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La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de cerrar 20 juzgados de Paz en distintas localidades del país —debido a su poca actividad y a la necesidad de ahorrar recursos— provocó tales reacciones críticas que a los pocos días la medida fue suspendida. La Corte informó que tomó la decisión ante las “posturas publicitadas por diferentes actores institucionales” y con el fin de abrir un ámbito de negociación” para obtener recursos.
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No obstante esa explicación, en el Parlamento la semana pasada el presidente de la Corte, Tabaré Sosa, aportó otros detalles sobre lo sucedido. Según dijo, los ministros de la corporación habían acordado suprimir, por el momento, solo cuatro juzgados. La situación del resto de las sedes sería evaluada y resuelta de forma progresiva por la Dirección General del Poder Judicial (PJ).
Pero luego, por su “responsabilidad exclusiva” se incluyeron “equivocadamente” 20 juzgados de Paz en la acordada, narró Sosa. “Lamentablemente, tales errores de los que este presidente se hace cargo exclusivo fueron advertidos luego de la publicación, lo que generó las conocidas consecuencias”. Ese error ”no tiene que afectar los muy prudentes criterios que desde siempre ha tenido la Corte para el manejo de las sedes de Paz del interior”, añadió.
“Mendicidad”
Durante la comparecencia en la comisión del Senado que discute el proyecto de Rendición de Cuentas, el director general de Servicios Administrativos del PJ, Marcelo Pesce, fue enfático en la necesidad de contar con mayores recursos. “El Poder Judicial funciona con $ 655.000.000 por año”, subrayó Pesce, lo que incluye informática, alquileres, seguridad, insumos. Y aunque aclaró que las comparaciones “son odiosas”, señaló que el presupuesto “solamente” de informática del Ministerio de Economía es de $ 242.000.000.
“Desde 2005 no ha habido partida de ningún tipo, a excepción de las del nuevo CPP”, afirmó Pesce. “¿Cómo funcionaba el Poder Judicial todos estos años? Bueno, todos los años íbamos al Ministerio de Economía y Finanzas, y después de una ronda de mendicidad —discúlpenme la expresión, pero era literalmente una ronda de mendicidad—, se nos daban los créditos que nos hacían falta”, contó. “El 90% de nuestro tiempo en la administración es ver cómo ahorrar, cómo bajar costos, cómo devolver un alquiler, cómo bajar una limpieza. ¿Esa es una forma digna de funcionamiento de un poder del Estado? Yo creo que la respuesta es obvia para todos”.