Centro Militar celebra “feliz coincidencia” con Manini Ríos por defensa de “viejos camaradas presos”: “Somos todos lo mismo”

“Manini dijo casi lo mismo que nosotros —sin haber coordinado nada— y que (José) Mujica hace 10 años: que en varios de los procesamientos hay más venganza que intentos de justicia”, dijo a Búsqueda el titular del Centro Militar. Como candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Mujica dijo en 2009 que “la Justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”. Y ya presidente, completó: “Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años... Pero no solo los militares, ningún preso a esa edad”.

“Que salga a decir lo mismo Cabildo, el Centro Militar y el Círculo Militar significa que nuestro sentir es idéntico... Cabildo representa a la familia militar… Somos todo lo mismo”, afirmó Silva.

“Cabildo es la culminación de una posición favorable de la población uruguaya hacia las Fuerzas Armadas”, opinó el coronel retirado. Marcó diferencias entre ese partido y sus socios blancos y colorados. Porque estos “no quieren comprometerse en estos temas y tratan de esquivar la defensa de viejos camaradas que llevan más tiempo presos que los terroristas”. Para Silva, “las nuevas autoridades se tienen que jugar un poquito, ¿no? Dar vuelta la página, liberar a los viejos y dejarse de jorobar”.

El coronel retirado sostuvo que la militar es una de las instituciones de mayor prestigio en la opinión pública y su aceptación se traduce en la nutrida presencia de militares en el gobierno, “como no sucedía desde hace mucho tiempo”.

Cargos uniformados

Después de un general jefe de Estado —el colorado Óscar Gestido, en 1967— y tres candidatos a la presidencia —Liber Seregni, Óscar Aguerrondo y Juan Pedro Ribas, en 1971—, la presencia de los militares en la política, descontando la dictadura, ha sido escasa en las últimas décadas. Hugo Medina fue el último militar que ocupó un alto cargo en los gobiernos democráticos como ministro de Defensa (1987-1990). Pero con la creación de Cabildo Abierto, hace un año, el panorama cambió.

Pocos generales han tenido tanta ascendencia como Manini Ríos, ya no solo en el Ejército —donde llegó a comandante en jefe en 2015—, sino en todas las fuerzas, con un perfil más alto que el de sus antecesores y con declaraciones incendiarias que le significaron desde un arresto a rigor de 30 días hasta el cese del cargo.

Y de la mano de Manini Ríos, CA se convirtió en medio año en la cuarta fuerza política, ganando espacios en el Parlamento —tres senadores, 11 diputados— y en el gobierno, al frente de varios ministerios y con decenas de excamaradas de armas ocupando cargos de responsabilidad pública.

En el Ministerio de Salud Pública (MSP), que encabeza Daniel Salinas (CA), cerca de una decena de funcionarios provienen de Sanidad Militar y del Hospital Militar. El coronel (R) Anibal Trujillo, que estuvo en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, pasó a ocupar la Dirección General de Coordinación del MSP. A su vez, el coronel (R) Pablo Picabea es el subdirector de la Dirección de Fiscalización (unidad que aún no existe), mientras el coronel (R) Juan E. Machado está al frente de Recursos Humanos. En la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el coronel (R) Enrique Montagno integra el directorio como vocal.

Asimismo, la ministra de Vivienda, Irene Moreira —dirigente de CA y esposa de Manini Ríos— designó a varios militares retirados: el director general de Vivienda es el coronel Gabriel Albornoz; Norbertino Suárez, otro militar retirado, director de Ordenamiento Territorial; y el teniente coronel Gonzalo Reissig, jefe de Gabinete. El teniente coronel (R) Nelson Gianoni es jefe del Departamento de Comunicación de la Agencia Nacional de Vivienda, y el coronel (R) Rody Macías, coordinador del Plan Juntos.

En el Ministerio de Defensa Nacional, además del subsecretario, el coronel retirado Rivera Elgue (CA), otros exuniformados ocupan cargos, algunos designados por el Partido Nacional (PN) y otros afines a CA. El coronel (R) Gustavo Figueredo, director de Recursos Humanos; Milton Machado, director nacional de Pasos de Frontera, y Alejandro Bordagorri, director de Formación Militar.

