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    Cepal señala que podrían precisarse medidas de apoyo hasta el 2022

    Al presentar ayer miércoles 21 un informe sobre el panorama fiscal en la región, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, reconoció la importancia de algunas de las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo ante la crisis por el Covid-19.

    Informó que los países de la región realizaron “esfuerzos muy importantes para mitigar los efectos sociales y productivos” de la pandemia mediante gasto público equivalente a 4,6% del Producto Bruto Interno (PBI), en promedio. A eso se agregan otros 2,5% del PBI en garantías estatales para créditos.

    “En 2021 ya están anunciados 1,2% del PBI en gastos de emergencia”, señaló la funcionaria de la Cepal.

    Según dijo en su disertación, la persistencia de la pandemia y la “fragilidad del proceso de recuperación económica” en América Latina “hacen necesaria la extensión de estas medidas en 2021 y quizás en 2022”.

    Analizó: “No hay duda que la política fiscal jugó un papel muy importante para mitigar el impacto de la pandemia”, aunque el “esfuerzo” fue “variable” según el tamaño de las economías y el alcance de los sistemas de protección social de cada país. Mencionó como ejemplo que Uruguay y Costa Rica, que cuentan con “sistemas más amplios, no tienen que invertir tanto como los que tienen sistemas más fraccionados”. También incluyó a Uruguay entre los países que ofrecieron garantías estatales por montos “muy importantes”, en apoyo al sector productivo.

    Según Bárcena, para sostener el gasto en esta crisis la región deberá “fortalecer los ingresos públicos” eliminando la evasión, reducir exoneraciones, aumentar los impuestos a la renta y a la propiedad, así como implementar tributos ambientales. Discutir un impuesto mínimo a las ganancias de las corporaciones multinacionales, en debate por estos días, debería ser parte de la agenda, sostuvo.

    Desde el otro lado, se debe “repensar” el gasto público como “instrumento de desarrollo” transformador, a partir de nuevos “pactos políticos” y fiscales que permita “cerrar las brechas de desigualdad”.

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