 2.134).
Carlos Dárdano, de Espika FM de Santa Lucía, Canelones, e integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), dijo a Búsqueda que la entidad que representa está “de acuerdo con que haya auditorías en todos los sectores de comunicación y no solo en el comunitario”. Es por eso que critica este proceso, al que define como “implementado de forma improvisada” y sin ofrecerles “ninguna capacitación” a los responsables de las radios.
“Si bien alguna radio (comunitaria) puede tener algún asalariado, no hay quien viva de esto. (…) A mí me gustaría saber en qué llevan la plata las radios comerciales. La Ursec está omisa en controlar al sector comercial y actúa a pedido de Andebu, donde están los medios con mayor poder económico y los titulares con más concentración de medios. Ellos no presentan informes de auditoría. Pero nosotros no andamos persiguiendo a nadie”, concluyó. La Amarc envió una solicitud de prórroga al regulador.
Fluidez
Según las normas, por radio comunitaria se entiende el “servicio de radiodifusión no estatal de interés público” a cargo de “asociaciones civiles con personería jurídica y por grupos de personas organizadas sin fines de lucro” para satisfacer necesidades de comunicación de un barrio o localidad. Salvo excepciones, tienen una potencia de 30 watts. Tienen expresamente prohibido hacer proselitismo partidario o religioso. Esto último —que distintos actores políticos consideran más usual que el lucro— no se controla en las declaraciones juradas.
“La realidad de las radios comunitarias es muy diversa. Esto que se hace es para cumplir con la norma y está bien. También para verificar la preocupación que presentaron en su momento los titulares de los medios comerciales. No creo que el lucro desmedido sea una generalidad ni mucho menos, ¡vamos a encontrar publicidades de la carnicería del barrio, no de la Coca Cola!”, dijo Siris.
La poca llegada de información es, a su criterio, una señal de una falta de comunicación fluida de la Ursec con este sector. “Acá se ven todo el tiempo autoridades de los medios comerciales, pero no hemos logrado tener esa misma actitud proactiva con los comunitarios”.