La lista es extensa y abarca otras dependencias, caso del coronel (R) Rafael Navarrine, al frente de la Agencia Nacional de Correos.

Legisladores del gobierno observan con “preocupación y atención” estas designaciones y el relacionamiento en general con CA, por su “estilo de conducción”, dijeron a Búsqueda fuentes del Partido Nacional. Es un grupo “cerrado” y “desconfiado”, propenso a las “teorías conspirativas”.

Entrevistada por El País, Moreira aseguró que CA “no ha puesto solo a militares” en cargos de confianza. Y razonó: “Siempre que hay alguien en un cargo, hay otro que lo aspira (se ríe). Tú tenés esa lapicera y a mí se me antoja la misma, aunque tengo 10 acá”.

A semanas de lanzarse a la política, Manini Ríos dijo a Galería que “el militar tiene una formación diferente que la del político, toda una vida ejecutando y hablando poco es la característica más del militar. A veces, para dedicarse a la política como que hay que vencer determinadas barreras, determinados usos y costumbres. Es un tema para pensarlo”.

El tuitero, el hacker y el derivado

El principal revuelo político se produjo el martes 14, cuando Manini Ríos aprovechó la sesión parlamentaria y dijo: “¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”. Y dedicó buena parte de su intervención a criticar el procesamiento de un militar retirado de 75 años, en un fallo judicial que para él no tiene fundamento ni pruebas, y a explicar que ese malestar se extiende a otros oficiales presos de edad avanzada, lo que considera una práctica usual.

Dos días después el canciller Ernesto Talvi deslizó por Twitter: “Las sentencias de los jueces podrán gustarnos o no, pero el respeto a los jueces y a sus sentencias es garantía de la convivencia democrática. Sin Justicia no hay República”.

Esa misma noche, el subsecretario de Defensa y mano derecha de Manini Ríos lanzó desde su cuenta una serie de tuits sin morderse la lengua. El primero fue dirigido a Talvi: “Ministro puede explicar qué garantía democrática, ofrece la sentencia de un juez, que mantuvo tres años presos a un inocente, mayor de 70 años, por tener los ojos azules? Identificar ese accionar con la República, es propio de la corrección política que sustenta ese relato falaz” (sic).

Sus tuits fueron a más. Tocó el turno del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien también había escrito que “la independencia y el respeto a las decisiones del Poder Judicial es una de las columnas vertebrales del sistema político”. En la cuenta de Elgue se llegó a leer: “Cuando pueda rebatir uno solo de los atropellos denunciados por Manini, avise. Su caudal electoral lo tiene mareado”. Sobre la medianoche, dejó de tuitear. Más tarde borró los mensajes contra los ministros y advirtió que su cuenta había sido hackeada. Al otro día, Elgue dio una nueva versión. Dijo que los mensajes salieron de uno de sus dispositivos, pero que él no los envió, que fue una “persona cercana”, de su confianza, quien tuiteó, y que asumiría la responsabilidad de los hechos.

El ministro Javier García se comunicó con Elgue, que le explicó lo sucedido. Se disculpó con los ministros aludidos en los mensajes y zanjó el tema restringiendo su cuenta en Twitter.

Empero, en filas de la coalición multicolor siguieron las suspicacias. El senador Sebastián da Silva (Partido Nacional) ironizó sobre el caso con un tuit: “Lo divertido es que el hacker, el hackeado, el que deriva sus redes, y el que es derivado y tuitea piensan igual”. Al rato, el legislador eliminó el mensaje de la red social.

Para el Poder Ejecutivo urgía cambiar el foco y dar por concluido el incidente, también fogoneado desde el Frente Amplio. Por la noche, el presidente Luis Lacalle Pou dijo en conferencia que cada uno es libre de opinar, y aclaró: “Nos basamos en los dictámenes de la Justicia y así vamos a seguir adelante”.