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Los problemas con las certificaciones médicas ante el Banco de Previsión Social (BPS) vienen de hace tiempo. En el período de gobierno anterior hubo intentos para buscar cortar con ciertas discrecionalidades. Pero las licencias por enfermedad siguieron siendo un rubro importante de gasto para ese instituto.
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El programa del sector Todos, del hoy presidente Luis Lacalle Pou, también aludió al tema y planteó realizar un rediseño del “sistema de certificaciones médicas con el objetivo de volverlo no solo más ágil, sino que brinde mayores garantías a los distintos sectores involucrados”.
Con la mira puesta en ese objetivo, el nuevo directorio del BPS realizó una auditoría interna que abarcó el período enero de 2018 a diciembre de 2019. En ese lapso, hubo 1.199.000 trabajadores cotizantes, 522.618 se certificaron al menos una vez (casi uno de cada dos).
Los prestadores de salud son los que más certificaciones dieron (1.975.812). Otras 11.700 fueron canalizadas desde el Banco de Seguros del Estado —que tiene el monopolio de las pólizas por enfermedad— y 52.301 fueron certificaciones hechas por el propio BPS.
La auditoría halló que los profesionales que realizaron la mayor cantidad de certificaciones eran directores técnicos de mutualistas y directores de prestadores de salud, y no quien hizo el acto médico.
Además, en 96.085 certificaciones no se logró identificar el número del profesional responsable, y en 64.407 casos tampoco se pudo acceder a la cédula de identidad de los médicos. De un total de 13.623 médicos que realizaron certificaciones se verificaron situaciones en los que certificaron a afiliados de más de 20 prestadores de salud distintos.
La cantidad de días de la certificación fue otro asunto analizado; actualmente, no hay un parámetro o guía estimado de recuperación para cada patología. Las dos para las que se otorgaron más certificaciones fueron colitis y gastroenteritis no infecciosas, así como lumbago con ciática, con entre uno y 30 días de licencia médica, según la auditoría. Al respecto, el BPS se propone “establecer criterios uniformes” para “racionalizar los subsidios por enfermedad e incapacidad laboral”.
De las 52.301 certificaciones que procesó el propio BPS, 3.384 que ya habían sido ingresadas las denegó por algún motivo. En las 48.917 restantes se identificaron una serie de inconsistencias, como períodos de licencia médica sin una patología asociada o sin establecer la fecha del acto médico. En otros casos se observó que la fecha de comienzo de la certificación era posterior a la del acto médico.
El presidente del BPS, Hugo Odizzio, dijo el martes 8 en Telenoche de Canal 4 que la auditoría reveló un “uso abusivo” de las certificaciones médicas y aseguró que seguirán trabajando para detectar irregularidades. Consultado por Búsqueda, el jerarca dijo que el organismo generará acuerdos de funcionamiento con prestadores de salud para optimizar los reportes de las patologías e implementará herramientas tecnológicas que permitan “codificar mejor las enfermedades” y detectar “situaciones de fraude”.
El titular del BPS cuestionó que un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2017, que fue publicado en la página web del BPS, expresaba que no existe “ningún indicio de presencia de riesgo moral o uso abusivo del subsidio, al menos en relación con la superposición con días de vacaciones escolares o cercanías con el fin de semana”. Para Odizzio, “la Cepal no estuvo muy feliz en su evaluación: 63 páginas para llegar a esa conclusión, y nosotros en dos meses nos dimos cuenta de que lo que todo el mundo suponía era lo que estaba ocurriendo”.
