Casos de Astesiano y Moreira fueron “de pequeña escala” y hubo respuesta institucional “rápida”, pero son “una señal de alerta”

Esa consultora, en alianza con Americas Society/Council of the Americas, elabora el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción para un grupo de países de la región. En su edición anual más reciente —divulgada hace pocos días—, Uruguay registró un segundo descenso consecutivo y quedó en 6,99 puntos, en un rango de 0 a 10, aunque se mantuvo en la mejor posición del ranking seguido por Costa Rica (6,76), Chile (6,67) y Perú (5,53). Venezuela lo cierra con un puntaje de 1,46.

—Lo vemos como una tendencia regional, no es algo específico de Uruguay. Es una situación que enfrenta toda América Latina en el combate contra la corrupción: en casi todos los países que medimos hubo una caída en los aportes públicos a las agencias anticorrupción. Por eso, la capacidad de detectar, de prevenir y de combatir la corrupción acaban por disminuir. Otro aspecto es que, en general, la movilización social en contra de la corrupción y la cobertura de los medios de comunicación han caído. Esto también determina una tendencia a la baja en la mayoría de los países.

En el caso de Uruguay, los aportes públicos al financiamiento, por ejemplo, a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), ha caído en los últimos años. Por eso, en parte, el score de Uruguay cayó un poco. Aun así, Uruguay permanece en una posición estable en comparación con los otros países de la región y, en una mirada amplia, sigue siendo el que está mejor.

—¿Cómo debe leerse que en estos años haya habido pocos recursos para la Jutep? (Nota de redacción: la entrevista tuvo lugar antes de conocerse que el proyecto de Rendición de Cuentas previera un refuerzo presupuestal para capacitaciones y contrataciones, además de un aumento a un máximo de 100 unidades reajustables de multa en caso de omisión de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales). ¿El sistema político no quiere ser controlado?

—Es una pregunta complicada. No sé si el sistema político no quiere ser controlado, sino que hay otras prioridades. En general, con la pandemia hubo más enfoque en cuestiones económicas y una preocupación más alta por la seguridad. Los aportes públicos también siguen esas prioridades y caminan junto con una preocupación de la sociedad: en general, actualmente las sociedades les prestan menos atención a otros tópicos, como las consecuencias que hubo en las economías.

—En el capítulo referido a Uruguay, el informe menciona como explicaciones de la baja en el índice el retroceso “en variables fundamentales de la capacidad legal, como la independencia y la eficacia judicial, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y la cooperación internacional en materia de orden público”. ¿Qué se detectó en concreto en cada una de estas áreas?

—En cuanto a los delitos de cuello blanco, lo que vemos es algo regional. El narcotráfico y el entorno de seguridad empeoró también en Uruguay. Vemos la presencia del crimen organizado en algunos aspectos, entre ellos los delitos de cuello blanco, el lavado de activo y de ruta de la droga. Este es un problema en Uruguay detectado en el último año.

Por otro lado, el debate sobre el triunvirato para la Fiscalía de Corte lo vemos como un riesgo de interferencia política. Es posible que no avance, pero nos llama la atención. Esto tiene que ver con la independencia del Poder Judicial; de todos modos, hay que destacar que Uruguay sigue teniendo más independencia judicial y en sus agencias anticorrupción si se compara con los países de la región. En Uruguay, en general, el tema de las designaciones no está tan politizado como por ejemplo en Argentina.

—¿Qué peso tuvo el “caso Astesiano”?

—Fue un tema muy presente en la prensa que le dio visibilidad a la discusión anticorrupción.

Lo bueno del índice es que permite comparar los países. Si comparamos el caso Astesiano con otros casos de corrupción que hemos visto en la región en los últimos años, como el Lava Jato en Brasil, no tiene tanta relevancia ni impacto. Hay que ver las ramificaciones políticas; el nivel de aprobación del presidente uruguayo aparentemente está estable y también más alto que el de otros mandatarios de la región. También habrá que ver qué pasará en el espacio político y podría darse que el tema de la corrupción gane más tracción en la campaña electoral. Pero en términos de la medida de la capacidad de combatir la corrupción no hubo tantas implicaciones.

