Captar nuevos clientes para la AFAP les permitía aumentar su salario porque la remuneración tenía una parte fija y otra variable: más afiliados significaban mayor remuneración.
El funcionario del BPS comenzó a traficar información “aproximadamente” en 2015 y lo hizo hasta principios de diciembre del 2020, de acuerdo a un informe de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. En un monitoreo de tráfico, el BPS detectó que en la agencia de San Jacinto se registraba un envío de información que no estaba justificado. Luego incautaron la computadora de ese funcionario y se comprobó la maniobra.
Durante esos años, el funcionario cobró entre $ 224.500 y $ 273.000 por enviar los datos, según la Fiscalía. A fines de 2020, el BPS le inició un sumario, que finalizó con su destitución en abril de 2021, y denunció el caso a la Justicia. Ante esta noticia, República AFAP inició una investigación interna para encontrar a los empleados involucrados en la maniobra y terminó despidiendo a 17 a mediados de 2021. Tras comunicar esa decisión, la gerencia admitió en un comunicado interno que estaba en un “momento muy duro para la institución, por las drásticas decisiones que debieron ser tomadas”.
El funcionario del BPS de San Jacinto fue condenado, tras un proceso abreviado, a 20 meses de prisión, inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos y una multa de 400 unidades reajustables. Diez funcionarios de República AFAP fueron condenados como coautores del delito, con penas algo más leves.
Tiempo después, varios de los despedidos de la AFAP iniciaron demandas laborales a su exempleador; dos siguen en trámite y una fue desestimada por un Tribunal de Apelaciones. Si bien reconocen la responsabilidad que tuvieron en la maniobra, cuestionan que sus jerarquías estaban al tanto de lo que hacían.
En los juicios, República AFAP admitió que “la maniobra puesta al descubierto” tuvo un “impacto negativo” que dejó “una huella en la empresa”. Significó “un verdadero escándalo, provocando la desvinculación de varios funcionarios, y una afectación reputacional de proporciones inmensas”.
La información surge de correos electrónicos, informes elaborados por República AFAP y de Fiscalía y documentos judiciales a los que accedió Búsqueda.
La mala conducta
El 30 de junio de 2021 a las 16.30, 14 trabajadores de República recibieron un mail que les informaba el resultado de la investigación interna: estaban despedidos por “notoria mala conducta”, un motivo que les impedía cobrar las indemnizaciones por despido. Luego de meses de silencio, los empleados iniciaron acciones judiciales y comenzaron a denunciar la situación de forma pública. En setiembre de 2022, el programa Punto de encuentro de Radio Universal informó que los exfuncionarios denunciaron que los gerentes de la administradora no solo estaban al tanto del tráfico ilegal de datos sino que también lo promovían. Los exfuncionarios Patricia Escobal, Paola Olmedo, Cristina Salerno y Matías Feola dieron un paso más y el mes pasado fueron a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado a denunciar eso. En ese ámbito, de acuerdo a la versión taquigráfica, Escobal relató que Martin, el jefe de Ventas de la AFAP, les entregó listados de nuevos trabajadores y que promovía la situación con el conocimiento de Moles. En un mail, enviado el 12 de octubre de 2018, Martin escribe a sus empleados: “Tenemos a nuestra disposición la nómina de BPS con las altas del programa Mides. Por si alguno lo necesita para certificar, lo tiene disponible en el adjunto”.
Escobal explicó a Búsqueda que cada vez que captaban a un nuevo cliente debían entregar un documento para que firmaran sus jefes con el salario del trabajador afiliado, con lo que certificaban la venta. Luego, podían cobrar la comisión. La empresa, agregó la extrabajadora, necesitaba que la afiliación se certificara para sumarla al objetivo comercial dispuesto por los accionistas.
Una forma “legal” de hacer ese trámite era a través del sistema SGAA, que les permitía acceder a los datos, pero pasados los dos meses. Para adelantarse, los funcionarios le pedían la nómina al funcionario del BPS de San Jacinto, que les enviaba los datos. Otra manera de certificar las afiliaciones era a través de un recibo de sueldo o planilla de trabajo, pero eran “difíciles de conseguir enseguida”, de acuerdo al relato de Escobal.
Los trabajadores reconocieron ante la Justicia que el funcionario del BPS les enviaba la información —lo que es ilegal— y afirmaron que los gerentes, los jefes y los mandos medios estaban en “pleno conocimiento” del procedimiento. De hecho, esas nóminas llegaban a sus correos electrónicos corporativos de República AFAP. En la denuncia también aseguran que el actual gerente general, Romin Silva, estaba al tanto de la obtención de los datos previo a la afiliación.