—Otro episodio de desvío fue el de la ministra de Vivienda, que benefició a una militante de su partido, Cabildo Abierto, con la entrega de un inmueble. La jerarca terminó renunciando. ¿Cómo vio este caso?

—Igual. Las implicancias en el espacio político tal vez sean más relevantes que aquellas en el espacio institucional.

Algo que podemos decir de Uruguay es que el tiempo de respuesta frente a un caso de corrupción es más rápido y más serio que en otros países, por el estado de la democracia, por las credenciales, la eficiencia institucional. Esto se confirma con este caso.

— En un reciente informe, el Mecanismo Anticorrupción de la OEA (Organización de Estados Americanos) señaló que el país debería incorporar a su legislación el delito de enriquecimiento ilícito, flexibilizar exigencias vinculadas a la colaboración internacional ante solicitudes de información del sistema bancario y cambiar las normas para poder sancionar a las personas jurídicas domiciliadas en Uruguay que participen en esquemas de corrupción internacional. Más allá de su buena posición relativa en la región, ¿no parecen demasiados los resquicios que deja abiertos Uruguay para ser parte de operaciones como el Lava Jato o el dinero de la ruta K?

—No estoy al tanto de este informe de la OEA. En términos de cooperación internacional, hace un par de años empezamos a ver mejoras de Uruguay para comenzar a adoptar las buenas prácticas. Esto es un punto positivo que, otra vez, no vemos en otros países de la región.

—Uruguay ratificó en 2006 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero todavía carece de un marco anticorrupción para la actividad privada. ¿Qué implicancias tiene esto?

—Es normal que lleve años hacer las legislaciones nacionales, es un proceso.

Cuando hablamos del sector privado en Uruguay los riesgos de corrupción y coimas siguen siendo más bajos que en otros países.

Hay una combinación de factores favorables para Uruguay: geográficamente, no solo es un país chico, sino que tiene una concentración de población grande, con 40% en Montevideo. Es más fácil identificar, prevenir y combatir la corrupción en áreas concentradas. Piense en Brasil, donde hay muchos estados, zonas rurales, no hay tanto monitoreo.

Segundo, Uruguay es un país con condiciones financieras más favorables. Hay más presupuesto para las agencias anticorrupción que en otros países.

Tercero, y lo más importante de todo, es la cultura política en Uruguay. Tiene un estado de la democracia más fuerte que en otros países, tiene un sistema político más competitivo entre partidos grandes y muy consolidados que respetan los resultados electorales.

Esta combinación de factores, esta cultura política e institucional, también influye en el ambiente privado: los riesgos de corrupción son bajos para, por ejemplo, las empresas multinacionales que van a hacer negocios a Uruguay.

—Casos como el de Astesiano o el de la ministra Moreira, ¿pueden erosionar esas fortalezas?

—No son casos tan grandes como el Lava Jato, que tuvo implicancias significativas en la percepción de riesgo. Son casos de pequeña escala que recibieron mucha cobertura mediática, pero de hecho no involucraron millones de reales desviados, nada de eso. Sí son una señal de alerta, a ver qué sucede en los próximos años y si casos de este tipo se hacen más frecuentes o si nada más fueron casos puntuales que atrajeron más atención. En la mirada global, las implicancias en el entorno institucional no fueron significativas porque la respuesta fue rápida: Astesiano fue encarcelado y la ministra dejó su cargo. Las respuestas fueron más rápidas que en Brasil, por ejemplo.

—Uruguay tendrá elecciones en 2024. ¿Cuál debería ser la actitud de la ciudadanía frente al tema de la corrupción?

—Es algo que habrá que monitorear: si el sentimiento anticorrupción vuelve a tomar la posición central en la campaña o si otros tópicos, como la economía o la seguridad, tienen más prioridad. Diría que la corrupción estará entre los tres principales asuntos en el próximo ciclo electoral.