Moles, el exgerente comercial, propuso a un trabajador de la AFAP que se trasladara a Rivera y le ofreció ponerlo en contacto con un funcionario del BPS de ese departamento, que le podría facilitar las nóminas, según lo declaró en la investigación interna que hizo la empresa y surge de la denuncia laboral.
Ante la Justicia, República negó que los gerentes estuvieran en conocimiento de la maniobra porque los ahora extrabajadores se “cuidaban” de que la empresa no se enterara del “ilegítimo accionar”.
Según la AFAP, Escobal, por ejemplo, pidió a los compañeros involucrados en la maniobra que no le pagaran al trabajador del BPS por transferencia bancaria sino a través de buzonera, y recomendó borrar los mensajes.
Sin embargo, esta exfuncionaria —que era la encargada regional del este— afirmó en el Parlamento que tiene “mucha cosa guardada” que implica a los mandos gerenciales.
República AFAP también declaró que era imposible controlar todos los correos electrónicos, dado que tiene un tráfico mensual de 1,5 millones de mails. “Nadie pudo ver nada de la información que nos ocupa”, testificó, y aclaró que la validación de las afiliaciones no implicaba para la empresa saber que se habían obtenido por un “mecanismo espurio”.
“Sostener que la empresa sabía de la maniobra, lo cual es falso, en nada disculpa el accionar ni suaviza la notoria mala conducta. Si hubiera habido órdenes ilegales, el trabajador debía negase a cumplirlas”, alegó la defensa de República.
En los descargos de otras de las demandas laborales, la AFAP sostiene que la maniobra dejó “una huella en la empresa muy difícil de sobrellevar” y recuerda que tiene otras competidoras en el mercado.
Denuncia desmentida
Basada en información que obtuvo de forma privada, una asesora previsional de República fue a visitar a un trabajador que había sido afiliado de oficio (lo que sucede cuando está obligado a aportar a una AFAP pero no elige alguna de las administradora para hacerlo). El hombre se enojó con la actitud de la mujer y fue hasta la AFAP a quejarse.
El gerente Moles llamó al cliente ofendido y le informó que la empleada fue suspendida por tres días y luego desvinculada de la empresa, según surge de la respuesta de República AFAP a una consulta del Banco Central (BCU). El 2 de enero de 2020, el hombre también había denunciado la situación ante ese organismo regulador por sentirse acosado, haber recibido “amenazas” y por “violación de sus datos personales”.
Pero de ese documento surge que la funcionaria le envió mensajes al denunciante que alertaban: “Averigüe a fondo. Hay gente de BPS que vende datos. La AFAP hasta no hace mucho tenía todo a través de la clave del gerente y el jefe comercial. Así trabajan todos”. La mujer envió los mensajes el 6 y el 7 de enero de 2020. República desmintió la información.
Sin embargo, en diciembre de ese año, el BPS inició el sumario al funcionario que le vendía datos a República AFAP. Fue a partir de ese trámite iniciado por su accionista que la empresa decidió iniciar una investigación interna.
En la apelación que hizo Escobal y otro funcionario ante la Justicia, los denunciantes concluyen que ya en 2019 “las jerarquías de la empresa” sabían de la compra de datos. “Sin embargo, lejos de efectuar o disponer” una investigación interna, no la hicieron y contestaron “sin ambages al Banco Central que esa situación estaba descartada”.
Búsqueda consultó esta semana a República AFAP sobre esas denuncias, pero la empresa declinó hacer declaraciones dado que la “situación está judicializada”. Su equipo de comunicación respondió que “está comprobada la notoria mala conducta” de los extrabajadores. “Todo lo que se tenía que decir y demostrar se dio a la Justicia, y está en las sentencias dictadas. Eso es contundente”, contestó por escrito.
La AFAP rechazó concurrir a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para “no interferir en el libre curso de las causas judiciales”.
Consultados por Búsqueda tanto Moles como Martin se excusaron de hacer declaraciones para “no interferir”.
Los dos gerentes fueron despedidos al no aceptar la rebaja salarial propuesta por República en 2020.
Cuando El País y la diaria informaron sobre los despidos en República AFAP, funcionarios vinculados a la maniobra se comunicaron con los jerarcas de la administradora previsional vía WhatsApp, según los chats presentados ante la Justicia. “Fuimos números y nos trataron como perros. Chau”, recriminó una trabajadora despedida. Su anterior jefe se mostró dispuesto a conversar y se despidió: “Mi estima por ustedes no cambia”.
